Sánchez regula la Oficina de Intereses que le exculpa del ‘caso Begoña’ para disfrazarla de independiente

El Gobierno de Pedro Sánchez ha acordado reformar la regulación actual de la Oficina de Conflictos de Intereses -el organismo que ha exculpado al presidente en el caso de su mujer, Begoña Gómez- con una redacción que pretende blanquear esta estructura y disfrazarla de independiente.

La nueva regulación aparece recogida en el anteproyecto de Ley de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés que el Consejo de Ministros aprobó este martes y que crea un registro de lobbies para «garantizar una mayor rendición de cuentas».

En concreto, el texto incluye una disposición final primera que modifica el artículo 19 de la Ley 3/2015 reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado y que especifica que la Oficina de Conflictos de Intereses actuará no sólo con plena autonomía sino con «independencia funcional» en el ejercicio de sus funciones y para «el cumplimiento de sus fines».

Asimismo, la nueva redacción añade que «ni la persona titular de la Oficina, ni las personas titulares de las subdirecciones que la integran, ni el personal que presta servicios en la misma podrán solicitar ni aceptar instrucciones de ninguna entidad pública ni privada, y tendrán el deber permanente de mantener en secreto los datos e informaciones que conozcan por razón de su trabajo», señala el anteproyecto.

Junto a ello, remarca que «a efectos puramente organizativos y presupuestarios, la Oficina se adscribe al Ministerio competente en materia de prevención de conflictos de intereses, a través de la Secretaría de Estado de Función Pública». Es decir, la Oficina de Conflictos de Intereses seguirá siendo un organismo adscrito al Gobierno de la Nación, uno de los hechos que denunció el PP cuando este organismo archivó la denuncia que presentaron los de Alberto Núñez Feijóo por el caso Begoña Gómez. La mujer del jefe del Ejecutivo se encuentra imputada por cuatro delitos: corrupción en los negocios, tráfico de influencias, apropiación indebida e intrusismo profesional.

La Oficina de Conflictos de Intereses, dependiente del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública que encabeza Óscar López, está dirigida desde 2007 por Flor María López Laguna, funcionaria del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, que fue avalada en este cargo por el Gobierno de Pedro Sánchez tras la moción de censura de 2018.

El pasado marzo, esta Oficina dio carpetazo a la denuncia que presentó el PP contra Sánchez por las decisiones adoptadas por el Gobierno de forma favorable a los negocios de Begoña Gómez. El archivo se produjo tras recibir de Moncloa un escrito de apenas 9 líneas, recabando así únicamente la versión del propio Ejecutivo, como reveló OKDIARIO.

La Secretaría General de Presidencia esgrimió en un primer párrafo: «No ha concurrido en la persona del presidente del Gobierno ninguna de las causas de abstención previstas en los artículos 11 y 12 de la Ley 3/2025, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, pues las decisiones adoptadas en las citadas sesiones del Consejo de Ministros no afectaron a sus intereses personales, ni propios ni tampoco a los de su cónyuge, ni supusieron ningún beneficio o perjuicio a los mismos».

Mientras que en un segundo párrafo, alegó: «Asimismo, señalar que la cónyuge del presidente del Gobierno no tiene ni ha tenido relación laboral o profesional que implique el ejercicio de funciones de dirección, asesoramiento o administración en las empresas objeto de las decisiones adoptadas por el Consejo de Ministros en las fechas del 3 de noviembre de 2020 y 16 de marzo de 2021». Estas 9 líneas del escrito fueron suficientes para que la Oficina de López Laguna rechazara la denuncia del PP, que criticó entonces de la dependencia que este organismo tiene del Gobierno.

Recomendaciones

En este contexto, el Ejecutivo aseguró también este martes que esta regulación contribuye a cumplir con las recomendaciones formuladas a España «tanto por la Unión Europea como por la OCDE».

Ante ello, cabe reseñar que en el Informe anual de 2023 sobre el Estado de derecho en España publicado por la Comisión Europea, la UE señaló que en este país «las normas sobre conflictos de intereses de los altos cargos de la Administración no se aplican suficientemente».

«Aunque tanto el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) del Consejo de Europa como el Informe sobre el Estado de Derecho en 2022 hacían referencia a la necesidad de reforzar la independencia y la autonomía de la Oficina de Conflictos de Intereses, las normas que rigen su independencia y autonomía permanecen inalteradas», lamentó el Ejecutivo comunitario.

Posteriormente, en el Informe publicado en 2024, la UE reprobó que España no había avanzado en la tarea de «robustecer las normas sobre conflictos de intereses y declaraciones de patrimonio de los altos cargos de la Administración mediante el refuerzo de la competencia sancionadora de la Oficina de Conflictos de Intereses».