No sólo ‘Antza’: la Audiencia revisa 65 asesinatos de ETA para imputar a 34 ex jefes de la banda

La imputación del ex jefe de ETA Mikel Albisu Iriarte, más conocido como Mikel Antza, por el asesinato del concejal del PP en San Sebastián Gregorio Ordóñez en 1995, ha puesto de los nervios al colectivo de presos etarras. La decisión de la Audiencia Nacional de reabrir el caso y citar a Antza, que declarará el próximo 21 de diciembre, se basa en el conocimiento y la autorización que, como jefe de ETA, tuvo que dar antes de ese asesinato. Una providencia que abre la puerta a reabrir otros casos desde el mismo prisma. La Audiencia ya analiza una lista de 65 crímenes sin resolver por los que podrían sentarse frente al juez una treintena de ex responsables de la banda terrorista. Entre ellos, Josu Ternera.

El listado, elaborado por la asociación Dignidad y Justicia que dirige Daniel Portero, se encuentra en manos de la Audiencia Nacional y también fue entregado a la comisión especial de eurodiputados que el pasado mes de noviembre visitó España para conocer los motivos por los que aún hay 377 crímenes sin resolver de ETA. El 44% de las víctimas de la banda no sabe quién mató a su familiar. Fue precisamente Portero quien llevó en 2016 esta petición de una misión especial ante la comisión de Peticiones de la Eurocámara que, por cierto, salió adelante sin el apoyo del PSOE.

El documento, al que ha tenido acceso OKDIARIO, incluye una extensa correlación de asesinatos cometidos por la banda desde 1990 y los responsables de ETA que estaban al frente de su comité ejecutivo en cada momento. El ZUBA, como llamaban internamente a este órgano de dirección. Sus miembros asistían a las reuniones en las que se decidía si matar o no a ciertos objetivos y se analizaban los aspectos estratégicos de cada asesinato.

De esa manera, la lista incluye a todos los jefes del aparato político, del militar (jefes de comandos), del logístico, de las redes internacionales y los tesoreros. Estos últimos también son claves en el proceso, ya que eran quienes daban la voz de alarma ante el comité ejecutivo si algún empresario decidía no pagar el llamado impuesto revolucionario. En ese caso, el tesorero era quien les ponía en la diana.

Lesa humanidad

Los asesinatos, según el Código Penal español, prescriben pasados 20 años. De esa forma, si el autor o autores (materiales e intelectuales) consiguen pasar desapercibidos durante esas dos décadas, la responsabilidad por su crimen queda exenta de castigo penal. A la Justicia sólo le queda la posibilidad de esclarecer el crimen y resarcir a las víctimas de algún modo satisfaciendo su «derecho a la verdad».

Sin embargo, la Justicia ha abierto otra puerta diferente para intentar evitar que una buena parte de esos 377 asesinatos sin resolver queden impunes: la figura del crimen de lesa humanidad no prescribe.

La lesa humanidad se refiere a aquellos asesinatos «especialmente atroces y de carácter inhumano» que se han cometido como parte de un «ataque generalizado o sistemático contra una población civil» buscando «aplicar las políticas de un Estado o una organización». Una figura que encaja como un guante para describir lo que ha ocurrido durante décadas en España con el terrorismo de ETA, sus métodos y sus motivaciones.

Este nuevo enfoque abre la puerta a juzgar esos 65 asesinatos bajo la figura de la lesa humanidad, que podría aplicarse a buena parte de esos 35 líderes de ETA que sabían y dieron luz verde a la ejecución de los atentados.

Los que dieron la orden

La Audiencia Nacional maneja esa lista de seis folios con esa treintena de dirigentes de ETA a quienes se les podría buscar acomodo en el delito de lesa humanidad. Los «autores tras el autor», como los define Dignidad y Justicia en base a su «presunta autoría mediata por dominio de la organización» tipificado en el artículo 28 del Código Penal.

Entre ellos hay nombres históricos de la banda, cuya huella vieron tras decenas de muertes los investigadores de la Guardia Civil y la Policía Nacional pero que nunca pudieron conectar con el escenario del crimen o los autores materiales. Principalmente por la negativa de los etarras a colaborar para señalar a quienes fueron sus jefes en la banda, un blindaje que ninguno de los presos ha osado romper jamás ante un tribunal.

La lista incluye a algunos ex dirigentes que están libres y otros que siguen presos. Etarras como Jesús Aracruz Arana, Josu de Mondragon; Francisco Múgica Garmendia, Pakito; José María Arregui Erostabe, Fiti; José Luis Álvarez Santacristina, Txelis; Joseba Urrutikoetxea, Josu Ternera; Julián Achurra Egurrola, Pototo; Soledad Iparraguirre, Anboto; José Javier Arizcuren Ruiz, Kantauri; Javier García Gaztelu, Txapote; Garikoitz Aspiazu Rubina, Txeroki, o Mikel Kabikoitz Carrera, Ata. También incluye a Francisco Javier López Peña, Thierry, que falleció de un derrame cerebral en 2013. Esa lista se conforma con algunos de los nombres más sangrientos de la historia criminal de la banda y responsables últimos de muertes como la de Miguel Ángel Blanco, Gregorio Ordóñez, Francisco Tomás y Valiente, Ernest Lluch, Fernando Múgica o Fernando Buesa.

Antza, el primero

La lista ya ha empezado a correr. La Audiencia Nacional ha citado a declarar como investigado al ex jefe de ETA Mikel Albisu Iriarte (conocido como Mikel Antza), por el asesinato del concejal del Partido Popular en San Sebastián Gregorio Ordoñez. Antza ocupaba la dirección operativa de la banda terrorista cuando un encapuchado entró al restaurante en el que almorzaba Ordóñez y le pegó un tiro en la cabeza el 23 de enero de 1995. El juez asume su «presunta responsabilidad en la toma de decisiones».

«Dada cuenta para cumplir con lo ordenado en el auto de prórroga de la instrucción se acuerda oír en declaración, en calidad de investigado con asistencia letrada a Miker Albisu Iriarte», advierte la providencia emitida esta semana por el Juzgado de Instrucción Número 1 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es el juez Alejandro Abascal.

El texto de la providencia cita a Mikel Antza para el próximo 21 de diciembre, a las 10:30 horas. La declaración se realizará a través de videoconferencia desde los juzgados de San Sebastián. En la Guardia Civil y en la Policía Nacional esperan que sea la primera de una larga lista de citaciones.