JxCat carga contra la Fiscalía: «El Estado español se distancia de la democracia»

Desde JxCat ya han cargado contra el alegato de la Fiscalía hecho este miércoles. El vicepresidente del Parlament y diputado de JxCat, Josep Costa, cree que la decisión de la Fiscalía de mantener la acusación por rebelión contra los líderes independentistas es una prueba más del «distanciamiento del Estado español» del «respeto a la democracia».

En declaraciones a los medios, Costa ha destacado que las conclusiones del Ministerio Público coinciden con la publicación de una resolución de un grupo de trabajo de la ONU, que ha calificado de «arbitraria» la privación de libertad de los líderes catalanes independentistas Oriol Junqueras, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.

«Son dos caras del distanciamiento del Estado español respecto de los derechos humanos y el respeto por la democracia y las libertades», ha subrayado.

Y ha agregado: «Se pone en contradicción lo que es la comprensión internacional de los derechos civiles y políticos, de la libertad ideológica, del derecho a manifestación, reunión y participación política, con que el Estado esté persiguiendo judicialmente a centenares de personas y tenga a nueve personas encarceladas por el ejercicio de derechos fundamentales».

No conceder el tercer grado

La Fiscalía pide que no se conceda el tercer grado a los golpistas procesados por el golpe de Estado del 1-O hasta cumplir la mitad de la pena, tal y como adelantó OKDIARIO.

La Fiscalía pide que no se conceda el tercer grado a los golpistas procesados por el golpe de Estado del 1-O hasta cumplir la mitad de la pena, tal y como adelantó OKDIARIO. El Ministerio Público ha ratificado en el juicio del procés su acusación por rebelión contra los líderes independentistas al considerar que la prueba practicada corrobora la existencia de la violencia, de manera que pide 25 años de prisión para Oriol Junqueras y 17 para Carme Forcadell y los Jordis.

El Ministerio Público ha elevado a definitivas sus conclusiones, por lo que mantiene invariables las penas de prisión que solicita contra los 12 acusados tras tres meses y medio de vista oral, en los que a su juicio no hay duda de que el procés fue una rebelión consumada, en la que se empleó dinero público –malversación– y se desobedeció la legalidad vigente –desobediencia–.