Illa tardó 7 días en parar el suministro de las mascarillas defectuosas desde que supo que lo eran

El Ministerio de Sanidad, al comienzo de la pandemia con Salvador Illa al frente, se demoró siete días en paralizar el suministro de las mascarillas Garry Galaxy que no cumplían los mínimos de filtrado desde que tuvo la confirmación de que esa circunstancia. El contrato de esa compra está siendo investigado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. OKDIARIO ha tenido acceso al expediente completo de la contratación y de ahí se extrae esa conclusión. El Gobierno pagó por adelantado 23,8 millones de euros a un broker chino por 2,1 millones de mascarillas y luego recuperó parte del dinero.

La voz de alarma sobre ese lote de mascarillas surge del Gobierno de Aragón a principios de abril de 2020. Posteriormente, se hace un análisis a estos productos de la marca Garry Galaxy, modelo N95, compradas a Hangzhou Ruining Trading Co Ltd y distribuidas a distintos Servicios de Salud autonómicos. El encargo llegó así al Centro Nacional de Medios de Protección el 13 de abril de 2020. Se trata de un organismo público adscrito al Ministerio de Trabajo, la Secretaria de Estado de Empleo y el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Los laboratorios del Ministerio tardan 48 horas en analizar la partida polémica. Lo hacen por solicitud del Hospital Universitari Parc Taulí, de Sabadell (Cataluña). Concluyen que las mascarillas «no cumplen» en lo referente a la «penetración del material frente a aerosol de NaCl en estado de recepción». Analizaron cuántas partículas pasaron en tres minutos y medio.

«El modelo no cumple con ninguna clasificación indicada en la norma UNE-EN 149:2001+A1:2010. Para verificar la diferencia se han realizado también los ensayos de resistencia a la respiración y se comprueba la coherencia con los resultados obtenidos en penetración», indican los expertos en el documento que desvela OKDIARIO.

Ese documento está firmado, según los metadatos del archivo, el 15 de abril de 2020 a las 16:53 por Silvia Torres Ruiz, coordinadora de área del Centro Nacional de Medios de Protección.

En ese momento, en lugar de detener inmediatamente el suministro desde China se dejan pasar los días. OKDIARIO desvela un correo electrónico de Silvia Lacruz, directora general de Cartera Común de Servicios del Servicio Nacional de Salud del Ministerio, a la empresa suministradora, fechado el 21 de abril de 2020 a las 16:55: «Buenas tardes, en relación con la contratación de emergencia, se adjunta requerimiento del Ministerio de Sanidad en relación con las mascarillas del tipo FPP2 del fabricante GarryGalaxy. Les solicitamos nos envíen acuse de recibo». Se adjunta una página, que publica también este periódico, con membrete oficial de Sanidad que firma la misma alto cargo y que hace alusión al informe mencionado previamente que dice: «La eficacia media de filtración estaría en torno al 70%».

«Se requiere el cese inmediato de suministro de cualquier tipo de material del fabricante GarryGalaxy al Ministerio y la reposición a la mayor brevedad posible en su integridad de las mascarillas FPP2 retiradas», agregan en ese texto.

Por tanto, se tarda del 15 de abril al 21 de abril. Una semana sin parar la recepción de material que no protegía a los sanitarios. Del mismo modo, mientras tanto, se siguieron repartiendo las mascarillas defectuosas en los hospitales. Retrasaron el aviso a las consejerías autonómicas varios días, poniendo en riesgo a los facultativos.

Estos hechos lo detectaron en la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) que han conseguido que el TSJC abra una investigación al respecto por actuación negligente por parte del Ministerio. Han interpuesto una querella criminal por la presunta comisión de delito contra los derechos de los trabajadores, tipificado en los artículos 316 y 317 del Código Penal, contra el ministro Salvador Illa y los demás corresponsables.

Consideran que se puso «en grave riesgo la salud e integridad del personal sanitario, y especialmente de los médicos, que han utilizado dicho producto con el convencimiento de su idoneidad». Recuerdan que entre el colectivo de sanitarios hubo miles y miles de contagios y cientos de fallecidos por el virus del Covid-19.

Cabe recordar que el Juzgado de lo Social número 10 de Valencia ya ha condenado tres veces a la Consejería de Sanidad de la Generalitat Valenciana por la desprotección durante la primera ola a los médicos y enfermeros por tema de mascarillas. Por tanto, desde la CESM tienen la confianza en que su querella prosperará.