España

Iglesias exige a Sánchez una renovación a su medida del Poder Judicial para tapar la ‘caja B’ de Podemos

El PSOE está empeñado en lograr el apoyo del PP para la renovación del Poder Judicial, en estos momentos con mayoría conservadora. Pero este empecinamiento no es exclusivo de los socialistas: Pablo Iglesias ha exigido oficialmente a Pedro Sánchez un cambio urgente de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con el fin de introducir afines a la formación morada y poder interferir, de este modo, en la causa abierta por la ‘caja B’ de Podemos.

El PP no está por la labor de ofrecer apoyo a la renovación del Poder Judicial, tal y como ha publicado OKDIARIO. Y los hombres de Pablo Casado disfrutan de una mayoría de bloqueo que puede impedir la entrada de nuevos vocales en el CGPJ. Pero Podemos ha elevado la apuesta ante el nerviosismo reinante en sus filas por el avance del caso que apunta a una ‘contabilidad B’ dentro del partido, tal y como ha denunciado ya el ex responsable jurídico de la formación morada, José Manuel Calvente.

Por todo ello, el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que haga todo lo posible por intentar convencer a los ‘populares’ como sea, con el único fin de intentar controlar y manipular ese proceso judicial en el que el propio partido morado se encuentra ya imputado.

Podemos, de hecho, puso ya en marcha a mediados de agosto una campaña de ataques para desacreditar al titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, que investiga la corrupción del partido que dirige Pablo Iglesias.

Imputación de Podemos

Tras tomar declaración al abogado José Manuel Calvente (al que Podemos despidió con una falsa acusación de acoso sexual para intentar silenciarle, como ha acreditado la Justicia), el juez decidió imputar a Podemos como persona jurídica; al responsable de sus campañas electorales, Juanma del Olmo; al tesorero Daniel Frutos y a la gerente del partido, Rocío Val.

A través del panfleto que dirige Dina Bousselham, ex asesora de Pablo Iglesias, Podemos señaló en aquel momento que el juez Escalonilla utiliza métodos propios de la «Alemania nazi» en su investigación sobre la financiación ilegal del partido morado.

Una semana después de que el juez imputara a Podemos por los presuntos delitos de malversación y administración desleal, el panfleto de Dina publicó ese artículo en el que afirmaba, además, que Escalonilla está llevando a cabo una «investigación prospectiva» prohibida por el ordenamiento jurídico español y «vinculada al denominado Derecho Penal de autor, que no persigue hechos o actos delictivos concretos sino personas u organizaciones concretas, que convierte en sospechosas por ser quienes son».

Y a continuación puntualizaba, en referencia a la actuación del juez Escalonilla: «El Derecho Penal de autor es incompatible con el principio de legalidad penal y con la seguridad jurídica y está vinculado sobre todo a la Alemania nazi pero también a la España franquista, por lo que en las democracias está prohibido terminantemente, al menos en teoría».

Fracaso

Pese a las presiones, la petición de Iglesias parece destinada a tener escaso éxito. Tal y como ha publicado este diario, y confirmado más tarde el propio Pablo Casado, el PP no va a entregar un cheque en blanco al Partido Socialista en la renovación del Poder Judicial. Y tampoco está dispuesto a apoyar los Presupuestos.

El líder del PP está dispuesto a aceptar una negociación sobre la renovación de los miembros del Tribunal Constitucional debido a que el calendario exige esos nombramientos. Pero eso no implicará que los miembros del Consejo General del Poder Judicial sean pactados con el PSOE si Pedro Sánchez no acepta previamente una despolitización de todos esos cargos. Y el PP exige en ese punto una modificación completa del sistema de designación de los cargos que comandan la profesión judicial.

Casado quiere que el modelo retorne a la esencia constitucional, donde la mayoría de esos cargos era determinada por los propios jueces. Y eso choca directamente con el deseo de Iglesias de controlar los nombramientos para manipular los procesos judiciales y, en especial, los abiertos contra su partido. Ese modelo lo sepultó el PSOE en 1985 cuando decidió que eran las Cámaras legislativas las que tenían el peso decisorio en la elección de los vocales del CGPJ.

El Consejo es el órgano de gobierno y ascenso de los jueces: el que decide quién ocupa los puestos en los tribunales clave, y ese organismo, tal y como defiende el PP, no puede tener influencia política. Éste será el mensaje que lleven los ‘populares’ a una pretendida negociación ofrecida por Pedro Sánchez al partido de Pablo Casado para renovar los órganos judiciales.

El Consejo General del Poder Judicial se encuentra en funciones desde diciembre de 2018. Los vocales actuales fueron nombrados en 2013, cuando gobernaba el PP.