Carmena remunicipaliza un servicio que obliga a contratar a 240 nuevos empleados públicos

El Ayuntamiento de Madrid ha remunicipalizado el servicio de atención presencial de la empresa de consulta ciudadana, Línea Madrid, con la creación de 240 plazas públicas nuevas. El equipo de Manuela Carmena ampliará la plantilla pública hasta casi duplicarla mediante la licitación del nuevo pliego del contrato, aprobado la semana pasada en Junta de Gobierno.

La intención del gobierno municipal es evitar la destrucción de empleo manteniendo el apoyo de personal de la empresa en el canal telefónico 010 y en la atención telemática, ya que ahora se incorporarán gestiones y trámites a través de las redes sociales y mensajería instantánea.

Con el nuevo pliego, el servicio de atención presencial en las 26 oficinas de Línea Madrid lo prestarán únicamente los trabajadores públicos, para lo que se crearán las 240 plazas nuevas. Actualmente, en las oficinas trabajan 260 funcionarios. Al comienzo del contrato habrá 56 plazas más procedentes de un ‘equipo volante’, que no tiene asignada una oficina concreta sino que trabajará donde haga más falta.

«Es engordar la plantilla»

Desde el Grupo Popular han transmitido a OKDIARIO que este tipo de medidas son contrarias a la actuación del PP porque suponen «engordar la plantilla pública a base de licitaciones y no creemos que sea la mejor forma», han explicado.

«Puede ser ilegal»

La portavoz de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Silvia Saavedra, ha considerado que el nuevo contrato de apoyo a la gestión de la atención a la ciudadanía de Línea Madrid «puede ser declarado ilegal» y «da falsas esperanzas».

«Creemos que influye demasiado en el ámbito laboral, por eso tenemos miedo a este contrato», ha indicado Saavedra, quien ha considerado, sin embargo, que es «positivo» porque cuenta con un «novedoso mecanismo de control» que son los Pactos de Integridad.

La concejal ha explicado que estos pactos «suponen que personal, civil y público controla el contrato y hay que tener en cuenta que los contratos públicos son una fuente muy importante de corrupción y cuando mayor sea la vigilancia y el control, menos corrupción y menos colusión habrá».

En cuanto al contenido, ha opinado que «da falsas esperanzas porque hay muchas cláusulas que pueden ser ilegales como respetar los máximos salarios de un convenio colectivo». En este punto, ha afirmado que hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del 17 de junio de 2017 que declara «ilegal respetar los salarios de un convenio».