Juicio al 'procés'

‘Observadores’ internacionales a sueldo en el referéndum ilegal

El coste de los "observadores" internacionales presuntamente invitados por la Generalitat de Cataluña, para verificar la jornada de referéndum ilegal del 1-O, ascendió a un total de 550.000 euros.

‘Observadores’ internacionales a sueldo en el referéndum ilegal
Los 'observadores' internacionales han declarado en el Tribunal Supremo

Sin ánimo de anticipar el valor probatorio que dará el tribunal a la práctica de ambas testificales, si algo se desliza de las declaraciones de los ‘observadores’ internacionales citados hoy, es la duda razonable sembrada sobre su pretendida neutralidad.

El uno, Bernhard von Grünberg, por sus contactos previos y más que evidente familiaridad, con los líderes independentistas sentados en el banquillo y los que no lo están; la otra, Helena Catt, tras su contratación profesional por el consorcio de la diplomacia pública de la Generalitat, el ‘Diplocat’, para la confección de un presunto «informe académico» sobre la realidad socio-política de Cataluña durante los meses previos a la celebración del referéndum ilegal.

Por contextualizar, Bernhard «Félix» von Grünberg es a la política alemana lo que Ada Colau a la española. El presidente de una plataforma germana de arrendadores que, con tales credenciales, comparece ante el tribunal para asegurar que «no era observador venido para verificar resultados electorales». Jamás había participado antes en ningún referéndum «de estas características», la cosa promete; pero, aún así, viajó a Cataluña corriendo con todos los gastos «a título personal» y «únicamente movido» por el interés de conocer en directo «lo que estaba sucediendo en España».

Comprensible su elevado grado de curiosidad dado que un escenario similar habría sido absolutamente impensable en Alemania. ¿Se imaginan a los ciudadanos de aquel país cometiendo delitos contra el Estado?. ¿Qué pasaría si un länder convocase una consulta ilegal para independizarse?. Pese a las constantes lecciones de democracia internacional que tantos nos reclaman, resulta que la ley germana es infinitamente más estricta con respecto a la autonomía y competencias de sus regiones, de lo que lo es España con sus comunidades y los enemigos del Estado que en algunas de ellas habitan. Una Deutchland pragmática concede tan escaso recorrido a los partidos de corte independentista, como nulo alcance a sus aspiraciones políticas.

Von Grünberg sabía que el referéndum «muy legal» no era y que había sido anulado por el Tribunal Constitucional

Von Grünberg, que ha testificado a petición de la defensa del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, llegó Cataluña un par de días antes del referéndum del 1-O donde presenció lo ocurrido en varios centros electorales. Asistió a la convocatoria «sin partidismo» y «manteniendo siempre mi objetividad», reivindica con insistencia. Una pretendida neutralidad que queda en tela de juicio tras desprenderse, de sus respuestas al interrogatorio de la acusación popular, que mantuvo contactos previos con todos los presidentes de Cataluña, desde Pujol hasta Puigdemont; así como con la propia Carme Forcadell, en su calidad de presidenta del Parlament; y, Raül Romeva, por aquel entonces consejero de Exteriores de la Generalitat. De todo ello existen, además, innumerables pruebas gráficas.

El testigo conocía que el referéndum era una consulta vinculante para la posterior declaración unilateral de independencia y, también, que había sido previamente anulado por el Tribunal Constitucional, porque lo había leído «en la prensa alemana y conocido por otras fuentes». Que muy legal aquello no era. Aunque matiza enseguida: «Resultó claramente palpable que se trataba de una votación organizada por la propia sociedad civil», donde destacó la serenidad de los votantes a pesar de la «situación de intimidación y amenaza» policial constante. «No hubo una actitud violenta o agresiva» de los ciudadanos «sino una admirable disciplina férrea en las llamadas a la tranquilidad y a la calma», asevera.

Helena Catt fue contratada por ‘Diplocat’ que le abonó, en concepto de honorarios, un mínimo de 8.000 euros

Así lo percibió durante aquel día, en las visitas con su grupo de ‘observación’ a varios centros electorales, acompañado por un colaborador de ‘Diplocat’, que les asesoraba, si bien ha precisado que este organismo -el mismo que contrató a tiempo completo a la segunda testigo, Helena Catt, a quien abonó, como mínimo, 8.800 euros por los servicios prestados – nunca les facilitó ninguna lista cerrada de colegios. Actuaron «con total libertad», en la elección de las escuelas, bajo la única premisa de la «máxima sencillez del itinerario».

Ya sobre el terreno de los hechos concretos, en la Ramon Llull de Barcelona, Von Grünberg fue testigo de cómo los agentes «irrumpieron en el local rompiendo las puertas», que habían sido previamente bloqueadas por dentro, «y escalando las vallas», estratégicamente dispuestas para evitar la actuación policial. Mientras, en otro centro próximo vio «pelotas de goma» y observó a ciudadanos, «heridos» por esos proyectiles, comentar su intención de ser trasladados a centros hospitalarios, en ambulancias que nunca llegaron. Como tampoco existieron, siempre según su versión, policías lesionados y vaya si hubo varios. Claro que, posteriormente, se reconoce incapaz de distinguir la nomenclatura y uniformidad de los diferentes cuerpos policiales que coexisten como fuerzas del orden en España. Mal vamos.

El alegato político-jurídico frustrado

Von Grünberg era muy amigo de Willy Brandt -icónico dirigente del Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) en el que milita- cuando se inició en política, allá por los años 70, mientras Brandt y sus colegas ya participaban en el «proceso de democratización de España». Se refiere a la Transición. Willy Brandt, que en realidad se llamaba Herbert Ernst Karl Frahm, fue un político socialdemócrata alemán, próximo a la izquierda española, que colaboró con el PSOE, en 1978, para redactar nuestra actual Constitución.

El alemán evoca a Brandt y declama con tono épico: «Mi deseo es que se encuentre un consenso democrático para solucionar el problema» de Cataluña. Una vez más, el conato de alegato político es rápida y eficazmente frustrado por el presidente del tribunal, el magistrado Marchena:»Deje claro al testigo que está citado para contar lo que vio, no su valoración política», pide al intérprete que le traduzca.

Los testigos «están citados para contar lo que vieron» recuerda Marchena a las defensas. No interesan, ni permite el tribunal, valoraciones políticas. Lecciones jurídicas, ni una.

Lo intenta entonces Von Grünberg por la vía jurídica. En su opinión, «como dijo la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein y otros tribunales», no existen los delitos de los que se acusa a los procesados y se está «abusando de la Justicia» para hacer política. La misma línea prospectada, poco después, por Catt con sus valoraciones sobre la «violación de derechos humanos» que su equipo detectó el 1-O y ella, sin salir aquel día de su despacho, reflejó en el informe contratado por ‘Diplocat’.

Hasta ahí podíamos llegar. «Esto no se puede consentir», reprende Marchena al abogado que la interrogaba, Benet Salellas. «Señor letrado: está suplantando el papel de este tribunal y no vamos a permitirlo», abunda. ¿Se imaginan a un abogado español presentando a Rufián o Colau, pongamos por caso, como testigos ante la Corte Suprema alemana para instruirla sobre vulneración de derechos fundamentales?. Pues, veintitrés sesiones después, así estamos. 

 

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