El juez del Supremo también deja en libertad a Koldo García después de negarse a declarar

El instructor del caso Koldo en el Tribunal Supremo, el magistrado Leopoldo Puente, ha rechazado enviar a prisión provisional a Koldo García, quien fuera asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes. El juez ha ratificado las medidas cautelares vigentes —prohibición de salida del país, retirada de pasaporte y firma eriódica en sede judicial— tras una nueva comparecencia en la que Koldo García ha optado por guardar silencio sobre su presunto papel de «gestor y custodio» de los fondos «opacos» que habrían ingresado por mordidas.

La decisión judicial se ha producido después de que Koldo García compareciera este jueves en el Supremo en una vista que se ha alargado cerca de una hora. El ex asesor ha llegado puntual a la cita, ataviado con una boina y mochila en mano, pero ha mantenido su estrategia de no declarar, igual que hizo en su última comparecencia del pasado junio.

El magistrado Puente ha seguido el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que no ha pedido el ingreso en prisión provisional para Koldo al considerar que, aunque hay riesgo de fuga, está suficientemente mitigado con las cautelares acordadas.

Sin embargo, las acusaciones populares encabezadas por el PP sí han reclamado al instructor que le enviara a la cárcel. Han recalcado que el dinero al que se refería Koldo en sus conversaciones como «chistorras» aún no ha aparecido.

Se trata de las mismas posturas que las partes adoptaron en la vistilla celebrada este miércoles respecto a Ábalos. En su caso, Puente confirmó idénticas cautelares, si bien observó un riesgo de fuga «creciente» que cree que aumentará conforme se acerque el juicio. Entonces, avisó, sí podría endurecerlas.

Fuentes del entorno de Koldo García aseguran que se encontraba preparado por si llegara a entrar en prisión provisional. Esta medida, hasta la fecha, solo ha prosperado con el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, por el riesgo de fuga y de destrucción, ocultación y manipulación de pruebas debido a su «papel principal» en la presunta trama de cobro de comisiones a cambio de obra pública.

El instructor ha vuelto a llamar a Koldo y Ábalos a sede judicial tras un nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Este documento señala a García como «gestor y custodio» de fondos «opacos» que habrían ingresado de las presuntas mordidas a cambio de adjudicaciones públicas.

Según las fuentes jurídicas consultadas, Koldo García ha explicado que no iba a declarar porque considera que sufre indefensión al no tener acceso al contenido íntegro de los dispositivos electrónicos que le fueron incautados. La entrada y registro en su domicilio se produjo en febrero de 2024, y entre el material requisado se encuentran las conversaciones que grabó entre 2019 y 2023, que se han convertido en uno de los principales indicios del caso.

La mayoría del tiempo de la comparecencia se lo ha llevado la vistilla para revisar las medidas cautelares, ya que Koldo ha seguido la misma estrategia que en junio y ha optado por guardar silencio.

El jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha reprochado a Koldo García que no hable ante el Supremo pero sí en los medios de comunicación.

A esto ha contestado la propia abogada de Koldo, Leticia de la Hoz, replicando que las intervenciones de su cliente en la prensa eran necesarias para defenderse de las acusaciones que se han lanzado en su contra en estos meses. Entre ellas algunas de violencia de género y acoso sexual.

Puente les ha frenado a todos, advirtiendo tanto a Luzón como a la abogada de que tales consideraciones no eran objeto de este procedimiento. Mientras tanto, a Koldo le ha subrayado que no era necesario que diera explicaciones sobre por qué ha decidido no declarar, aunque todo ello, de acuerdo con las referidas fuentes, en un ambiente de cordialidad.

Contexto del caso

La causa arrancó en la Audiencia Nacional, centrada en la supuesta adjudicación irregular a Soluciones de Gestión, empresa vinculada a Víctor de Aldama, de contratos públicos para comprar material sanitario en plena pandemia. Pero desde que saltó al Supremo, hace casi un año, el caso ha ido creciendo. Ha aflorado también la existencia de ilegalidades en contratos de obra pública.

La complejidad que añadió esta segunda derivada llevó a Puente a dividir la causa, abriendo una pieza separada para investigar específicamente las presuntas mordidas por obras. Ha dejado en la parte principal todo lo demás.

Al dar este paso, el magistrado avanzó que su intención era agilizar la instrucción de la parte principal, con miras a concluirla pronto. Las indagaciones sobre obra pública aún están en fase embrionaria.