Una juez dice en el digital de Podemos que «derribar la democracia» es el fin de los vecinos de Núñez de Balboa

La juez Amaya Olivas, titular del Juzgado de lo Social número 1 de Madrid, ha asegurado en un artículo de opinión publicado en el digital vinculado a Podemos, ‘La última hora’, que el fin último de los vecinos madrileños de Núñez de Balboa es «derribar la democracia».

Esta magistrada, integrante de la asociación progresista ‘Juezas y Jueces para la Democracia’, escribe que las protestas multitudinarias que durante la última semana se han celebrado en el barrio de Salamanca son inconstitucionales y asegura que los que participan en ellas «han olvidado que el derecho a la protesta se erige para fortalecer a la democracia, no para derribarla».

En el texto publicado el pasado jueves, esta juez progresista acusa a los vecinos de Nuñez de Balboa de «situarse al margen de nuestro texto fundamental: la Constitución Española» porque –según apunta– las caceroladas «no permiten entrar en ninguna discusión jurídica».

Olivas recalca que las protestas generaron un «intensísimo» debate en el Tribunal Constitucional (TC) en la última semana del mes de abril. «Efectivamente, la controversia sobre si debe prevalecer la protección de la salud o los derechos fundamentales de reunión y manifestación ha generado resoluciones contradictorias dictadas por distintas instancias judiciales», expone antes de concluir que el órgano jurisdiccional cuyo fin es velar por el cumplimiento de la Carta Magna estimó «que la declaración del Estado de Alarma, con el propósito de evitar la difusión del COVID 19, da cobertura legal suficiente para restringir el derecho de manifestación».

Los vecinos del barrio de Salamanca, a los que se han unido otros de distintos puntos de España, reclaman el derecho a la «libertad». Cacerola en mano exigen a Sánchez su dimisión por la gestión de la crisis sanitarias y advierten al Ejecutivo: «¡No queremos dictaduras como en Venezuela!»

La gran mayoría de los manifestantes, consultados por OKDIARIO, opinan que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se han extralimitado en las medidas adoptadas bajo el paraguas del Real Decreto de estado de alarma, con decisiones tales como «la suspensión del derecho a la libre circulación» que conllevaría una responsabilidad penal al amparo del artículo 542 del Código Penal.