Illa pagó 12 millones por mascarillas que llegaron 10 meses tarde, cuando ya costaban un 35% menos

El Ministerio de Sanidad, capitaneado por Salvador Illa durante la etapa más crítica de la pandemia, pagó casi 12 millones de euros por un contrato de mascarillas cuya entrega se retrasó 10 meses, cuando el precio por este tipo de material sanitario ya era hasta un 35% inferior y se podía adquirir sin dificultad en farmacias y establecimientos especializados de toda España.

El contrato, por importe de 11.713.367,02 euros sin impuestos, se adjudicó a una empresa con sede en Hong Kong para el suministro de 2,5 millones de mascarillas FPP3. De este modo, el Ministerio de Sanidad pagó 4,68 euros por cada unidad. Un precio que, según advierte el Tribunal de Cuentas en su último informe de fiscalización, fue el más elevado del ejercicio y representó el 88,55 % del importe total destinado a la adquisición de este tipo de suministro.

El elevado coste, no obstante, no es lo más anómalo de este contrato rubricado por Alfonso Jiménez Palacios, entonces director general del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) y hoy uno de los tres altos cargos del Gobierno de Pedro Sánchez acusados de prevaricación, malversación y fraude por las irregularidades detectadas en materia de contratación.

Y es que Jiménez Palacios adjudicó el expediente el 8 de abril de 2020 por la vía de emergencia, una modalidad reservada a situaciones de especial gravedad que exige plazos de ejecución no superiores a un mes. Pese a ello, según advierten a OKDIARIO fuentes del Tribunal de Cuentas, España no recibió el total de las mascarillas hasta el 26 de febrero de 2021. Más de 10 meses después.

En esas mismas fechas, cualquier ciudadano podía adquirir una mascarilla FFP3 en farmacias y establecimientos especializados de toda España por precios que, impuestos incluidos, oscilaban entre los 3 y los 4 euros. Hasta un 35% menos.

Retraso

Este no ha sido el único contrato adjudicado por la vía de emergencia cuyos plazos de entrega se han aplazado sine die. En más del 10% de los expedientes analizados por el Tribunal de Cuentas en su último informe de fiscalización constan retrasos significativos en la recepción del material.

Pese a ello, las fuentes consultadas señalan que el Ministerio de Sanidad no ha persistido en la imposición de penalizaciones por incumplimiento de contrato a las empresas adjudicatarias, tal y como contempla la Ley de Contratos del Sector Público. «Aunque sí se iniciaron reclamaciones en un primer momento, estas han decaído con el paso del de los días», matizan.

En este sentido, destacan casos como el de la empresa Member of the Tribe, con quien el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria negoció in extremis para completar la entrega de 52 millones de guantes de nitrilo con un sobrecoste del 500% y por los que se había adelantado más de un millón de euros de dinero público. Tal y como publicó OKDIARIO, el organismo dependiente del Ministerio de Sanidad se vio obligado a ampliar el plazo de entrega después de que la empresa incumpliera el periodo inicialmente pactado. No obstante, la prórroga resultó en vano porque los guantes nunca se recibieron. El dinero tampoco se recuperó.