La Fiscalía presenta una denuncia por la filtración de los audios de Adif del accidente de Urda

La Fiscalía ha presentado su propia denuncia ante los juzgados de Madrid por la difusión de las conversaciones entre el centro de control de Adif y los maquinistas de los trenes implicados en el accidente ferroviario de Urda (Toledo). El paso llega después de concluir las diligencias abiertas a raíz de una denuncia del sindicato Alternativa Ferroviaria (Alferro), y supone que el Ministerio Público asume por iniciativa propia la persecución de unos hechos en los que aprecia indicios de delito.

La decisión consta en una comunicación remitida a Alferro y firmada por la fiscal Patricia Galán Álvarez. El escrito se refiere a las diligencias preprocesales 1249/2026.

Según el documento, en ese expediente «ha recaído Decreto de fecha 5 de noviembre de 2026 por el que se acuerda su conclusión y la interposición de denuncia». La notificación al sindicato lleva sello de salida del 10 de noviembre.

La denuncia de la Fiscalía ya se encuentra en el registro penal del Tribunal de Instancia de Madrid y, tal como recoge la comunicación, está «pendiente de reparto». Es decir, aún no se ha asignado a ningún juzgado concreto.

Audios del accidente

Las grabaciones difundidas recogen conversaciones mantenidas durante la caída del sistema LZB, el mecanismo de control que dejó de funcionar la mañana del accidente. Ese fallo provocó la detención de hasta seis trenes.

Los audios reflejan además las instrucciones que se dieron para reanudar la circulación de los convoyes en condiciones degradadas. Su divulgación se produjo en plena investigación del choque entre un AVE de Renfe y un tren de Iryo en la línea Madrid-Sevilla, ocurrido el pasado 28 de octubre. El maquinista protagonista del audio acababa de morir.

La filtración ha abierto una polémica sobre la custodia de unos registros considerados clave para esclarecer lo sucedido. En el centro del debate se sitúa una pregunta incómoda: cómo llegaron a hacerse públicos unos archivos que formaban parte de la investigación de una tragedia.

Los sindicatos han reclamado que se averigüe cómo se divulgaron esas conversaciones, quién accedió a los archivos originales y quién los facilitó. También han pedido que se determine si estaban protegidos por obligaciones de confidencialidad o por el secreto judicial.

La actuación de la Fiscalía se suma a otras acciones judiciales: varias organizaciones sindicales han ido sumando denuncias y querellas en distintos frentes. Lo que distingue el caso de Alferro es que ha sido el propio Ministerio Público, liderado por la fiscal general Teresa Peramato, quien, tras tramitar las diligencias, ha decidido acudir a los tribunales.

El resto de sindicatos, en cambio, ha llevado sus acciones directamente ante los juzgados. Hasta el momento no ha trascendido si alguna de esas denuncias ha sido admitida a trámite.

El Sindicato de Circulación Ferroviario (SCF) fue el primero en moverse. El 30 de octubre presentó una denuncia ante el juzgado de Orgaz (Toledo), que es el órgano que investiga el accidente.

Comisiones Obreras (CCOO) ha acudido a la jurisdicción penal el 3 de noviembre por un posible delito de revelación de secretos. El sindicato ha denunciado los hechos también ante la Agencia Española de Protección de Datos.

UGT, por su parte, ha interpuesto una querella contra Adif y contra quienes hubieran podido acceder a las grabaciones, copiarlas o facilitarlas a terceros.

También la Fiscalía Europea ha abierto diligencias por un presunto mal uso de fondos europeos en obras en esa línea.

Denuncia contra Puente

La denuncia que ahora asume la Fiscalía no es la única iniciativa de Alferro en este asunto. El sindicato la presentó esa iniciativa ante la Fiscalía Provincial de Madrid, pero el mismo 3 de noviembre registró otra distinta ante la Fiscalía del Tribunal Supremo.

Aquella segunda denuncia apuntaba directamente a Óscar Puente, entonces ministro de Transportes. El sindicato le reprochaba haber reconocido que había escuchado las grabaciones y haber revelado detalles de una de las conversaciones.

En ese escrito, Alferro pidió investigar posibles delitos de revelación de información reservada o de actuaciones procesales declaradas secretas. Sobre el recorrido de ese expediente no se han conocido novedades.

Así, el caso avanza ya por dos vías paralelas: la causa principal sobre el accidente, que instruye el juzgado de Orgaz, y las distintas acciones penales por la filtración, que ahora suman el respaldo de la Fiscalía.

Mientras tanto, la red ferroviaria sigue sometida a tensión. Este martes, la estación sevillana de Santa Justa, uno de los extremos de la línea donde se produjo el choque, se ha visto afectada por la huelga de maquinistas.

La paradoja del caso resulta difícil de pasar por alto. Las grabaciones que debían ayudar a explicar qué falló aquella mañana en la línea Madrid-Sevilla se han convertido, ellas mismas, en objeto de investigación. Ahora será un juez quien tenga que determinar no solo qué se dijo en esas conversaciones, sino también quién decidió que el resto del país debía escucharlas.