«Por experiencia propia las mujeres somos las que más tiempo le hemos dedicado a pensar cómo el conjunto de la sociedad puede ser una mejor sociedad que respete más los derechos humanos y sea más igualitaria», añadió Montero.

Pero esa desigualdad no se queda en los altos cargos. También, como se indica, en los efectivos del departamento.

La ministra, además, se rodea de mujeres en su núcleo más directo, como Noelia Vera, secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género; Boti García, directora general de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI, o Antonia Morillas, directora del Instituto de las Mujeres.

Polémica

Precisamente, entre las múltiples polémicas que rodean el Ministerio está el revés por la discriminación de género en sus contratos.

El pasado noviembre, como avanzó El Confidencial, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales tumbó un contrato de Igualdad para cubrir los servicios del 016 que exigía que el personal adscrito fueran mujeres. El importe de dicho contrato ascendía a 7,8 millones de euros, con una duración de 5 años.

En sus cláusulas se explicaba que la empresa adjudicataria debía aportar 15 operadoras, ocho psicólogas o trabajadoras sociales y ocho asesoras legales. Sin embargo, se añadía una condición: 31 de los 33 puestos tenían que ser obligatoriamente cubiertos por mujeres.

Como reveló OKDIARIO, el Ministerio defendió ante el Congreso que en sus contratos existiese la discriminación por razón de género porque «diversos textos normativos y recomendaciones promueven que las víctimas de delitos, como las de violencia de género, sean atendidas, informadas y asesoradas por personas del mismo sexo».

Finalmente, el tribunal concluyó que «los defectos del pliego impugnados constituyen causas de nulidad de pleno derecho (…) por cuanto implican una vulneración de derechos fundamentales» y, asimismo, vulnera «nuestro orden constitucional», lo que implicaba que los pliegos de la contratación fuesen «nulos de pleno derecho». En consecuencia, el Ministerio tuvo que volver a sacar a licitación el contrato anulado.