Marlaska se inventa una medalla para premiar a los policías y guardias civiles que él, y sólo él, decida

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha encargado la creación de una nueva condecoración otorgada por su departamento. Se denomina Orden del Mérito a la Seguridad, y su concesión será decidida unilateral y discrecionalmente por el ministro a aquellos policías, guardias civiles y personas ajenas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Asunto que ya ha generado polémica por la concesión de medallas a comisarios afines. La Audiencia Nacional ha anulado las medallas concedidas por Marlaska a policías jubilados en los últimos cuatro años.

La medalla, explica Interior en su proyecto, podrá concederse «a personas físicas o jurídicas y a entidades sin personalidad jurídica de nacionalidad española o extranjera». Se estipula que el día de su imposición será, como norma general, cada 6 de diciembre, Día de la Constitución. Se espera que la primera edición se produzca en 2025.

La medalla tendrá varias modalidades: la Gran Cruz, Cruz de Oro, Cruz de Plata y Placa. Pero, sin duda, lo más significativo es el procedimiento de concesión: «Serán otorgadas mediante orden de la persona titular del Ministerio del Interior», incide el proyecto consultado por OKDIARIO.

«El procedimiento de concesión se iniciará siempre de oficio por la persona titular del Ministerio del Interior, que ordenará la tramitación del procedimiento de concesión», insiste el documento.

De esa manera, será el propio Marlaska quien pueda decidir a quién se le otorga este reconocimiento, abriendo la puerta a polémicas como las ya existentes en Policía Nacional y Guardia Civil con la concesión de medallas pensionadas a comisarios afines -algunos incluso jubilados-.

«Reconocimientos públicos»

Argumenta Interior que «los deberes a los que aluden la Constitución y las leyes pueden ser cumplidos de modo obligatorio, o también pueden ser asumidos voluntariamente incluso superando el nivel de exigencia, lo que pone de relieve la necesidad de establecer reconocimientos públicos de las acciones meritorias realizadas por quienes, con independencia de los imperativos legales, intervienen en acciones relacionadas con la seguridad pública».

Entre los posibles beneficiarios de esta nueva condecoración, los documentos de Interior incluyen a aquellos relacionados con «ámbitos como el relativo a emergencias y protección civil, la administración penitenciaria, el tráfico y la seguridad vial u otros, que tienen una indudable conexión con el mantenimiento de la tranquilidad u orden ciudadanos».

Medallas de Marlaska anuladas

El pasado mes de junio, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sufrió una nueva derrota judicial tras la decisión de la Audiencia Nacional de anular las medallas de plata concedidas en 2023 a seis comisarios jubilados de la Policía Nacional. Ésta fue la cuarta ocasión en la que la justicia revocó este tipo de reconocimientos, alegando la falta de fundamentos legales para su otorgamiento. La sentencia más reciente, en relación con las medallas entregadas en 2022, había sido emitida el mes anterior.

Los sindicatos Jupol, UFP y CEP, que impulsaron la demanda, argumentaron que la Dirección General de la Policía había incumplido los requisitos necesarios para conceder estas distinciones, que además incluían un aumento del 20% en el sueldo base de los comisarios beneficiados, unos 300 euros adicionales al mes.

El tribunal central número 9 de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional determinó que las medallas de plata no cumplían las condiciones estipuladas por la ley, la cual establece que, en función de la trayectoria profesional, sólo corresponde otorgar la Cruz al Mérito Policial. Entre los galardonados estaban altos cargos como Juan José Campesino, Julio Casal Jiménez, Cirilo Durán Reguero, Gonzalo Espino Cruz, Pedro Luis Melida Lledo y Alfonso Navarro López.

Los sindicatos celebraron la resolución judicial y criticaron el uso indebido de las medallas como un complemento para las pensiones de jubilación de los altos cargos policiales. Desde Jupol expresaron su esperanza de que esta sentencia sirva como punto final para esta práctica por parte del Ministerio del Interior.