El Parlamento debatirá una nueva fiscalización de RTVE sobre los contratos de los últimos 4 años

La Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las relaciones con el Tribunal de Cuentas debate este jueves una petición de Unidos Podemos en la que se reclama un informe de fiscalización específico de la contratación de personal en el ente público RTVE en el periodo comprendido entre los años 2014 a 2018, ambos incluidos.

Esta solicitud, según explica el grupo confederal en el texto registrado, se realiza en «aras de la necesaria exigencia de transparencia en la gestión de la Corporación pública».

La iniciativa, recogida por Europa Press, apunta que el informe del Tribunal de Cuentas deberá contener el número total de contratos realizados en el periodo indicado, su ubicación geográfica y orgánica, la justificación de su necesidad o si se respetaron los protocolos respecto al orden de prelación en el Banco de Datos interno.

Unidos Podemos también quiere saber cuántos de estos contratos han finalizado como indefinidos por sentencia judicial y con qué categoría laboral, así como los criterios técnicos y económicos seguidos por la corporación para efectuar esos contratos.

Era Rajoy

El periodo que los de Pablo Iglesias llaman a fiscalizar coincide básicamente con el mandato del líder ‘popular’ Mariano Rajoy, aunque si se incluyen los contratos gestionados en todo este año, también se fiscalizarían los cambios realizados por la actual administradora única de RTVE, Rosa María Mateo, que llegó a su puesto el pasado septiembre.

Esta petición se uniría a la petición de fiscalización que la misma comisión hizo a finales del pasado mes de octubre sobre el coste de implantación del decreto ley para la renovación urgente del Consejo de RTVE, aprobado por el Ejecutivo en el mes de junio y que, precisamente, llevó a Mateo a dirigir la Corporación. En este caso, PSOE y Unidos Podemos se mostraron en contra de la medida.

La petición fue consecuencia de una enmienda que el PP incluyó entre sus propuestas al Informe de fiscalización de la producción propia de la Corporación de RTVE en los ejercicios entre 2014 y 2016. En el texto, también se reclama la fiscalización de costes de despido e indemnizaciones, situación del personal destituido y posibles incompatibilidades derivadas de procesos de ajuste de plantilla realizados anteriormente.