El jefe de seguridad de Podemos avisó que el ‘caso escolta’ de Montero acabaría en «titulares de periódico»

El jefe de Seguridad de Podemos en 2016, Sergio Illanes, advirtió a la dirección del partido de que la situación de ilegalidad de la escolta convertida en recadera por Irene Montero acabaría en los medios de comunicación: “Dado que las funciones que viene a desarrollar son las de escolta, esto tiene un problema legal que puede originar titulares de periódico”.

En el mismo mail en el que Illanes avisó a la cúpula del partido de que la situación laboral de la trabajadora era “claramente ilegal”, también advirtió de las consecuencias administrativas, jurídicas y mediáticas que suponía mantenerla empleada sin regularizar los requisitos que la ley exige para los profesionales de la seguridad privada.

La propia escolta de Irene Montero afirma en la demanda presentada ante el Juzgado de lo Social número 3 de Madrid -procedimiento 917/2019- que fue contratada por Podemos, en febrero de 2016, como Ayudante no titulado del Área de Logística del partido.

Sin embargo, su incorporación al organigrama de la formación fue para desarrollar las funciones propias de escolta de los líderes del partido. Inicialmente Pablo Iglesias y a partir de septiembre de 2017 también para Irene Montero.

Esta última, como miembro del Consejo de Coordinación -del que también formaba parte Pablo Echenique- fue informada por Sergio Illanes de la “clara ilegalidad” en la que estaba incurriendo Podemos al contratar, al menos, a dos de sus escoltas como empleados del área de Logística y Transporte, sin mediar la empresa de seguridad homologada por el Ministerio del Interior para la prestación de ese tipo de servicios, como exige la ley.

Sanciones graves

“Ya hemos escrito por varias vías y reiteradas veces al Consejo de Coordinación y al departamento de legal (el cual coincide con el criterio y los informes presentados)”, decía Illanes en una comunicación en que se lamentaba de que dicho Consejo hubiese “omitido en repetidas ocasiones la deliberación y decisión sobre los compañeros de Logística y Transporte”. Entre ellos, la escolta de Montero.

La omisión de Podemos “deja a dichos compañeros en una situación de clara ilegalidad, sobre la que son responsables tanto ellos -de forma injusta- como el partido”, decía Illanes en el mail dirigido a la directiva de la formación, al que ha tenido acceso OKDIARIO en exclusiva.

El entonces jefe de Seguridad de Podemos afirmaba que “dado que las funciones que vienen a desempeñar son las de Escoltas” -que en los contratos figurase una categoría profesional diferente- generaba un “problema legal” importante para el partido.

Tal es así que “puede originar titulares de periódico, multas cuantiosas al partido (de 30.000 a 600.000 euros) y la inhabilitación de 4 años a los compañeros con titulación por no ejercer de manera legal sus funciones”, continuaba Illanes.

Intrusismo

En el correo de Illanes se informó tanto al Consejo de Coordinación como al departamento de administración de Podemos que “hoy jueves 10”, de noviembre de 2016, “el compañero de Logística Transporte Victor Martins” -actual jefe de seguridad de Podemos, tras el cese de su predecesor, este mismo año, con la salida de Iñigo Errejón- “tiene la titulación de Escolta Privado, al igual que la compañera”, en referencia a la escolta de Irene Montero que ahora demanda a la formación por las irregularidades de ésta en su trato como trabajadora.

Esto es, al menos la trabajadora no disponía de los requisitos legales necesarios para ser incorporada como escolta a la plantilla de Podemos en el momento en el que firmó el contrato laboral con la formación.

Además, dicha situación laboral irregular se prolongó en el tiempo. La escolta fue dada de alta de manera directa por Podemos sin atender a la normativa del sector. Una cuestión que ya ha sido puesta en conocimiento de la Unidad Central de Seguridad Privada de la Dirección General de la Policía Nacional por la Asociación Española de Escoltas (ASES), para su investigación de oficio, al hilo de las informaciones publicadas por OKDIARIO.

La entidad que representa los intereses de los profesionales de la seguridad privada ha avanzado que instará a “la Fiscalía” para que investigue, judicialmente, si los hechos son constitutivos de un delito de intrusismo.