El imputado Alberto Casero reconoce en el Supremo “problemas administrativos” en contratos públicos

Alberto Casero, el diputado del PP que saltó a los medios de comunicación tras propiciar la aprobación por la mínima de la reforma laboral, ha declarado este lunes como imputado en el Tribunal Supremo por un presunto delito de prevaricación continuada y malversación durante su etapa como alcalde de Trujillo (Cáceres). El dirigente popular ha reconocido que «ha podido haber problemas administrativos» con determinados acuerdos que realizó en 2017 y 2018 cuando era regidor.

Casero ha acudido a declarar después de que el juez instructor Andrés Palomo le citara para que prestase declaración voluntaria, ya que no se ha tramitado suplicatorio al Congreso, donde está aforado. El magistrado consideró pertinente que compareciera a raíz de la exposición razonada que elevó el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Trujillo, en la que se calificaban los hechos atribuidos al entonces alcalde como delito continuado de prevaricación administrativa. La Fiscalía, por su parte, entendía que había también indicios de un delito de malversación.

El investigado ha declarado durante más de hora y media y ha asegurado a su salida que «el interrogatorio ha ido bien». El que fuera mano derecha de Teodoro García Egea, ex secretario general del PP, ha manifestado que su declaración ha transcurrido con «normalidad», por lo que ha asegurado sentirse «tranquilo».

Irregularidades

Las diligencias previas contra Casero se incoaron por la denuncia presentada por la Fiscalía a la luz del estudio de diversos contratos, acuerdos o convenios concertados por Casero como alcalde de Trujillo durante 2017 y 2018. Entendía la magistrada que pueden existir «indiciaria responsabilidad penal» del diputado, aforado por ser diputado electo por Cáceres, según subrayaba la exposición razonada.  En concreto, según confirmó el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, se investiga si Casero, como primer edil de Trujillo, adjudicó contratos a dedo, sin expedientes y saltándose la Ley de Contratos Públicos.

La exposición apuntaba que, a lo largo de la investigación, «ha quedado acreditado que el 3 de marzo de 2017, Casero contrató a Pablo Bonilla en calidad de psicólogo para asistir a mujeres víctimas de violencia de género, que éste cobró facturas por esos trabajos por importe de más de 6.000 euros a pesar de estar dado de baja de la Seguridad Social, y que firmó con él un contrato menor en agosto de ese año por valor de 18.000 euros anuales».

Según indicó la magistrada, Casero «no informó ni aportó al ayuntamiento el contrato suscrito, ni se instruyó expediente de contratación, ni se recabó informe del órgano de Contratación sobre la necesidad del servicio, ni se aprobó el gasto». Tampoco consta que el psicólogo realizara los servicios por los que presentó factura. La Comisión de Violencia de Género asegura que «no le consta ninguna actuaciónW de Bonilla en dicho órgano». Del mismo modo, el escrito expone que Casero firmó un convenio con la Cámara de Comercio de Perú por el que se comprometía a realizar una aportación económica de 25.000 euros para financiarlo.

Pero Casero no informó a los servicios económicos ni jurídicos del consistorio y no aportó copia del convenio al interventor. Además, la juez recuerda que dicho contrato no fue aprobado en pleno ni publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). A todo ello se suma que Casero no podía adjudicarlo directamente porque superaba los 18.000 euros y, por tanto, precisaba licitación. La exposición recogía que tanto el psicólogo Pablo Bonilla como la Cámara de Comercio de Perú reclamaron parte de las facturas que no fueron abonadas por el consistorio.

La feria del queso

Además del asunto del psicólogo y del convenio, el juzgado menciona otros tres asuntos. Uno de ellos hace referencia al compromiso verbal de Casero en 2017 con la Asociación Cultural Bon Vivant para celebrar en Trujillo la gala Pop Eye a cambio del patrocinio institucional de 18.000 euros. Una vez más, Casero no informó a los servicios competentes, y no tramitó expediente.

En 2018 contrató a Icaro Consultores en Comunicación para organizar la feria del queso por un importe de 14.300 euros como contrato menor. El procedimiento no siguió los cauces habituales y resultó inadecuado.

Y, por último, en el marco de la feria internacional del queso firmó también contrato con Radio Interior SL para promocionarla. El convenio se firmó como un contrato menor pese a superar los 15.000 euros que le obligaba a licitarlo.