El marido de la ministra de Igualdad tiene el aval del sector de izquierdas para ser vocal del CGPJ

• Segundo Sanz @SegundoSanz
• Investigación e información parlamentaria
• • 04/12/2023 06:45
  • Actualizado: 04/12/2023 08:03

El marido de la nueva ministra de Igualdad, la socialista Ana Redondo, tiene el aval del sector de izquierdas para ser vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en su próxima renovación. El juez Ignacio Martín Verona forma parte de la lista de medio centenar de jueces y magistrados remitida en su día por el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo a los presidentes del Congreso y del Senado para la elección de los 12 que les corresponden.

Estos candidatos reunieron veinticinco avales de miembros de la carrera judicial en servicio activo o el aval de una asociación de jueces. En el caso de Martín Verona, actualmente integrante de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valladolid, fue avalado por la asociación Juezas y Jueces para la Democracia, exponente del sector de izquierdas. 

Este juez asistió el pasado 21 de noviembre a la toma de posesión de su esposa, Ana Redondo, en el Ministerio de Igualdad, donde la saliente Irene Montero cedió la cartera a esta doctora en Derecho Constitucional, ex concejal del Ayuntamiento de Valladolid y mano derecha del ex alcalde de esta ciudad, el hoy ministro de Transportes, Óscar Puente.

Recientemente, el juez Martín Verona publicó un artículo de opinión en el que se posicionó a favor de la Ley de Amnistía que ha registrado en el Congreso de los Diputados el PSOE de Pedro Sánchez para perdonar los delitos a los encausados del 1-O, en base al acuerdo de investidura alcanzado con ERC y Junts.

Así, el marido de la nueva ministra de Igualdad escribió el pasado octubre para eldiario.es un artículo titulado Activismo político y amnistía, en el que sostiene que «como jueces, no deberíamos olvidar que una ley sólo es inconstitucional cuando lo declara así el Tribunal Constitucional, para lo cual la Ley Orgánica arbitra diversos mecanismos de control, alguno de los cuales está a disposición de los que aplicamos el ordenamiento jurídico, como es la cuestión de inconstitucionalidad».

Asimismo, en línea con el argumentario de Moncloa y Ferraz y con la exposición de motivos de la proposición de ley socialista, Martín Verona considera que «ningún precepto de nuestra Carta Magna se refiere a la amnistía, que quedó apartada del debate por decisión de los constituyentes, lo que no conlleva necesariamente una sanción de inconstitucionalidad», subraya en dicha reflexión.

Y añade: «No parece, pues, tan evidente que una ley de amnistía sea inconstitucional, al menos hasta que el Tribunal Constitucional, una vez aprobada, lo declare así, de vulnerarse algún Derecho Fundamental o si desatendiese la finalidad de lograr la concordia entre españoles que debe justificarla».

«No agitar la convivencia»

Entretanto, concluye el juez, «a los jueces ordinarios nos incumbe respetar las reglas del juego democrático reflejado en los procedimientos legislativos mediante los que se fragua la voluntad popular. Y no agitar la convivencia con nuestros prejuicios personales, tan irrelevantes como estériles, aunque se profieran amparados en la autoridad que confiere usar toga en el trabajo», apostilla.

Desde la oposición, el portavoz parlamentario del PP en el Congreso, Miguel Tellado, declaró el pasado viernes que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, «no dice la verdad» cuando éste afirma que quiere renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ya que, remarcó Tellado, lo que quiere el líder socialista es «controlarlo» como ha hecho con el Tribunal Constitucional y «con todas las instancias», sentenció.