Los guardias civiles exigen la dimisión inmediata de su directora y Marlaska: «Es insostenible»

• Rosalina Moreno @rosalina_mb
• Periodista de Nacional. Interior, Defensa y Justicia. rosalina.moreno@okdiario.com
• • 02/07/2026 16:46
  • Actualizado: 02/07/2026 16:56

Los guardias civiles reclaman la dimisión de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y el cese del Director Adjunto Operativo (DAO) de la Benemérita, Manuel Llamas, tras su imputación en el caso cloacas del PSOE por prevaricación administrativa y obstrucción a la Justicia, así como la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Tras conocer la imputación, las asociaciones de guardias civiles han difundido sendos comunicados exigiendo responsabilidades.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la mayoritaria, exige la «inmediata dimisión» de Mercedes González, y el cese del DAO, tras ser citados a declarar como investigados el próximo 16 de julio.

«La gravedad de este paso queda subrayada por un hecho determinante: la petición de imputación no procede únicamente de las acusaciones populares, sino también de la Fiscalía Anticorrupción, que este mismo miércoles presentó su propio escrito solicitando la citación como investigados de ambos responsables», destaca la AUGC, señalando que «cuando el Ministerio Fiscal considera que existen indicios suficientes contra la cúpula de la Guardia Civil, ya no cabe hablar de estrategia política alguna».

La instrucción examina, entre otros hechos, las reuniones mantenidas entre la directora general y la fontanera socialista, Leire Díez, en una de las cuales se habría solicitado la rehabilitación de un comandante investigado en el caso Koldo, así como las instrucciones trasladadas a mandos de la UCO para que se mantuvieran de perfil y evitaran ser proactivos en investigaciones con afectación política.

La AUGC denunció estas maniobras contra la UCO en junio de 2025,
acudiendo a los tribunales «cuando otros callaban», y un año después, la instrucción judicial alcanza a quienes dirigen el Cuerpo, una situación «insostenible».

«Cualquier guardia civil investigado por hechos vinculados al servicio sufre consecuencias inmediatas en su carrera profesional. No cabe un doble
rasero para la cúpula», subraya esta asociación, indicando que «la permanencia en el cargo de la directora general y del DAO, investigados por presuntas interferencias en el trabajo de sus propios agentes, es incompatible con el ejercicio del mando y daña gravemente la imagen de la Institución y la confianza de sus integrantes».

Los mandos también piden la dimisión

También se han pronunciado al respecto las asociaciones de mandos: la Asociación Suboficiales de la Guardia Civil (Asesgc), la Unión de Oficiales (UO) y la Asociación profesional de cabos de la Guardia Civil.

En primer lugar, señalan su «consternación por la situación en la que se está viendo inmersa la imagen de la Guardia Civil y la pérdida de prestigio y confianza que esto puede generar en la ciudadanía».

Y destacan que sin perjuicio de la presunción de inocencia, que respetan, «es incompatible la imputación judicial por cualquier delito con la permanencia en el cargo de directora general de la Guardia Civil y de Director Adjunto Operativo».

Además, indican que «no son pocos los miembros de la Guardia Civil que han sido apartados de sus funciones o son suspendidos sus procesos de ascenso, de condecoraciones, etc., por estas autoridades, al estar incursos en procedimientos penales o disciplinarios, pese a no existir sentencia condenatoria». 

Por ello, no entienden que «quienes aplican esos criterios sean inmunes a ellos cuando les afectan». «Dada la gravedad de los hechos, y sin perjuicio del respeto a la presunción de inocencia, tanto directora general como el DAO deberían presentar su dimisión o ser apartados, en coherencia con los mismos principios y criterios que estas autoridades vienen aplicando a los guardias civiles bajo su mando», concluyen.

Comprometen el prestigio

La asociación Justicia Guardia Civil (Jucil) exige tanto la dimisión de la directora como de Marlaska. Para esta organización, «la
permanencia de ambos en sus respectivos cargos públicos resulta completamente insostenible y compromete gravemente el prestigio y la neutralidad de la institución».

La reciente imputación judicial de la directora, así como la del DAO, supone, a juicio de Jucil, «la gota que colma un vaso ya rebosante de escándalos y casos bajo sospecha que han salpicado la gestión de la Benemérita en los últimos
tiempos». «Esta situación no puede seguir así más. Mercedes González no puede mantenerse ni un minuto más al frente de una institución cuya principal seña de identidad es la ejemplaridad y el estricto cumplimiento de la ley», denuncia esta asociación.

Y hace hincapié en que «quien debe liderar a los guardias civiles en la persecución del delito no puede estar bajo la lupa de los tribunales como investigada». «Como máxima responsable de la institución, está obligada
moralmente a cumplir con el principio que rige a este cuerpo –»el honor es mi divisa»–, y dejar el cargo. «Por dignidad institucional, su salida debe ser inmediata», sostiene.

Además, tacha de «inadmisibles y contradictorias» las explicaciones ofrecidas por el ministro no sólo el pasado martes, en su comparecencia ante la Comisión de investigación en el Senado, sino durante las últimas semanas.

«Es inadmisible que, a pesar de la gravedad de los indicios judiciales y de las imputaciones que cercan a la dirección del Cuerpo, el ministro volviese a manifestar su plena confianza en la directora general», asevera.

El propio ministro confirmó en el Congreso de los Diputados que la elección de Mercedes González era una decisión estrictamente suya y afirmó textualmente que asumía toda la responsabilidad política. Jucil le insta a que «demuestre esa asunción de responsabilidad no con palabras vacías, sino con su renuncia inmediata».

Además, esta asociación contrapone la ejemplaridad de la UCO y de los guardias que se juegan la vida en la calle frente al descrédito judicial de los despachos políticos.

Depurar responsabilidades

Desde la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), «ante las acusaciones que se están vertiendo contra la actual directora por su posible implicación en el caso Leire», ha pedido que «se deje trabajar a la Justicia de manera libremente, sin injerencias de ningún tipo y que se depuren las responsabilidades que correspondan».

En segundo lugar, exige que se permita a los componentes de la UCO «seguir trabajando con total libertad y se respete su investigación sin que se produzcan presiones ajenas a los miembros de la Guardia Civil».

Asimismo, la AEGC declara que estará pendiente de los resultados de las investigaciones judiciales para el esclarecimiento de los hechos y llegar a la verdad de los mismos, y «en caso de existir indicios de culpabilidad, pedir el cese de la directora para que no se siga perjudicando la imagen de la Institución, claramente afectada por todo lo que se está sabiendo sobre este caso de posible corrupción».

«Desde nuestra asociación defendemos el derecho a la presunción de inocencia,  pero consideramos que la actual directora general sólo tiene una salida para evitar seguir perjudicando el buen hacer de la Guardia Civil», concluye.

El honor de los agentes

El presidente de Independientes de la Guardia Civil (IGC), Daniel Fernández, también ha manifestado a OKDIARIO el «hondo malestar y preocupación» de la organización tras conocerse la situación judicial de González y el DAO.

«A pesar de la gravedad de la noticia», Fernández remarca que la prioridad absoluta es «permitir que los tribunales actúen con total independencia» y bajo el escrupuloso respeto a la presunción de inocencia, motivo por el cual la asociación ha optado por no exigir, por ahora, el cese de la directora general.

​Por otra parte, el representante del colectivo ha instado a que este proceso judicial no acabe salpicando «el honor y la impecable trayectoria de los cerca de 80.000 efectivos» que integran la Benemérita.

Asimismo, reclama que este bache en la cúpula «no sirva de freno para las mesas de negociación abiertas ni para los avances normativos clave que el Cuerpo tiene pendientes, señalando de forma prioritaria la urgente declaración de los guardias civiles como profesión de riesgo».