La Ley Montero perdona 2 años a un hombre que violó a un niño de 11 años tras amenazarlo de muerte

El Tribunal Supremo ha fijado en diez años de prisión la condena definitiva contra un hombre que violó a un menor de 11 años en Almería tras amenazarlo de muerte en 2008. La decisión, que adelanta OKDIARIO y que ha sido dictada este 15 de julio de 2025, corrige los errores interpretativos de la Audiencia Provincial y confirma que la conocida como Ley Montero ha supuesto una rebaja de dos años respecto a la condena original de doce años.

La decisión, contenida en una resolución de seis páginas, ha supuesto un giro inesperado en el caso. Inicialmente, el autor de los hechos había sido condenado a doce años de prisión por la Audiencia Provincial de Almería en 2013. Sin embargo, tras la entrada en vigor de la Ley de Sólo sí es sí que modificó el Código Penal, el tribunal almeriense había rebajado provisionalmente la condena a siete años y había acordado su inmediata excarcelación.

El Ministerio Fiscal recurrió esta decisión ante el Supremo, argumentando que la aplicación de la nueva normativa no había sido correcta. La Fiscalía sostenía que los hechos se subsumían en el artículo 181.3 del Código Penal reformado, que establece penas más severas para agresiones sexuales con penetración sobre menores de dieciséis años.

Los magistrados del Alto Tribunal, presididos por el ponente Javier Hernández García, han dado la razón al Ministerio Fiscal. En su resolución, han explicado que «la pena se impuso en el límite mínimo de doce años de prisión que con la Ley intermedia pasa a situarse en diez años de prisión».

La sentencia detalla que los hechos tuvieron lugar «sobre las 19 horas del día 2 de noviembre de 2008» en Almería. Según la resolución judicial, el condenado «con actitud intimidatoria, se dirigió al menor diciéndole si no vienes conmigo te mato» y posteriormente «lo cogió bruscamente del brazo y lo subió en una bicicleta».

Además de la pena de prisión, el Supremo ha impuesto penas accesorias que no habían sido contempladas inicialmente. El tribunal ha fijado «inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, curatela, guarda o acogimiento por tiempo de cuatro años» e «inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividades que conlleve contacto regular y directo con personas menores de edad por tiempo de cinco años».

La resolución también establece una medida de libertad vigilada durante cinco años una vez cumplida la condena. Esta supervisión postpenitenciaria supone un control adicional sobre el condenado tras su salida de prisión.

Los magistrados han justificado estas medidas argumentando que «la aplicación de la norma más favorable no puede fraccionarse». El tribunal ha precisado que será la Audiencia Provincial de Almería quien determine «el concreto contenido y alcance de dicha inhabilitación» tras escuchar a las partes afectadas.

Esta decisión se enmarca en la jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo sobre la aplicación retroactiva de leyes penales más favorables. La reforma del Código Penal de 2022 unificó en una sola figura delictiva las anteriores conductas de agresión y abuso sexual, modificando significativamente el marco punitivo.

La sentencia, contra la que no cabe recurso, sienta otro precedente sobre cómo debe aplicarse la nueva legislación en casos de delitos sexuales contra menores. El fallo demuestra que las reformas legales destinadas a ser más duras pueden tener efectos contrarios cuando no se interpretan correctamente por los tribunales inferiores.

Posición de Montero

Mientras tanto Irene Montero considera que su ley es correcta y que el error parte de los jueces que no la están interpretando bien. Ha escrito un libro desvelando cómo fueron las semanas posteriores a las primeras rebajas de pena para revelar que Yolanda Díaz pidió su dimisión a gritos en una reunión donde estaba su colaboradora Isa Serra.

Además, desvela que Enrique Santiago, diputado líder del PCE y dirigente de IU, se equivocó de Montero y envió a la ministra de Igualdad lo que quería enviar a la vicepresidenta socialista. En esos mensajes admitía que estaba negociando con el PSOE a espaldas de la dirigente de Podemos y ministra del ramo lo que se interpretó como una deslealtad por la que ya no se hablan. Mientras tanto, más de 1.500 violadores beneficiados con rebajas de pena.