Marlaska admite que activó los «recursos extraordinarios» cuando Puigdemont ya se había fugado

El Ministerio del Interior, que dirige Fernando Grande-Marlaska, ha admitido que activó los «recursos de operativos y de Inteligencia» de la Policía Nacional y la Guardia Civil, cuando el ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont ya se había fugado. Así reza el informe remitido por Interior al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena.

A través de una nota de prensa, la cartera que encabeza Marlaska ha explicado que «una vez conocida la fuga de Puigdemont, el pasado jueves, el Ministerio del Interior impartió instrucciones al jefe superior de Policía y al general jefe de Zona de la Guardia Civil». Esas indicaciones, tal y como expresa Interior en su comunicado, se realizaron «a través del delegado del Gobierno de Cataluña». El objetivo era que «se activasen los recursos operativos y de Inteligencia extraordinarios de ambos cuerpos» para «localizar y proceder a la detención» de Puigdemont. Pese a ello, el dirigente separatista logró cruzar la frontera y llegar a su residencia de Waterloo (Bélgica).

«Se estableció un refuerzo de la vigilancia de puertos y aeropuertos de la Comunidad de Cataluña, y se dispusieron dispositivos operativos en ciertas vías públicas, en especial aquellas que conducen o están próximas a la frontera con Francia», afirma Interior. En todo caso, aclara que «las vías de alta capacidad quedaron bajo la responsabilidad de los Mossos». «Estos dispositivos actuaron hasta las 24 horas del sábado 10 de agosto», detalla.

Interior se lava las manos

Además, Interior evita cualquier responsabilidad en la fuga del ex presidente catalán. En el escrito, el ministerio de Marlaska niega que los Mossos d’Esquadra requirieran de la Policía Nacional o la Guardia Civil para atrapar al político en su fuga. «Los Mossos son la Policía integral de Cataluña», se excusa Interior.

Igualmente, da a conocer que «desde los días previos al 8 de agosto», cuando Puigdemont reapareció ante sus simpatizantes en Barcelona, «la Policía Nacional y Guardia Civil mantuvieron activados los controles en fronteras, puertos y aeropuertos y en el conjunto de Cataluña». En concreto, se ahonda en que se pusieron en marcha estos dispositivos «sobre todo en la ciudad y área de influencia metropolitana de Barcelona».

Sin embargo, desde esta cartera defienden que no se desplegaron «operativos paralelos para detener» a Puigdemont porque la Policía catalana tiene «competencia y capacidades operativas» como «Policía integral en Cataluña». Además, señala que los Mossos contaban con un «dispositivo específico» para arrestar al líder de Junts a su entrada en Barcelona, donde dio un mitin el pasado jueves y tras el cual consiguió huir de nuevo sin ser arrestado, aunque pesaba sobre él una orden de detención.

Desde Interior aclaran que se «ofreció a la Policía de la Generalitat cualquier apoyo operativo por parte de Policía Nacional y de Guardia Civil que precisase». El informe recoge que, a pesar de ello, pasó el tiempo «sin que fuesen requeridos tales apoyos más allá de los habituales prestados a través de la mesa de coordinación operativa y de intercambio de información e inteligencia».

Petición de Llarena

El juez Llarena pidió el pasado viernes, 9 de agosto, un informe a los Mossos d’Esquadra y al Ministerio del Interior sobre el fallido operativo para detener a Puigdemont. El magistrado solicitó, en dos providencias, los aspectos técnicos policiales de este dispositivo. Un operativo que se había puesto en marcha para detener al ex presidente de la Generalitat pero que, a pesar de saberse la hora en la que éste iba a comparecer en Barcelona, no dio resultado.

«Habiendo tenido conocimiento de que el procesado en rebeldía, Carles Puigdemont, estuvo presente en el día de ayer en la ciudad de Barcelona y que protagonizó un acto público en las inmediaciones del Parlament de Cataluña, habiendo logrado evadirse a su terminación y eludir la orden de detención emitida contra él, ofíciese al Cuerpo de Mossos d’Esquadra para que informe sobre cuál era el operativo aprobado y dispuesto para su detención; sobre los elementos que determinaron su fracaso desde un aspecto técnico policial; así como de los agentes responsables del diseño del operativo, de los responsables de su aprobación, y de aquellos a los que se encomendó su ejecución o despliegue operativo», puede leerse en la providencia que Llarena envió a Interior y a los Mossos.