Peramato asciende a la máxima categoría a una fiscal de su asociación pese a que su rival recibió 4 votos más

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha ascendido a la máxima categoría a una fiscal de su asociación, la Unión Progresista de Fiscales (UPF), pese a que su rival recibió cuatro votos más. Se trata de María Teresa Vicente Calvo, quien ha sido designada por Peramato como fiscal de Sala coordinadora de Menores.

A esta plaza concurrieron siete peticionarios. El fiscal José Miguel de la Rosa recibió el apoyo de siete miembros del Consejo Fiscal –los seis vocales de la Asociación de Fiscales y de la vocal de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales–, mientras que María Teresa Vicente Calvo obtuvo tan sólo tres votos –el del otro vocal de la UPF y de las dos vocales natas–.

Sin embargo, Peramato propuso a la fiscal de su asociación para el puesto. En consecuencia, su nombramiento se ha publicado recientemente en el BOE. Así, de nuevo ha sido designada para ocupar una plaza de la máxima categoría una candidata en contra del sentir mayoritario de los vocales del Pleno.

Para los vocales de la Asociación de Fiscales (AF), la mayoritaria, esta circunstancia, «cuando menos, invita a pensar que una vez más, la afinidad parece haber demostrado ser una cualificación de notable utilidad a la hora de ser nombrado para determinados puestos».

Peramato afirma que ha basado su elección «en criterios de mérito y capacidad, en su amplio currículum y experiencia, y en la propuesta de su plan de actuación».

Por su parte, los vocales de la asociación mayoritaria resaltan la valía del resto de los candidatos a la plaza, especialmente la de su compañero de la asociación José Miguel de la Rosa, «cuya trayectoria profesional, currículum y plan de actuación les habría hecho merecedores de la plaza a la que optaban», como pusieron de manifiesto al inicio de sus votaciones.

Equiparable a magistrado del Supremo

El puesto de fiscal de Sala es equiparable al de magistrado del Tribunal Supremo en la Carrera Judicial en categoría y con una remuneración igual. Se trata de un cargo vitalicio hasta la jubilación y con el que automáticamente se pertenece a la Junta de Fiscales de Sala, con voz y voto, la cual es presidida por quien ostenta el cargo de fiscal general.

Dicho órgano asiste a Peramato en materia doctrinal y técnica sobre formación de los criterios unitarios de interpretación y actuación legal, resolución de consultas, elaboración de las memorias y circulares, preparación de proyectos e informes que deban ser elevados al Gobierno, y sobre asuntos de calado que la máxima representante de la Fiscalía estime someter a su conocimiento y estudio.

Por ejemplo, en octubre de 2024, el entonces fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, tras ser imputado por el Tribunal Supremo por revelación de secretos y anunciar que no iba a dimitir, sometió a votación de la Junta de Fiscales de Sala este asunto y la mayoría apoyó su continuidad. Sin embargo, en el Consejo Fiscal, la mayoría le solicitó que abandonara el cargo al considerar que era lo mejor para el Ministerio Público.

Además, en junio de 2024, la Junta de Fiscales respaldó por 19 votos a favor, 17 en contra y una abstención el criterio de García Ortiz de apoyar ante el Supremo la aplicación de la ley de amnistía a todos los delitos de los líderes del procés. Asimismo, la Junta de Fiscales de la Sala del Supremo avaló en junio de 2024 la tesis del fiscal general de que se aplicara la amnistía a los miembros de los CDR acusados de terrorismo.

La AF trató de evitar el nombramiento

Los seis vocales de la AF –Ana López Riera, Esther Moreno Amaya, José Francisco Ortiz Navarro, Macarena Ortiz Tejonero, Javier Ródenas Molina y Alberto Rodríguez Fernández– trataron de evitar que Vicente Calvo concurriera a la plaza por ser miembro del Consejo Fiscal, al ser vocal electiva de la UFP. En concreto, plantearon una reflexión con carácter previo a la votación sobre el hecho de que un vocal del Consejo Fiscal acceda a una plaza discrecional, siendo, además, ésta de la máxima categoría dentro de la carrera.

Estos vocales sostienen que «quien recibe de la Carrera Fiscal un mandato representativo para formar parte del órgano encargado de velar por la objetividad de sus procedimientos, no debería situarse, mientras ejerce ese mandato, en una posición que pueda ser percibida por aquellos fiscales que se lo confiaron como susceptible de proporcionarle una ventaja institucional en su propia carrera profesional».

Se pronuncian así porque la nueva fiscal de Sala de Menores seguirá siendo miembro del Consejo Fiscal, y ahora también de la Junta de Fiscales de Sala. «Aunque la norma no lo prohíbe, la integridad debe estar por delante de la misma», sentencian.

María Teresa Vicente Calvo estaba actualmente desempeñando el puesto de fiscal adscrita a la fiscal de Sala Coordinadora de Menores. Una plaza para la que fue designada por el fiscal general del Estado condenado, Álvaro García Ortiz, quien también presidió la UFP.

Colonizada la cúspide de la Fiscalía

Como ya ha revelado OKDIARIO, los ex fiscales generales del Estado Dolores Delgado y Álvaro García Ortiz, nombrados por el Gobierno de Pedro Sánchez, también han dejado colonizada la cúspide de la Carrera Fiscal con afines para la próxima década.

Desde que el pasado 6 de julio tomaron posesión los nuevos vocales del Consejo Fiscal, Peramato ha convocado otros tres plenos más, dos de ellos con concursos a plazas discrecionales, y de los seis candidatos al Consejo Fiscal por la lista de la UPF han sido nombrados para estas plazas dos de los candidatos que iban en su lista. El otro es Fernando Benítez.

Otras de sus decisiones que han levantado polvareda fueron la purga a la fiscal jefe superior de Madrid, Almudena Lastra, quien atribuyó a García Ortiz la filtración contra la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso; o el ascenso a la ex fiscal provincial de Madrid Pilar Rodríguez, que fue quien entregó los correos del novio de Ayuso a García Ortiz y estuvo investigada junto a él, y ahora es fiscal de lo Social del Tribunal Supremo.

También el ascenso de la mujer del fiscal general condenado, María Pilar Fernández Pérez, a teniente fiscal de la Fiscalía de Galicia.

A diferencia de la Junta de Fiscales de Sala, cuyos miembros son designados a propuesta del fiscal general del Estado, el Consejo Fiscal está constituido por 12 miembros, de los que nueve son elegidos directamente por la carrera. Y mientras en las últimas elecciones al Consejo Fiscal, la AF consiguió el apoyo mayoritario, con seis vocales frente a dos de la UPF, la asociación de la fiscal general sólo consiguió dos. Sin embargo, mientras la carrera va retirando el apoyo a la UPF, ellos se van colocando sin pudor alguno.