Moncloa protege la empresa española que proveyó los test defectuosos a Sanidad
Los periodistas han hecho una decena de preguntas a través del chat de Moncloa que el responsable de comunicación ha vetado para que los portavoces no tengan que responder.
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En las última horas, tras conocer el escándalo de los test defectuosos adquiridos por el Gobierno, los periodistas han realizado decenas de preguntas al ejecutivo para conocer el nombre de la empresa española que proveyó de esos tests al ministerio de Sanidad.
Pese a la insistencia de los profesionales de varios medios, a través del chat que la Secretaria de Estado de Comunicación usa para las ruedas de prensa telemáticas, su responsable, Miguel Ángel Oliver, no ha transmitido ni una de esas preguntas a los portavoces del ejecutivo. Ni a Salvador Illa, ni a Fernando Simón, ni a Fernando Grande-Marlaska, ni a José Luís Ábalos, ni a María Jesús Montero. Silencio.
Moncloa, por alguna razón que se desconoce, protege la identidad de la empresa que medió entre el Gobierno y el fabricante chino. España compró unos 650.000 kits de pruebas de detección que no son fiables, según ha reconocido Illa, a una empresa que al parecer no tenía todas las homologaciones.
El Gobierno sostiene que solo llegaron 9.000 de esos tests y que al comprobar que no eran válidos se devolvieron y se anuló la llegada del resto de partidas. Todo mientras Pedro Sánchez aseguraba, el sábado, que ya habían llegado esos test, que eran homologados, y que se estaban usando con toda normalidad. Falso. Ni han llegado ni llegarán esta semana.
El ministro, que se ha negado una vez más a revelar el nombre del proveedor, asegura que se trata de una empresa con la que trabaja habitualmente su departamento. Pese a ese error inexplicable y que retrasa la realización de tests rápidos Illa no ha querido confirmar si continuarán trabajando con esa empresa.
La empresa española que se encargaba de suministrar el material al ministerio de Sanidad, que hasta ahora centralizaba la compra y distribución de todo los productos sanitarios, es el principal contacto con el Gobierno Sánchez en la adquisición de material durante esta crisis. Ahora es Hacienda, con la médico María Jesús Montero al frente, quien se encarga de las compras.
El ministerio que dirige Salvador Illa acudió a esta empresa de distribución española para que se encargase de buscar, en el mercado internacional, un fabricante capaz de entregar a nuestro país la cantidad de pruebas PCR necesarias para detectar el número de casos.
La opacidad del ejecutivo con esta cuestión no es nuevo durante las últimas semanas. Pese a reivindicar «transparencia» en la información que deben ofrecer lo cierto es que esconden gran parte de las cuestiones espinosas que no quieren que trasciendan a la opinión pública o bien quieren acallarlas. Un buen ejemplo son las multitud de preguntas sobre el efecto del 8M o la cuarentena de Iglesias a varios de los ministros.
En el formato de las ruedas de prensa telemáticas, donde el máximo responsable de la comunicación de Moncloa filtra y selecciona las preguntas, se impide que los comunicadores puedan preguntar y repreguntar libremente lo que quieran. Esta modalidad de comparecencias ha provocado ya varias quejas de los informadores habituales de la información gubernamental.
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