La Ley de Movilidad, 2 meses en vigor y Puente sin el «protocolo público» que exige sobre las incidencias
El ministro tiene hasta el 5 de febrero para presentar un “plan de choque” a la crisis ferroviaria
Óscar Puente, ministro de Transportes, no ha cumplido todavía con la Ley de Movilidad Sostenible. Una norma que, entre otros cometidos, le obliga a presentar un «protocolo público» que analice cada una de las incidencias de la infraestructura ferroviaria que hay en España. Casi dos meses más tarde de su aprobación, el ministro ratifica su incumplimiento con la iniciativa que su propio Ejecutivo secundó.
Es de hecho una enmienda del Partido Popular la que se ha convertido en el mayor quebradero de cabeza del Gobierno. Más concretamente, del propio ministro Puente. Se trata de la disposición adicional trigésima de la norma mediante la cual se obliga por Ley a los de Sánchez a crear, en un plazo máximo de dos meses, un protocolo que analice las incidencias existentes en la red.
Según recoge el texto, dicho protocolo debe definir el análisis de todas las incidencias «que provoquen más de 20 minutos de retraso en un trayecto ferroviario». También debe contener «la información recopilada de la operadora, maquinista, responsable de circulación y técnicos, identificando las causas y elaborándose una propuesta de medidas correctivas por técnicos competentes en la materia».
La norma señala que también deben quedar recogidas «las causas» así como las «medidas correctivas» que pretende implementar el Gobierno y que, posteriormente, se deben publicar «en un plazo inferior a un mes» desde que haya tenido lugar la incidencia en la web del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) y, además, enviar a través del operador un enlace SMS a los pasajeros que se hayan visto perjudicados por la incidencia.
La ley entró en vigor hace casi dos meses, en concreto, el pasado 4 de diciembre de 2025 tras ser publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Desde entonces el Gobierno todavía no ha cumplido con esta imposición a la que se le obliga por imperativo legal. Si bien es cierto que el plazo de cumplimiento vence el próximo 5 de febrero, el ministro socialista aún ha comunicado hasta la fecha ningún avance ni informes en este sentido.
Ni plan de choque ni atención al pasajero
El ministro Puente no sólo ha incumplido hasta el momento la Ley de Movilidad Sostenible en lo que respecta al análisis de las incidencias, sino que también lo ha hecho al no crear «un plan de choque extraordinario» ni aprobar, por otra parte, otro para la «atención urgente a los pasajeros» en caso de «incidencias extraordinarias».
Un plan de acción, el primero, que deberá elaborarse en dos fases y que debe servir para paliar «las innumerables incidencias» que se registran en los servicios ferroviarios –Media Distancia, AVE, Cercanías y Rodalies–, que cuente con un cronograma y aporte un desglose del coste de las medidas a ejecutar, que tendrán que incluirse en los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
Asimismo, como consecuencia de esas obligaciones legales, el ministro Puente debe comprometerse a comunicar «todas las limitaciones temporales existentes en la vía debido a incidencias en las infraestructuras, y detallar las actuaciones necesarias para solventar las mismas».
El pasado viernes, en una rueda de prensa convocada a primera hora de la tarde en la sede del Ministerio de Transportes, Puente manifestó su compromiso con el cumplimiento íntegro de la norma. Sin embargo, no ha aclarado si lo hará antes o después de que venza el plazo. «Estamos en ello», indicó. «Entiendo que están en elaboración», añadió.
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