Batet se queda sin excusas: los letrados avalan la «suspensión automática» de los presos diputados

No existen dudas jurídicas y se acabó el pretexto para la dilación en la suspensión de los cuatro golpistas elegidos como diputados. El informe solicitado ayer por la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, a los letrados de la Cámara avala la suspensión de los cuatro políticos afectados por aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (art. 384 bis), que establece la suspensión automática de un diputado cuando se encuentre procesado en firme y en prisión provisional.

Los letrados son taxativos: la Mesa del Congreso debe proceder a «adoptar las medidas precisas para dar plena efectividad a la previsión legal» y acordar la suspensión «por imperativo legal». No dejan, por tanto, margen de maniobra alguna a los miembros de la Mesa, que deben limitarse a ratificar la suspensión tal y como dicta el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La medida afecta a los electos Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull y llega después de que la presidenta del Congreso haya dilatado el proceso durante tres días.

El informe de los letrados deja claro también que no es necesario un suplicatorio previo del Tribunal Supremo para suspender a los cuatro diputados golpistas, tal y como reivindica Podemos. Niega también que la Mesa pueda aplicar a los presos el reglamento del Congreso porque no concurre «la totalidad de los elementos requeridos».

Reunión decisiva

La Mesa del Congreso se reúne este mediodía para decidir sobre la suspensión de los cuatro cargos electos presos que están procesados y siendo juzgados por un delito de rebelión contra el Estado. Todo hace indicar que, con el aval de los letrados del Congreso, el órgano de gobierno de la Cámara apruebe la suspensión inmediata de los cuatro políticos catalanes que el pasado martes adquirieron la condición de diputados.

La suspensión no retira a los cuatro políticos su condición de diputados, pero les impide ejercer como tales. Quedan privados de sus «derechos y obligaciones». Es decir, no podrán votar ni participar en los debates, por ejemplo.

Además, los letrados recuerda a la Mesa que debe fijar «los efectos» de la suspensión y su alcance. Por tanto, mientras los cuatros diputados suspendidos no renuncien a sus actas, habrá un nuevo umbral de la mayoría absoluta (pasará de 176 a 174), asunto clave para la próxima investidura de Pedro Sánchez.