El juez apunta a Aguirre en la financiación ilegal del PP de Madrid y Granados dice que ella ”lo sabía todo”
El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha preguntado con «insistencia y mucho interés» a Francisco Granados por el papel de los expresidentes de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre en la financiación ilegal del PP madrileño en el marco de la trama Púnica.
Granados ha declarado de forma voluntaria este jueves por tercera vez en la Audiencia Nacional respondiendo a las preguntas de la Fiscalía Anticorrupción y volverá a ser citado previsiblemente tras la Semana Santa para que concluya el interrogatorio al exconsejero madrileño por el resto de las partes personadas en la causa.
Las fuentes consultadas por OKDIARIO aseguran que el magistrado se «ha mostrado muy interesado» por el relato de Granados sobre el funcionamiento interno del Partido Popular, la financiación de las campañas electorales, la organización, la estructura del Gobierno regional, la toma de decisiones, los nombramientos y la cadena de mando.
En este sentido, el exsecretario general del PP madrileño ha asegurado que ningún consejero podía tomar una decisión «sin el beneplácito de Ignacio González y el conocimiento de Esperanza Aguirre». «González tenía carta blanca de Aguirre para tomar decisiones», apostillaba.
Estas mismas fuentes señalan que el magistrado habría calificado de «muy ilustrativo» el relato de Granados y le ha preguntado para establecer sus «derivadas» sobre el funcionamiento del Partido Popular de Madrid. En esta línea, el magistrado preguntaba si la presunta financiación ilegal del PP regional podía ser conocida en el Partido a nivel nacional, hipótesis que rechazaba el exdirigente popular.
Granados ha asegurado que si un director general u otro cargo era designado en una Consejería por Ignacio González o Cristina Cifuentes, «estos reportaban con ellos y no con el consejero». También ha afirmado que la actual presidenta de la Comunidad de Madrid participó en la campaña electoral del año 2007, manteniendo numerosas reuniones cuando era secretaria de Política Territorial en el Partido Popular de Madrid.
Durante la comparecencia, el juez García Castellón preguntaba a Granados si las presuntas actuaciones delictivas del exconsejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, Alberto López Viejo, en el caso Gürtel podían realizarse sin el conocimiento de Aguirre y González. El exdirigente popular respondía rotundamente con un «no».
Durante su tercera declaración voluntaria ante el juez de Púnica, Granados señalaba al que fuera vicepresidente y consejero de la Justicia de la Comunidad de Madrid, Alfredo Prada. En este contexto, el exdirigente popular presentaba 4 o 5 facturas de la Consejería de Justicia durante el mandato de Prada expedidas a la empresa Ginso. Granados y Prada fueron vicepresidentes de la Comunidad de Madrid junto a Ignacio González durante el mandato de Esperanza Aguirre.
Dichas facturas presentadas superan los 30.000 euros más IVA y Granados las ha relacionado con la «financiación paralela» del PP madrileño. Ginso estaba encargada de la gestión de un centro de menores y habría firmado convenios para la elaboración de estudios. Según el relato de Granados, en la facturación se incluyeron conceptos falsos.
El juez revisará informes de la UCO
Durante la comparecencia, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha reclamado los informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil UCO señalados por Francisco Granados «como falsos».
En dichos atestados, los investigadores le atribuían ser el propietario de una participación de Bustrén, empresa de ingeniería. En otro de los informes, el denominado cerebro de la trama Púnica, David Marjaliza, le acusaba de ser propietario de una casa en Marbella.
La defensa de Granados que encabeza el abogado Javier Vasallo ha solicitado que se deduzca testimonio de los agentes que elaboraron los informes para presentar una querella.
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