Jésica Rodríguez, ex pareja de Ábalos, guarda silencio ante el juez tras ser imputada por sus enchufes

Jésica Rodríguez, ex pareja del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, se ha acogido este lunes a su derecho a no declarar ante la Audiencia Nacional, donde estaba citada como imputada por su contratación irregular en las empresas públicas Ineco y Tragsatec. La comparecencia, solicitada por la Fiscalía Anticorrupción tras la condena del Tribunal Supremo a Ábalos, se enmarca en una nueva ramificación del caso Koldo por presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias.

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, instructor de la causa, ha sido quien ha citado a Rodríguez tras conocerse la sentencia del alto tribunal. El magistrado ha extendido también la imputación a Joseba García, hermano del que fuera asesor ministerial Koldo García, y a Ignacio Zaldívar, director de Gestión Administrativa de Adif en el momento de las contrataciones.

Los tres han optado por la misma estrategia procesal. Tanto Joseba García como Zaldívar han seguido el ejemplo de Rodríguez y se acogen igualmente a su derecho a no declarar ante el magistrado.

Jésica Rodríguez ha llegado a la sede judicial, de nuevo, visiblemente parca en gestos públicos, ataviada con peluca, mascarilla y gafas de sol para evitar que las cámaras congregadas captaran una imagen nítida de su rostro.

Había pedido previamente que se suspendiera su declaración hasta que se resolviera el recurso presentado contra la citación, petición que finalmente no ha prosperado.

La Fiscalía Anticorrupción incardina sus acusaciones en la sentencia del caso mascarillas, que condenó a Ábalos a 24 años de prisión. Ese fallo señalaba la existencia de «datos que apuntan a la intervención» del hermano de Koldo y de Zaldívar en la contratación de Rodríguez en las dos empresas públicas.

El Ministerio Público sitúa a la ex pareja del exministro como «principal beneficiada por el ilícito proceder en su contratación» en Ineco y Tragsatec, y subraya su «eventual responsabilidad penal» en los hechos investigados.

Contrataciones en Ineco y Tragsatec

La sentencia del Supremo calificó la contratación de Rodríguez como «prácticas de enchufismo» y detalló que la mujer se embolsó 43.950 euros sin acudir nunca a trabajar. Los magistrados atribuyeron a Ábalos gestiones concretas para «activar» dicha contratación y «facilitar» una «interesada cobertura» con el fin de «eludir los controles del desarrollo efectivo de su trabajo».

Según recoge la sentencia, la propia Rodríguez recibió indicaciones expresas de Koldo García para que, si algún responsable de Ineco preguntaba por su actividad, respondiera que trabajaba para una tercera persona, Joseba García. En ese periodo cobró 34.450 euros de salario sin desarrollar «ninguna actividad laboral ni acudir a las oficinas de la entidad».

Cuando su contrato en Ineco llegaba a su fin, Ábalos y Koldo García contactaron con la entonces presidenta de Adif, quien encomendó a Zaldívar que procurara la nueva contratación. El 2 de marzo de 2021, prácticamente sin solución de continuidad, Rodríguez comenzó a trabajar en Tragsatec.

El propio Zaldívar, en su declaración como testigo durante el juicio del caso mascarillas, reconoció que la presidenta de Adif le trasladó que Ábalos «la había llamado» porque alguien en Ineco «estaba molestando a Jésica».

El ex directivo, que se definió como una «correa transmisora» de información entre Ineco y la presidencia de Adif, ha negado sin embargo que nadie le advirtiera de que había una persona «en una situación especial» por no fichar: «No, no, hubiese sido una anomalía inadmisible», subrayó entonces.

Antecedentes en el Supremo

Esta no es la primera vez que Rodríguez es citada sobre este asunto. Ya declaró como testigo el pasado mes de abril ante el Tribunal Supremo, en el juicio que terminó condenando a Ábalos.

En aquella ocasión reconoció que estuvo contratada durante dos años y medio sin realizar tarea alguna, y admitió con rotundidad que «el señor Ábalos estaba al tanto de todo». Justificó su falta de sospecha inicial señalando que procedía del sector privado y que nunca pensó que «una empresa pública es una empresa en la que tú necesitas hacer unas oposiciones».

Sobre su paso por Tragsatec, reconoció entonces la ausencia de un proceso de selección ordinario, al admitir que «no hizo ninguna entrevista» y que formalmente era «la auxiliar del señor Joseba».

El juez la imputó formalmente el pasado 3 de junio, después de que la Fiscalía solicitara extender la instrucción a los presuntos beneficiarios de las contrataciones irregulares detectadas en la sentencia del Supremo.