Iustitia Europa se opone al recurso del Gobierno y pide mantener la suspensión cautelar de la Ley de Nietos

Iustitia Europa ha pedido al Tribunal Supremo que mantenga su decisión de paralizar de forma cautelar el voto y las nuevas inscripciones en el censo electoral para nacionalizados por la denominada Ley de Nietos salvo exilio acreditado de familiares, oponiéndose así al recurso del Gobierno para que se levantara la suspensión.

En un escrito, la organización entiende que «la suspensión limitada de nuevas actuaciones censales controvertidas, acompañada de la conservación íntegra de los expedientes y de la posibilidad de subsanación individual, ocasiona una afectación menor y temporal que la producción de efectos electorales sobre una realidad censal cuya trazabilidad no se encuentra plenamente asegurada».

«La medida preserva el equilibrio entre los derechos de los electores y el interés general en la regularidad del proceso electoral», transmite a la Sala de lo Contencioso-Administrativo.

A su entender, la ponderación de intereses «conduce igualmente a mantener la tutela acordada» porque «el interés general no se identifica exclusivamente con la continuidad de las altas o con la inmediata eficacia de la actuación administrativa».

«También existe un interés general en que la formación del censo electoral se realice conforme a criterios objetivos, homogéneos, verificables y suficientemente motivados, así como en que las instituciones puedan acreditar posteriormente la regularidad de cada incorporación», argumenta.

Iustitia Europa, cuyo recurso junto a otro de Vox motivó la decisión del Supremo, señala que «la protección del derecho de sufragio exige preservar tanto el derecho de quienes reúnen los requisitos legales para votar como la integridad del censo en el que ese derecho se ejerce».

«La adopción de medidas de comprobación y trazabilidad no desconoce el derecho de sufragio, pretende asegurar que la inscripción electoral responda a criterios legalmente verificables y que cualquier decisión individual pueda ser revisada con las garantías correspondientes», agrega.

El Gobierno recurrió la decisión del Supremo afirmando que no puede alterar el resultado electoral «por pura matemática» y que hay consulados con dificultades para poder analizar todos los expedientes en plazo. A través de la Abogacía del Estado, el Ejecutivo de Pedro Sánchez pidió al alto tribunal que deje sin efecto su decisión y dé marcha atrás con las medidas cautelares adoptadas.

Los servicios jurídicos señalaron que «no existe ningún riesgo derivado del crecimiento del Censo Electoral de Residentes Ausentes» (CERA): «Y aún en el negado caso de que existiese algún riesgo, sería tan ínfimo que no justificaría cercenar los derechos de voto de cientos de miles de personas, piedra angular de la democracia». Y añadieron que «nadie puede predecir el sentido del voto de las personas incorporadas al censo, y en todo caso, no podría alterar el resultado electoral por pura matemática».