España
Accidentes de trenes en España

Una juez abre diligencias por la filtración de los audios de Adif del accidente de Urda

La causa recae en el Juzgado de Instrucción 12 de Madrid y aún no hay imputados

La titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Madrid, María Dolores Baeza, ha abierto diligencias por la filtración de los audios de Adif del accidente ferroviario de Urda (Toledo). Las grabaciones recogen las comunicaciones entre el puesto de mando de Atocha y los maquinistas de los dos trenes siniestrados el pasado 28 de octubre, en un choque que ha costado la vida a 69 personas.

Según adelantan fuentes judiciales a OKDIARIO, el procedimiento se tramita en los juzgados de Plaza Castilla ya con un número de diligencias previas determinado. Por el momento no hay ningún imputado.

Estas mismas fuentes han precisado que, hasta donde se conoce, todavía no se ha practicado ninguna diligencia. En los juzgados, el procedimiento se conoce informalmente como el caso Adif.

La investigación judicial llega tres semanas después de la difusión presuntamente desde el Palacio de La Moncloa de unas grabaciones que han provocado el rechazo de sindicatos, partidos políticos y organizaciones profesionales, y que han terminado salpicando al propio Gobierno. La Fiscalía también presentó una denuncia, eso sí, sin mencionar al Ejecutivo central.

Audios de Adif

Las conversaciones se publicaron en los medios de comunicación apenas horas después del siniestro. En ellas se escucha a los maquinistas del AVE de Renfe –uno de ellos recién fallecido– y del tren de Iryo hablar con el Centro de Regulación y Control (CRC) de Atocha minutos antes del accidente.

El Sindicato Profesional Independiente de Controladores Aéreos (SPICA) ha sido una de las primeras voces en reaccionar. El 29 de octubre expresó “su más firme rechazo” a la difusión de los registros, una filtración que calificó de “parcial y descontextualizada”.

Según el sindicato, los fragmentos se divulgaron “sin garantías de fiabilidad”, porque se desconocía si el contenido estaba completo, el orden cronológico de los intercambios y el contexto operativo de cada conversación.

SPICA ha exigido identificar a quienes ordenaron o permitieron la salida a la luz de ese material confidencial. También ha recordado que el ‘Anexo 13’ de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y el Reglamento europeo 996/2010 blindan estas comunicaciones para sostener los principios de la “cultura justa”.

La organización ha manifestado, además, una “honda preocupación” por el silencio de la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes (AITAT), que no ha condenado la filtración ni recordado el deber de reserva.

Al día siguiente, el Sindicato del Sector Federal Ferroviario de la CGT censuró la publicación de “comunicaciones parciales e interesadas” que, a su juicio, exponían a los trabajadores a un juicio público precipitado. La central instó a Adif a “proteger a su personal” e investigar el origen de las filtraciones.

Para la CGT, un accidente de esta gravedad “difícilmente puede explicarse analizando únicamente el último eslabón de una cadena”.

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha señalado directamente a Moncloa. El pasado 9 de noviembre advirtió de que exigiría responsabilidades si se demostraba que la Secretaría de Estado de Comunicación, dependiente de la Presidencia del Gobierno, estaba detrás de la filtración.

“Encontrarte en los medios de comunicación fuera de contexto la voz de un compañero en unas conversaciones que la gente que trabaja en el ferroviario sabe que son conversaciones encriptadas y que, por tanto, habían tenido que desencriptar, genera una indignación que yo comparto plenamente”, denunció Sordo en una entrevista.

Preguntado por las medidas que adoptaría el sindicato si se confirmaba ese extremo, fue tajante: “Se pedirían las responsabilidades de todo tipo. Responsabilidades, en primer lugar, políticas”.

Formaciones como ERC, PNV y Podemos también han reprochado al entonces ministro de Transportes, Óscar Puente, que se filtraran las conversaciones entre el centro de control y los maquinistas.

En sus primeras explicaciones, Puente apuntó a una orden “inexplicable” del Centro de Control de Adif como principal hipótesis. Según el ministro, se autorizó a un AVE a circular a marcha normal pese a que en la misma vía había un Iryo detenido por la caída del sistema LZB.

Ese sistema, según el propio Puente, se había caído hasta 170 veces en lo que va de año. Las primeras investigaciones de la AITAT han estimado que el choque se produjo a una velocidad de entre 160 y 200 kilómetros por hora.

Tras resistir las peticiones de dimisión de socios, oposición y sindicatos, Puente terminó dimitiendo, igual que el presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña. Vox, por su parte, se ha querellado contra el exministro ante el Tribunal Supremo.

Precedente de Adamuz

No es la primera vez que la difusión de grabaciones de Adif desata la polémica. Tras el accidente de Adamuz (Córdoba), el pasado mes de enero, ya se publicaron audios en los que se escuchaba al maquinista del Iryo llamar al centro de control sin ser consciente de que el Alvia había chocado contra su tren.

Entonces, el vicesecretario del PP Juan Bravo criticó que lo único que se había conocido de Adif era “la filtración de dos audios”. “Sí que eres capaz de filtrar a un medio dos audios y no eres capaz de explicar lo que pasa en cuatro minutos y no tienes la claridad para poderlo dar”, reprochó.

Ahora corresponde a María Dolores Baeza determinar quién sacó de su custodia unas grabaciones que, según los sindicatos, estaban protegidas. Dos tragedias en apenas diez meses han demostrado que, cuando la reserva de una investigación queda al albur de quien tenga acceso a un archivo, lo que se pierde es el relato completo. En Plaza Castilla empieza a rebobinarse una cinta que alguien decidió reproducir antes de tiempo.