La juez del ‘caso Negreira’, azote de la corrupción del separatismo: procesó a Oriol Pujol y Laura Borrás

No ha tenido suerte el F.C. Barcelona. El caso Negreira, que investiga los pagos de hasta siete millones de euros al ex número dos del colectivo arbitral español, José María Enríquez Negreira, ha caído en el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona. Un juzgado en el que tanto el titular, Joaquín Aguirre, como la jueza de refuerzo, María Silvia López Mejía, han bregado en múltiples ocasiones en causas contra la corrupción política del separatismo catalán, recurriendo casi siempre a investigadores de la Guardia Civil. La magistrada López Mejía, que ha admitido a trámite la querella contra el Barça y ha encargado la investigación a la misma Guardia Civil, ya ha procesado en el pasado a figuras independentistas como Oriol Pujol -hijo del ex presidente Jordi Pujol- o a la ex presidenta del Parlament Laura Borrás.

Casualidad o no, la vivienda de López Mejía fue asaltada el pasado domingo, apenas 48 horas después de recibir de la Fiscalía Provincial de Barcelona la querella por el caso Negreira, una trama de «corrupción deportiva continuada» que amenaza con graves consecuencias para el F.C. Barcelona. Los Mossos d’Esquadra están investigando si ese asalto fue un simple robo o quienes lo perpetraron buscaban algo más en el domicilio aparte de las joyas y el dinero que sustrajeron.

Sea por el motivo que fuese, tuviese o no relación con su trabajo profesional, el asalto a su vivienda no ha amilanado a la jueza. Sólo tres días después, este miércoles, López Mejía admitía la querella de la Fiscalía -y la de «un particular», el árbitro en activo Xavier Fernández Estrada- contra el Barça y sus ex presidentes Sandro Rosell y Josep María Bartomeu. También contra los ex directivos del club Óscar Grau y Albert Soler, este último alto cargo del Gobierno de Pedro Sánchez hasta hace sólo dos meses.

Azote del procés

López Mejía ejerce desde el pasado otoño como jueza de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 1, debido a la gran carga de trabajo que le supone a su titular actual -Joaquín Aguirre- la instrucción del caso Vohlov. Una causa aún secreta contra el independentismo, que también investiga la Guardia Civil, sobre el desvío de fondos públicos de la Generalitat para la organización de altercados en línea con el procés.

El perfil de algunos investigados, así como el gran volumen de documentos, escuchas y seguimientos que ha generado esa investigación, que también analiza los misteriosos contactos de altas personalidades de la Generalitat con Rusia, dejaron completamente bloqueado el Juzgado. Su titular solicitó un juez de refuerzo para hacer frente a las nuevas causas que fuesen entrando. El CGPJ designó, tan solo 15 días antes de la dimisión de Carlos Lesmes, a López Mejía como apoyo de Aguirre para permitirle centrarse en la instrucción del Vohlov.

López Mejía, que inició su carrera en los juzgados de Parla y Alcalá de Henares antes de dar el salto a Cataluña, es a su vez la titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, pero el caso Negreira ha recaído sobre ella en su condición de juez de apoyo. Aun así, no se descarta que en un futuro pueda ceder la instrucción de los pagos del Barça al titular del Juzgado número 1.

Jordi Pujol

La juez que coordinará las pesquisas policiales sobre los pagos que durante 17 años realizó el Barça a empresas de Negreira, la que deberá comprobar hasta qué punto ese dinero se invirtió en obtener un trato de favor de los árbitros, ya ha estado en el pasado en la diana del independentismo.

Suya -y de la Guardia Civil- fue, por ejemplo, la instrucción del caso ITV, por la que Oriol, hijo de Jordi Pujol y Marta Ferrusola, terminó ingresando en la cárcel en 2019 para cumplir una pena de dos años y medio. Su mujer, Anna Vidal, fue condenada a 15 meses.

En 2018, unos meses antes de que su caso llegase al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, los Pujol llegaron a un pacto con la Fiscalía para aceptar responsabilidades en el amaño de la concesión de estaciones de ITV y eludir así el juicio. La juez instructora, López Mejía, fue clave para evitarlo rechazando de pleno el pacto. El TSJC le daría posteriormente la razón. En aquel proceso también se sentaron en el banquillo otras figuras del procés, como el ex número dos de la Diputación de Barcelona Josep Tous.

Borrás

Mientras instruía aquel caso de las ITV, en el despacho de López Mejía recayó otro expediente que apuntaba a una figura de relevancia para el independentismo: la entonces presidenta del Parlament, Laura Borrás.

Borrás, como determinó la instrucción, uso la Institución de las Letras Catalanas (ILC) que presidió entre 2013 y 2017, habría contribuido a fraccionar contratos públicos de la entidad para entregarlos a dedo a personas amigas.

Pese a que una investigación de los Mossos no encontró pruebas de la participación en esta trama de Borrás, la jueza encargó un informe a la Guardia Civil que esta vez sí encontró evidencias de delito. Correos electrónicos que mostraban cómo Borrás conducía personalmente ese fraccionamiento de contratos y daba instrucciones a sus subordinados sobre cómo proceder.

Actualmente, López Mejía también instruye el llamado caso Bomberos, que involucra al Departamento de Interior de la Generalitat en una trama para adjudicar contratos de mantenimiento de camiones de bomberos a cambio de comisiones.

Ahora, el Barça

En la hoja de servicios de la jueza figura ya, desde este miércoles, el caso del Barça. La Fiscalía denuncia los presuntos delitos de corrupción entre particulares en el ámbito deportivo, administración desleal y falsedad documental.

En su denuncia, el Ministerio Público sostiene que «a través de Rosell y Bartomeu, el Barça alcanzó un acuerdo verbal estrictamente confidencial con Enríquez Negreira, a fin de que realizase actuaciones tendentes a favorecer al Barcelona en la toma de decisiones de los árbitros, en los partidos que disputase el club».

También le da una función de peso al que fuera vicepresidente del Comité de Árbitros dentro del propio órgano: «La designación para cada partido de las competiciones españolas oficiales de ámbito estatal y profesional se llevan a cabo en el seno del Comité Técnico de Árbitros (CTA), organismo encargado, además, de las evaluaciones -en las que participaba el denunciado- para los ascensos y descensos de categoría de los árbitros, así como de la proposición de candidatos a árbitros internacionales».