Jubilación anticipada para todos menos para Guardia Civil: Díaz la pide ahora para los guardas de refugio
La Federación Aragonesa de Montañismo pidió al Gobierno que reconociera su "exposición a riesgos"
El Ejecutivo de Sánchez y Díaz negó a la Guardia Civil este derecho pero sí lo entregó a la Policía Nacional
Sumar, la formación de la vicepresidenta segunda del Ejecutivo, Yolanda Díaz, ha pedido ahora la jubilación anticipada para los guardas de refugio de Aragón. Una profesión más que goza del apoyo del partido de Gobierno, en contraste con el abandono al que la Administración central ha venido sometiendo a la Guardia Civil. Y es que la Benemérita ha exigido este derecho desde hace años, sin éxito, mientras que incluso se lo otorgaban a otro cuerpo de seguridad del Estado como la Policía Nacional.
Jorge Pueyo, diputado de Sumar en el Congreso, ha presentado una iniciativa sobre el «reconocimiento de coeficiente de reducción a la edad de jubilación según Real Decreto 1698/2011 de los guardas de los refugios de montaña pertenecientes a la Federación Aragonesa de Montañismo».
El texto del colega de partido de la también ministra de Trabajo se ha hecho eco de que la Federación Aragonesa de Montañismo solicitó al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, de la socialista Elma Saiz, que se reconociera ese derecho.
La iniciativa recuerda que estos profesionales argumentaban que la medida respondía a un motivo de «singularidad, localización de los lugares donde trabajan, así como la constante exposición a riesgos y al aislamiento en el que se encuentran». Unos motivos que desde los partidos que conforman el Gobierno no atribuyen a los guardias civiles para aplicarles este mismo derecho.
«Los 16 establecimientos entre refugios y albergues de la Federación Aragonesa de Montañismo son prácticamente los únicos de Europa abiertos los 365 días del año (solo accesibles en invierno con esquís de montaña, con el riesgo de aludes y cambios climáticos que conlleva), situados la mayoría entre 1.500 y 2.400 metros de altitud (y en algún caso a más de 2.400) y gestionados aproximadamente por 40 guardas titulares», expone Pueyo.
Por todo ello, el diputado del partido fundado por Yolanda Díaz pone en valor el «aislamiento» y el «tipo de trabajo que realizan los guardas». «Les expone a multitud de riesgos, no sólo por el acceso a su lugar de trabajo, sino por el tipo de labores que desempeñan, así como su localización en lugares completamente aislados y en algunos casos en absoluta soledad durante semanas», subrayan.
«Aunque la profesión de guarda de refugio de montaña es vocacional y a todos les apasiona su trabajo, a partir de cierta edad las labores duras y complejas que deben realizar aumentan el riesgo de accidente de una manera», inciden.
La iniciativa de la Chunta interroga al Gobierno sobre «cuándo tiene previsto el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones responder a la solicitud presentada por la Federación Aragonesa de Montañismo» sobre el «reconocimiento de coeficiente de reducción a la edad de jubilación» para los guardas de refugio.
Sin jubilación para la Guardia Civil
Todo ello mientras el Gobierno de Sánchez y Díaz excluye a la Guardia Civil del real decreto para equiparar la jubilación anticipada de los policías nacionales a la de los cuerpos locales y autonómicos como los Mossos d’Esquadra o la Ertzaintza.
El real decreto respondía a una sentencia del Tribunal Supremo tras un recurso de Jupol, sindicato de Policía Nacional, en el que solicitaba equiparar los requisitos para solicitar la jubilación anticipada. La Sala de lo Contencioso-Administrativo falló contra el Estado por negar sistemáticamente a los policías nacionales el derecho a la jubilación anticipada, un privilegio que sí reconoce y financia para cuerpos autonómicos y locales.
El escrito de la última instancia judicial ponía el foco en la contradicción que se había generado al financiar íntegramente la jubilación anticipada a Ertzaintza, Mossos d’Esquadra, Policía Foral de Navarra o policías locales, mientras que dejaba en el limbo legal a la Policía Nacional.
El Gobierno decidió acatar esta sentencia limitándose a equiparar a los policías nacionales que entraron al cuerpo desde 2011 con los agentes de cuerpos autonómicos y locales. De ese modo, olvida, en primer lugar, a los agentes que entraron con anterioridad y, por otro lado, a todos los miembros de la Guardia Civil.
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