Moncloa desata un conflicto constitucional por el hantavirus: cercena la autonomía canaria retorciendo una ley sobre naufragios

Siempre ligado a estos supuestos, que no a emergencias sanitario-infecciosas como la que se da con el Hondius, la misma ley indica que el director general de la Marina Mercante «adoptará la decisión que estime pertinente sobre la acogida de buques necesitados de asistencia en lugares de refugio, pudiendo imponerla, si considera que tal acogida es la mejor solución para la protección de la vida humana y el medio ambiente marino». Eso sí, en la misma disposición se indica que, también por criterios de seguridad, deberá impedirse la acogida de buques –»se denegará o condicionará»– si permitiendo que la embarcación llegue a un puerto español se puede poner en peligro «la seguridad e integridad de las personas, de los buques, del tráfico marítimo y del medio ambiente marino».

Al filo de la medianoche del sábado al domingo, Fernando Clavijo anunció que, a la vista de los planes del Gobierno de Sánchez, la Administración autonómica canaria iba a denegar el fondeo del Hondius en el puerto tinerfeño de Granadilla y que, por tanto, iba a paralizar el desembarco de los ocupantes del crucero. Clavijo, que lleva días denunciando cómo el Gobierno está ninguneando al Ejecutivo autonómico en esta crisis del hantavirus, ha dicho que se iba a denegar el fondeo del Hondius dado que Moncloa ya no garantizaba que la evacuación del barco y el posterior traslado de todos sus ocupantes se fuera a hacer en el plazo máximo de 24 horas. Según ha destacado Clavijo, hacerlo en no más de 24 horas es imprescindible para contener el riesgo sanitario para la isla de Tenerife y, además, resulta viable si existiera una coordinación adecuada del dispositivo de evacuación aérea a Madrid –en el caso de los pasajeros españoles del crucero– y a los respectivos países de origen del resto de viajeros del crucero. Visto que el Gobierno de Sánchez no garantiza que todo ese dispositivo se realizara en 24 horas como máximo, el presidente de Canarias ha anunciado que se denegaba la autorización de fondeo del crucero en el puerto de Granadilla, en aplicación de las competencias autonómicas que tiene asumidas el Ejecutivo canario.

Pero nada más que Clavijo ha dicho eso, Moncloa ha contraatacado con una disposición administrativa que pisa por completo la autonomía de Canarias y la autoridad del presidente de esta comunidad echando mano de esa ley estatal pensada para casos de naufragios.

El enredo desatado por Moncloa por este asunto es un conflicto constitucional, dado que es la Constitución la que preserva y garantiza el engranaje competencial entre el Estado y las comunidades autónomas. Y dado, también, que los estatutos de autonomía son leyes orgánicas y, por tanto, de máximo rango y de sustrato constitucional, como piezas esenciales del Estado de las Autonomías.

A la vista de lo sucedido, Clavijo podría abrir un litigio de constitucionalidad. Pero a hechos consumados, porque cuando llegue la resolución ya estará sustanciada esa operación forzosa desplegada por Moncloa en contra de la autonomía canaria. Y, además, dada la actual composición del Tribunal Constitucional, convertido por el sanchismo en un dique de contención para dar carta de naturaleza a sus intereses político-partidistas, parece poco probable que esa instancia acabara censurando la acción de Moncloa.