Marlaska quiere controlar la Guardia Civil: impulsa una norma para colocar a dedo a 908 agentes
Los puestos que ahora pretende que sean de libre designación se elegían por mérito o antigüedad
La asociación mayoritaria advierte que o da marcha atrás y los reduce considerablemente o llevará la norma ante la Justicia
Esta polémica reforma también establece un tiempo máximo de destino para los oficiales y suboficiales
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, pretende controlar la Guardia Civil: ha impulsado una norma para colocar a dedo nada menos que a 908 agentes. Esta reforma legal supone el mayor traspaso de destinos a designación directa en una sola tacada en la historia de la Benemérita. Y se produce en pleno escándalo por las purgas en la Unidad Central Operativa (UCO) que investiga la Audiencia Nacional en relación con el caso de las cloacas del PSOE.
Dichos puestos eran elegidos hasta ahora por mérito o antigüedad. Con esta reforma legal, aumenta de forma considerable los que pasarán a ser de libre designación, aquellos donde la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, escoge a la persona que considera más idónea sin tener que justificar la decisión.
Esta medida es un arma de doble filo, ya que quien es designado a dedo, también puede ser removido del puesto, sin motivarse, si se atreve a discrepar o poner por escrito lo que no funciona. Ante esto, la directora puede alegar simplemente pérdida de confianza, apartándolo y sacando a concurso la vacante.
Marlaska quiere aplicar la designación a dedo en puestos de lo más variopinto. Por ejemplo, a los encargados de dar obras sin licitación y de comprar el material de Tráfico.
Se trata de un proyecto de orden ministerial para modificar la orden INT/26/2021, de 15 de enero, por la que se establecen las normas específicas para la clasificación y provisión de destinos en la Guardia Civil. Una iniciativa que OKDIARIO informó en exclusiva en julio de 2025.
El propio Ministerio ha revelado ahora la cifra total de puestos que va a elegir a dedo. Lo ha hecho durante la audiencia pública de la norma, que ha tenido lugar del 3 al 21 de agosto. En concreto, en la memoria del análisis de impacto normativo.
Desoye al Consejo de Europa
El ministro del Interior pretende llevar a cabo este proyecto, pese a que el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) del Consejo de Europa lleva años exigiendo al Instituto Armado que reduzca los puestos de libre designación, la última vez el pasado verano. De hecho, tras el varapalo del Consejo de Europa, Marlaska ha tenido el cuajo de sumar todavía más puestos a dedo al listado, entre ellos el de los jefes del Destacamento Fiscal y Fronteras.
A pesar de los llamamientos del Consejo de Estado, la libre designación en la Guardia Civil no ha dejado de crecer en los últimos años. En 2013 había 5.025 destinos discrecionales tras una gran reforma que los redujo; en 2020 ya eran 7.091, y en 2022 superaban los 10.600.
Hasta el momento, Marlaska ha sacado adelante la iniciativa sorteando todos los obstáculos puestos por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la mayoritaria, en el grupo de trabajo de destinos. El pasado 11 de junio, fue llevada a Pleno, donde obtuvo luz verde, ya que tenía la última palabra la directora de la Benemérita.
La AUGC ha presentado ahora una batería de alegaciones durante la audiencia pública, para intentar tumbarla o, al menos, que se reduzcan en su mayoría.
Tiempo máximo de destino
Dicho proyecto de orden también establece un tiempo máximo de destino para los oficiales y suboficiales. Una situación que también combate la AUGC, denunciando que «supondrá un quebranto absoluto para las familias».
Hasta ahora, algunos guardias civiles que ascendían se trasladaban con la familia al lugar de destino y dejaban de lado más aspiraciones de ascenso para no andar desplazando a los suyos. Sin embargo, con esta normativa, aunque no asciendan, perderán igualmente el destino cuando lleguen a 10 años los suboficiales y 12 los oficiales. En consecuencia, tendrán que dejar a su familia en el lugar de residencia actual o sus familiares dejar sus puestos de trabajo y amistades para seguirlo al nuevo destino.
El siguiente paso de la tramitación del proyecto será que los distintos ministerios afectados emitan sus respectivos informes, y finalmente el Consejo de Estado, cuyos dictámenes sí pueden forzar al Ministerio a acometer cambios en el texto.
De aprobarse la norma en los términos actuales, la asociación mayoritaria de guardias civiles la recurrirá ante la Justicia.
Genera servilismo
La AUGC denuncia que este «aumento indiscriminado de los puestos de libre designación favorece el servilismo y el silenciamiento de quienes no responden al criterio del mando de turno». Por ello, rechaza este modelo y exige que los destinos en la Guardia Civil se rijan por «la objetividad, la transparencia y el mérito, no por la confianza política».
«Este sistema, mal aplicado, fomenta el servilismo y la dependencia jerárquica, en detrimento de la objetividad y la meritocracia que deben regir en cualquier institución pública», señala a OKDIARIO Eugenio Nemiña Suárez, responsable jurídico de la AUGC, así como vocal del Consejo de la Guardia Civil y de la Comisión de Riesgos Laborales.
Además, señala que la libre designación no sólo supone que el mando de turno destine a quien quiera, sino que también sea cesado cuando le dé la gana sin motivarlo. «Por ello, la gente que está así no abre la boca ni protesta por nada porque sabe que, como lo haga, lo mandan a su casa y ponen a otro», apunta Nemiña.
Según informa, «esto ocurrió con varios agentes de la UCO de Málaga que solicitaron que se les contasen todas las horas que trabajaban y lo que hicieron fue cesarlos por pérdida de confianza».
El Ministerio del Interior justifica ampliar los puestos a dedo alegando que son cargos de responsabilidad, confianza, reserva de la información que maneja, idoneidad técnica y apoyo al mando. La AUGC replica a esto que «si los motivos que da la administración fueran válidos, el Cuerpo entero tendría que ser de libre designación, ya que todo agente maneja información reservada, todo guardia civil necesita cualificación y a todos se les exige fiabilidad».
Los puestos a dedo
Los puestos de libre designación que Marlaska pretende van desde el personal de la caja pagadora central de la Dirección General, al de la Unidad de Gestión de Pagos y Tesorería, al jefe del Departamento de Logística y Apoyo del Servicio de Telecomunicaciones, el personal del servicio de criminalística, de la unidad de música, de los gabinetes de Psicología y la Unidad Nacional de Escoltas de Seguridad en Vuelo.
También quiere elegir a dedo los puestos de la Unidad Central de Análisis e Investigación Fiscal y de Fronteras, la Sección Primera del Servicio de Recursos Humanos-Destinos, la Oficina de Proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación y Calidad del Servicio de Material Móvil, así como al personal de la Oficina de Relaciones Informativas y Sociales y de la Sección de Seguridad de Mallorca.
Asimismo, lo persigue con los integrantes de la secretaría de la Jefatura de Personal, de los gabinetes de orientación educativa, de la Unidad del Deporte, de la Escuela de Criminalística, la Oficina Central Nacional de Protección de Datos, de la Unidad de Seguimiento y Evaluación, las unidades de Protección de la Naturaleza de Comandancia, las de Investigación de Seguridad Vial, de las Intervenciones de Armas y Explosivos de la organización periférica, y del almacén central del servicio de abastecimiento.
También quiere nombrar a dedo a los agentes de la Unidad de Desarrollo y Talento, de las Comandancias de Ceuta y Melilla y de sus unidades dependientes, la Unidad de Formación y Doctrina del Servicio Marítimo, los de empleo de teniente coronel de las Planas Mayores de Zona de la organización periférica y los de empleo de teniente coronel en la Jefatura de la Agrupación de Tráfico, incluidas sus áreas de operaciones, Recursos Humanos y recursos materiales.
Igualmente, los de empleo de teniente coronel de las Jefaturas del Mando de Apoyo, de teniente coronel de los servicios de abastecimiento, armamento y equipamiento policial, material móvil, estadística, informática, telecomunicaciones, contratación, gestión económica y gestión energética. Y los de teniente coronel del Servicio de Protección y Seguridad, del Servicio de Retribuciones, del comandante de la Unidad Central Operativa de Defensa Nuclear, Radiológica, Biológica y Química y los de oficial, suboficial y cabo del Destacamento de Inspección Pesquera.
A ellos se suman, tras la última reforma, los jefes del Destacamento Fiscal y Fronteras, los puestos del Servicio de Evaluación, la Secretaría Permanente del Consejo Superior de la Guardia Civil, del Servicio de Prevención, y las secciones y oficinas de prevención.
Las alegaciones de la AUGC
La asociación mayoritaria de guardias civiles denuncia que esta medida de engordar los puestos de libre designación «contraviene el carácter excepcional que la ley y la jurisprudencia reservan a esta forma de provisión».
Además, subraya que la clasificación propuesta «adolece del vicio que el Tribunal Supremo censura, como es una motivación descriptiva y estandarizada que no acredita respecto a cada puesto, por qué su naturaleza impide la provisión de concurso por méritos, sistema ordinario que mejor garantiza los principios de igualdad, mérito y capacidad».
Alude así a las sentencias de la Sala Tercera número 5.433/2007, de 16 de julio (recurso 1792/2004), 1.198/2019, de 19 de septiembre (recurso 2740/2017) y 424/2023, de 29 de marzo (recurso 8.411/2021).
La AUGC pide la retirada del bloque que traslada a libre designación puestos que ya existían y se cubrían por concurso, lo que afecta a 56 plazas.
Además, señala que 212 plazas de prevención de riesgos laborales pasan a designación directa, y que son precisamente los técnicos cuyo trabajo consiste en decirle al mando que una instalación no es segura, que un procedimiento expone al personal o que hay que parar una actividad.
«Convertirlos en personal removible a voluntad de ese mismo mando o que les impida ocupar el puesto no refuerza la prevención, la desactiva», apunta Nemiña, destacando que la legislación de prevención protege a quien ejerce esas funciones frente a perjuicios derivados de ejercerlas, y que «esta orden va en dirección contraria».
También serán elegidos a dedo 16 auxiliares de los gabinetes de psicología y dos plazas de la unidad que analiza el absentismo y la incapacidad laboral. La AUGC indica que este personal maneja datos de salud de los agentes y detecta situaciones de riesgo y que «justo por eso deberían estar blindados frente a la discrecionalidad, no expuestos a ella».
Asimismo, la reforma afecta a 31 plazas de gobierno interior de la Benemérita, como son los encargados de la electricidad, la climatización, el agua y el gas de las instalaciones. «Un trabajo imprescindible, pero nadie ha explicado por qué reparar una avería exige la confianza personal del mando y no una acreditación técnica valorada en un baremo», critica la asociación mayoritaria, sentenciando que «cuando casi mil puestos dependen de una relación de confianza personal, lo que se está construyendo no es una organización más eficaz, sino más silenciosa».
Investigaciones como el caso cuarteles, sobre irregularidades en las contrataciones de obras y que se ha saldado con el general de apoyo de la Guardia Civil imputado, se podrían evitar contando con personal formado que no tuviese miedo a informar de lo que ve para no perder el destino.
También un reciente caso en Valencia en el que han sido encausados 14 individuos por sobrecostes y otras irregularidades en contratos de obras públicas para el mantenimiento y reforma de instalaciones de la Guardia Civil en la Comunidad Valenciana entre 2018 y 2022.
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