La Justicia fuerza a investigar el conflicto de intereses de Sánchez y Begoña en el rescate de Air Europa

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid ha forzado al Gobierno de Pedro Sánchez para que la Oficina de Conflicto de Intereses (OCI) investigue la actuación del líder socialista y su mujer, Begoña Gómez, en el rescate de Air Europa. Esta decisión llega después de que el PP recurriese el archivo parte del organismo dependiente del Ejecutivo de su petición acerca de indagar en la participación de Sánchez en el rescate de la aerolínea.

En un primer momento, el PP presentó una denuncia en marzo de 2024 ante la Oficina de Intereses. Sin embargo, este organismo no realizó ninguna actuación y, cuatro días después, archivó la denuncia. Esta noticia se conoció a través del PSOE, en lugar de por el Gobierno, de quien depende la OCI, y antes de que la notificación llegase a los populares.

Posteriormente, el PP presentó un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, quejándose de que no se había atendido a su petición.

Fuentes del PP han confirmado que el TSJ ha dado la razón a la petición de los populares. Los tribunales forzarán finalmente al Gobierno a poner en marcha una investigación sobre la participación de Sánchez en el rescate «tras pedírselo expresamente su mujer mientras Begoña Gómez recibía ingresos procedentes de la compañía», según indican desde Génova.

De esta forma, la Oficina de Conflicto de Intereses, que previamente había rechazado indagar en tras la petición del partido de Alberto Núñez Feijóo, se ve obligada a investigar al jefe del Ejecutivo.

Desde el PP lamentan que Sánchez haya dado «dinero público a quien ha dado dinero a su esposa». A ojos de la formación más votada en España, se debe discernir si el presidente del Gobierno ha participado «de manera directa en la adjudicación de esos fondos».

Fuentes populares aseguran que Sánchez quiso terminar rápidamente con el asunto a través de un mensaje que salió del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relación con las Cortes de Félix Bolaños hasta el Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero. Aquella comunicación trató de poner de relieve que «todo estaba bien». Sin embargo, ahora, la Justicia enmienda las actuaciones del Gobierno.

A su vez, lamentan desde el PP que Sánchez «ha confundido» su interés «con el interés que debería tener cualquier Ejecutivo en la limpieza y la transparencia, especialmente en lo referido al destino del dinero público».

Semana negra judicial para el Gobierno

Esta noticia coincide con el varapalo judicial que ha recibido el Gobierno esta semana cuando se ha conocido que el juez instructor del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, ha dejado al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, al borde del banquillo.

La noticia de esta sentencia se ha producido apenas 24 horas después de que la Unidad Central Operativa (UCO) registrase la casa de Valencia del ex ministro de Fomento y quien fuera mano derecha de Sánchez en el PSOE, José Luis Ábalos. La Benemérita buscaba pruebas de las presuntas mordidas que podría haber recibido el que fuera dirigente socialista.

Ese mismo día se produjo también el registro de la empresa Servinabar 2000, una sociedad vinculada al entorno del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. La entidad bajo la lupa judicial por la adjudicación de un contrato de 62,8 millones para la renovación del túnel de Belate en enero de 2024 a una unión temporal de empresas (UTE), entre las que estaba Servinabar. Aquel proceso estuvo lleno de situaciones anómalas. Los propios integrantes de la mesa de contratación pusieron en duda el procedimiento y la evaluación técnica mediante la cual se otorgó el contrato.