Llarena precisa que «la incapacidad legal» de acudir al Parlament es de los encarcelados, no de los huidos

El juez del Tribunal Pablo Llarena precisa en el auto que ha dictado hoy –por el que deja en manos de la Mesa del Parlamento catalán que Junqueras, Sánchez y Forn puedan delegar su voto–, que la «incapacidad legal» de acudir al Parlamento catalán es de los encarcelados «que no otros», en referencia a Carles Puigdemont y los otro cuatro exconsejeros huidos de la Justicia española en Bélgica.

En su auto, el magistrado que instruye la causa del ‘procés’ declara la «incapacidad legal» de los investigados para asistir físicamente a la sesiones del Parlamento catalán pero dice que si ellos solicitan delegar su voto en otro diputado deben dirigirse a la Mesa de la Cámara regional, que será la que autorice el procedimiento correspondiente mientras persista la situación de prisión provisional.

El magistrado instructor menciona en su auto el artículo 93.1 del Reglamento del Parlamento catalán que recoge los supuestos en los que los parlamentarios pueden delegar el voto en caso de ausencia. Entre estos figuran baja por paternidad o maternidad, supuestos de hospitalización, enfermedad grave o «incapacidad prolongada debidamente acreditadas».

Llarena se ampara en este último punto matizando que lo que se aprecia en el caso de Junqueras, Forn y Sànchez es una «incapacidad legal prolongada» para asistir a los debates y votaciones del Pleno, debido a su situación de prisión provisional decretada por la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela que empezó instruyendo la causa de la deriva soberanista.

Sin embargo, en el mismo auto incluye una precisión en referencia a los huidos, aunque sin citarlos expresamente ya que les cita como «otros», para dejar claro que esta posibilidad de delegar el voto les afecta a los que están en una «incapacidad legal» de acudir al Parlamento catalán, como es el hecho estar en prisión por orden judicial.

Así, expone que «se aprecia una incapacidad legal de que los investigados en situación de prisión preventiva –que no otros–, puedan ejercer su derecho de representación de manera prologada e indefinida».

Deniega la posibilidad de voto telemático

El instructor dice en su auto que le compete a él resolver «el concreto conflicto de intereses constitucionales» y por ello les reconoce la posibilidad de delegar su voto, aunque precisa que este procedimiento se tiene que llevar a cabo a través de la Mesa del Parlament, si bien con expresa exclusión judicial del voto telemático.

«De este modo, ponderando la adecuada protección de los intereses constitucionales en conflicto en la manera que se ha expuesto, se aprecia una incapacidad legal de que los investigados en situación de prisión preventiva –que no otros–, puedan ejercer su derecho de representación de manera prologada e indefinida», expone el magistrado, sin especificar qué otros investigados en la causa quedan exentos de aplicarles esta medida.

Estos tres acusados, junto con el líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, son los únicos investigados en la causa que permanecen en prisión por los delitos de rebelión, sedición y malversación. El magistrado acordó el pasado 4 de diciembre la libertad de seis exconsejeros catalanes bajo el pago de fianza de 100.000 euros mientras que los otros cuatro restantes y el expresidente catalán Carles Puigdemont continúan huidos en Bruselas.

Niega el traslado de cárcel a Junqueras

Por otro lado, Llarena rechaza el traslado de Junqueras desde la prisión de Estremera a otro centro penitenciario «sin perjuicio de que tal reclamación pueda ser cursada a la autoridad penitenciaria competente». Adopta esta decisión teniendo en cuenta por un lado que no ha acatado «cuantas órdenes judiciales se les han dirigido» y por otro, por «llamar masivamente a la violencia».

Así ha respondido Llarena al escrito que presentó hace unos días el líder de ERC pidiendo la «autorización para el traslado urgente» de cárcel y «permisos de salida o excarcelación» para asistir a las sesiones de constitución y de investidura del Parlament en condición de diputado electo y poder cumplir con sus «funciones políticas esenciales».

Le recuerda que se decretó prisión provisional para evitar el riesgo de una reiteración delictiva que venía marcada, precisamente, por su cargo de ‘número dos’ del ejecutivo catalán y por la posibilidad de que su liderazgo volviera a manifestarse con movilizaciones ciudadanas colectivas violentas y enfrentadas al marco