España

Sánchez promete en la UE el desmantelamiento de las centrales españolas de carbón a cambio del rescate

Ha avalado la recepción del dinero con sus promesas medioambientales, entre ellas el desmantelamiento de estas plantas

El presidente del Gobierno acaba de prometer la creación de 800.000 empleos en base a los 140.000 millones que asegura que recibirá España de manos de la UE en forma de rescate. Pero Pedro Sánchez ha explicado menos que parte de esa pretendida recepción de fondos ha venido avalada por un plan: el presentado ante la UE en el mes de mayo y que promete el fin de las centrales de carbón en España.

El Gobierno ha hablado largo y tendido de las bases del uso de ese dinero. Unos pilares centrados en el avance de la digitalización; la transición ecológica; la rehabilitación de viviendas para hacerlas más sostenibles y eficaces en términos medioambientales; o el desarrollo del coche eléctrico. Pero ha hablado menos de las condiciones para recibir todas las inversiones relacionadas con motivos ecológicos.

Esas condiciones fueron negociadas en la UE en el mes de mayo como un compromiso más etéreo. Un compromiso basado en la mera promesa del cumplimiento sin que hubiese un castigo en caso incumplimiento.
Pero ahora se han unido los dos planes: el de recibir el rescate y el de las condiciones asumidas por el Gobierno español como requisitos para ingresar efectivamente el dinero. Porque Pedro Sánchez ha avalado la recepción del dinero con sus promesas medioambientales: y entre ellas figura el desmantelamiento de las centrales de carbón de España, algo que celebrará Alemania, que ha vuelto a impulsar esta fuente de energía.

En mayo ya se acordó que el 37% de las inversiones que hicieran los países con los fondos que percibieran de la UE deberían estar relacionadas con la lucha contra el cambio climático y la defensa del medio ambiente.

El Gobierno de Pedro Sánchez reconoce ya que esos compromisos le atan ahora para poder recibir buena parte del rescate. Y que, por lo tanto, deberá poner en marcha en gran medida el denominado Plan Nacional Integrado de Energía y Clima remitido a Bruselas el pasado mes de mayo.

Este plan, sin embargo, no tuvo en cuenta en ningún momento la pandemia de coronavirus, porque, aunque fue entregado en mayo, fue elaborado antes de la aparición del COVID. El proyecto incluye la plena descarbonización de la economía española hasta 2030. Pedro Sánchez, no contento con ello, ha reconocido ya que el rescate europeo servirá para anticipar a 2023 las metas intermedias previstas en ese plan, con lo que el desmantelamiento de las centrales de carbón se acelerará a cambio de ese dinero europeo.

El plan, que cuenta ya con el aprobado del Consejo de Ministros, establece que un 42% del consumo energético español debe ser de origen renovable. Y ello implica el cierre de las centrales de carbón, el veto a los motores con emisión de dióxido de carbono en 2040 y el impulso al coche eléctrico con un importe de mil millones hasta 2025.

Los puntos concretos del plan son, en primer lugar, la reducción de los gases de efecto invernadero. Se compromete una reducción en 2030 del 21% de este tipo de gases respecto a los niveles de 1990.

En segundo lugar, se recoge la reducción específica de emisiones en el sector eléctrico. En 2030, según el plan, deben haberse reducido un 69% las emisiones de gases de efecto invernadero de este sector respecto al nivel actual.

En tercer lugar figura el desarrollo de las renovables. Para 2030, se prevé que el 42% de todo el consumo final de energía sea renovable. Para el sector eléctrico, ese porcentaje se eleva al 74% de toda la electricidad producida, que deberá ser, por lo tanto, generada con tecnología renovable.

El carbón figura como cuarto pilar. En estos momentos representa cerca del 15% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero en España. Y en 2030, Sánchez se ha comprometido a que no exista ni una central de este estilo abierta. La nuclear también se han incluido en ese listado de tareas. Y, pese a que no produce emisiones de gases de efecto invernadero, el plan enviado por el Gobierno a Bruselas contempla el cierre de las cinco centrales actuales entre 2025 y 2035.