Irene Montero encarga un informe de 17.303 € sobre los beneficios de excarcelar a las mujeres presas

El Ministerio de Irene Montero encarga el enésimo contrato menor para realizar un informe que apuntale sus tesis políticas. Tal como avanza OKDIARIO, Igualdad ha encargado un estudio sobre los beneficios de excarcelar a mujeres condenadas a prisión. Se trata de un desembolso de 17.303 euros, impuestos incluidos a la Fundación para la investigación aplicada en delincuencia y seguridad. Es una adjudicación ‘a dedo’, ya que sólo se ha recabado una única oferta. Además, se apura el límite legal de 14.999 euros (18.148 euros) de presupuesto para la adjudicación para evitar un concurso abierto a cualquier entidad.

En este caso, el objeto de la contratación reza: «Elaboración del estudio: El perfil sociodemográfico de las mujeres penadas con medidas alternativas a la prisión, vulnerabilidad y factores de riesgos». Los investigadores analizarán la situación de mujeres que han esquivado periodos de cárcel. Como recoge el Portal de Contratación del Estado, la citada fundación tendrá 12 meses para desarrollar sus trabajos que ordena el Instituto de las Mujeres, órganos oficial del Ministerio de Igualdad.

Una vez más Podemos maniobra para luchar contra lo que consideran populismo punitivo. Consideran que es mejor que los delincuentes estén el menor tiempo posible entre rejas. Apuestan porque salgan a la calle lo antes posible. En ese marco, medidas alternativas a la prisión son muy positivas a los ojos de los morados. En el lado opuesto, para ellos, la prisión permanente revisable, una medida de la que se oponen furibundamente incluso para los reos más peligrosos.

Llama la atención este contrato, ya que los asuntos ligados a centros carceleros se gestionan desde el Ministerio del Interior y la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias.

Cifras

Según los últimos datos oficiales disponibles, de julio de 2022, hay 47.354 personas en este régimen de medidas alternativas a la cárcel. La mayoría de entre 36 y 45 años (13.572). Por nacionalidades, los españoles encabezan el ranking (23.254) seguidos de ecuatorianos (1126), marroquíes (1153) y colombianos (1079). Por sexo hay 43.269 hombres y sólo 4085 mujeres. A esas delincuentas serán las que estudiarán este nuevo informe del Ministerio de Igualdad.

La gestión y seguimiento de las penas y medidas alternativas está regulada por un Real Decreto de 2011. Son sanciones penales que mantienen al infractor en su medio comunitario, esto es, el penado está en libertad y cumple su pena en libertad, aunque bajo determinadas restricciones, condiciones y/o obligaciones, según cada caso. Pueden ser trabajos en beneficio de la comunidad y la suspensión o la sustitución de las condenas.

Los trabajos en beneficio de la comunidad no pueden imponerse sin el consentimiento del penado. Le obligan a prestar su cooperación no retribuida en determinadas actividades de utilidad pública. Pueden ser, en relación con los delitos cometidos por el penado, en labores de reparación de los daños causados o de apoyo o asistencia a las víctimas, así como en la participación del penado en talleres o programas formativos o de reeducación, laborales, culturales, de educación vial, sexual y otros similares.

También se contempla no aplicar una pena privativa de libertad en virtud de determinadas características del penado y de la propia infracción cometida. Conlleva la obligación del penado de no volver a delinquir en determinado periodo de tiempo (de 2 a 5 años) y puede, además, llevar aparejado el cumplimiento de una o varias reglas de conducta, como la participación en algún programa de intervención.