El juez Pedraz no imputará al PSOE en el ‘caso Leire’ «por el momento»

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Leire, Santiago Pedraz, este mediodía ha afirmado que por ahora «en este momento» no va a imputar al PSOE; ha explicado que esperará a tener más diligencias, todo esto después de que el PP hubiera solicitado la imputación.

En el expediente, el instructor de la causa ha explicado que los hechos descritos en la investigación “pueden presentar de forma abstracta una apariencia delictiva por parte del PSOE”; además, ha añadido que todavía “no hay un elemento o un principio de prueba que avale razonablemente su realidad”.

Pedraz se alinea así con el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que este miércoles emitía un informe en el que veía “apresurada” la imputación del partido socialista en el caso Leire, a pesar de que sí que apreciaba indicios de conductas delictivas por parte de la presunta trama para entorpecer las causas judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno, que habría estado liderada por Cerdán y coordinada por la ex militante socialista Leire Díez.

En resumen, el juez considera “que no hay pruebas objetivas suficientes para que el partido pase a tener la condición de investigado en la causa. Pedraz ha indicado que hay que valorar la eventual y aparente responsabilidad criminal del PSOE por delitos presuntamente cometidos por Cerdán y por la gerente del partido, Ana María Fuentes, que también está imputada.

Análisis de los documentos

Pedraz sostiene que, antes de atribuir responsabilidad penal al PSOE, es necesario esclarecer qué capacidad de decisión tenía Santos Cerdán dentro del partido y quién autorizaba y realizaba los pagos investigados a Leire y al resto de investigados, presuntamente a cambio de sus servicios.

Asimismo, el juez considera necesario determinar qué mecanismos de control interno existían, si se produjeron deficiencias relevantes en la supervisión y si el partido obtuvo algún beneficio de las conductas investigadas. Por el momento, estas cuestiones siguen sin aclararse.

Para respaldar la imputación solicitada por el PP, el magistrado considera que Cerdán tiene que declarar, analizar la documentación incautada en la sede del partido y en el domicilio del ex secretario de Organización y otros investigados, entre los que están los abogados Jacobo Teijelo e Ismael Oliver, el empresario Javier Pérez Dolset y el ex vicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías.

El magistrado también considera necesario esclarecer quién dio la orden de realizar los pagos, quién tenía autorización para operar con las cuentas y cómo se registraron tanto en la contabilidad como en las transferencias.

Asimismo, busca determinar qué conceptos se hicieron constar, si existían facturas, contratos u otros documentos que pudieran justificar formalmente esos desembolsos, quién aprobó internamente los gastos y si participaron los departamentos financiero o contable.

También queda por aclarar si los órganos de administración del partido tenían conocimiento de estos pagos, entre otras cuestiones pendientes de resolver.

El PP pidió la imputación del partido socialista porque considera que las diligencias practicadas “confirman” que el partido “sufragó” los gastos de la presunta trama por direcciones de Santos Cerdán.

El PP apunta al PSOE como presunto autor de delitos de cohecho y tráfico de influencias, blanqueo de capitales y financiación ilegal.

Zarrías y Serrano

Las fiscales destacan entre las principales diligencias las declaraciones de Cerdán, Díez, Zarrías y Juan Manuel Serrano, ex presidente de Correos y ex jefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE.

En sus declaraciones, Ana María Fuentes, la presidenta del PSOE Cristina Narbona y las secretarias del partido, Covandonga San Pedro y Celia Rodríguez, curiosamente coinciden en el mismo punto, y es que, según la Fiscalía, todas parecen indicar que no había ningún mecanismo de control sobre la gestión que hacía Cerdán de las cuentas de la formación.

El Ministerio Público, que ve «múltiples indicios» sobre Cerdán, hizo hincapié en la necesidad de separar la posible responsabilidad penal de los gerentes como personas físicas de la eventual responsabilidad penal propia de la organización.

En este sentido, la Fiscalía precisa que la responsabilidad penal de una persona jurídica no puede establecerse únicamente por acreditar que alguien integrado en ella ha cometido un delito.

Para ello, es necesario examinar si la conducta delictiva se vio favorecida por la ausencia o ineficacia de mecanismos específicos de vigilancia y control.

Por otra parte, la Fiscalía aseguró que, a la vista de las diligencias practicadas hasta el momento, no existen dudas de que Cerdán estaba autorizado para tomar decisiones en nombre del partido y disponía de facultades de organización y control dentro de la estructura.

No obstante, considera que Cerdán debe declarar para precisar cuáles eran sus poderes y las funciones que desempeñaba realmente, qué capacidad tenía para disponer de las cuentas bancarias, qué autonomía ejercía en la contratación y cuál era su grado de dependencia respecto al órgano de administración y a la Comisión Ejecutiva Federal (CEF).

También busca esclarecer su intervención y responsabilidad en la contratación de los servicios de Díez.