La Guardia Civil pide expulsar a todos los inmigrantes que cruzan «con violencia» a Ceuta

El coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Ceuta, José Luis Gómez Salinero, ha pedido que todos los inmigrantes que entren en territorio español de forma violenta sean expulsados de inmediato al Reino alauita para que no se sientan «impunes».

En el acto institucional para celebrar a la Patrona de la Benemérita en la ciudad autónoma, ha tildado este miércoles de «muy acertada» la devolución a Marruecos de los 114 subsaharianos que el 22 de agosto entraron saltando en grupo el perímetro fronterizo local y de «ajustada» la detención y posterior encarcelamiento en dos casos de parte de los 602 subsaharianos que hicieron lo propio el 26 de julio en una entrada con una «violencia» desconocida hasta entonces.

Gómez Salinero ha dado por seguro que ambas medidas «sin duda redundarán, a modo de efecto disuasorio, en futuros asaltos al perímetro por parte de otros grupos de subsaharianos que con las mismas actitudes opten por recurrir a estos procedimientos tan lesivos».

«Ambos episodios han constituido todo un punto de inflexión en el modus operandi de los inmigrantes, cuyas conductas, las de aquellos que recurrieron a métodos tan lesivos», ha precisado para evitar «criminalizar a todos», bien pudieran a su juicio «calificarse de delictivas».

Pese a que las diligencias sobre el salto del 26 de julio permanecen bajo secreto de sumario judicial, el mando del Instituto Armado ha desvelado que parte de los migrantes «se concentraron en las proximidades de los vehículos oficiales» aparcados junto al perímetro fronterizo «y lanzaron piedras causando, de manera innecesaria, daños en parabrisas y carrocerías».

«El habitual ‘modus operandi’ de los inmigrantes, de por sí ya caracterizado por su inusitada violencia, fue superado con creces en planificación, organización, coordinación y agresividad el 26 de julio en un intento perpetrado por unos 1.000 inmigrantes, y el 22 de agosto, por unos 300, cuando protagonizaron sendos asaltos a la misma zona del perímetro fronterizo», ha defendido.

A su juicio, así sentaron precedentes «en el uso de lanzallamas caseros y sustancias corrosivas, con el inequívoco ánimo de atentar contra la integridad física de los agentes, así como por el empleo de radiales eléctricas para cortar con eficacia y rapidez los diferentes mallazos de los elementos de contención, resultando lesionados un número considerable de guardias civiles».

Gómez Salinero ha dejado claro que la impermeabilización del perímetro fronterizo ceutí no depende de «un mero refuerzo» del despliegue de la Benemérita sino de otros elementos como «garantizar la colaboración permanente de la Gendarmería Real, de la Armada Real, de las Fuerzas Auxiliares y del Ejército marroquíes, así como de otras fuerzas policiales del país alauita presentes en el entorno fronterizo, pues resultan imprescindibles, por lo que la colaboración y coordinación se han de fomentar en el día a día y, sin duda, mejorar».

También ha apostado por «revisar» los medios de contención disponibles, no preparados «para asaltos de la magnitud e intensidad que actualmente soporta» y sustituirlos «por un nuevo y eficaz sistema de detección temprana sobre la base de equipos tecnológicos».

También ha apostado por infraestructuras «de obstáculos pasivos capaces de disuadir, impedir o, al menos, dificultar su vulneración por ese nuevo inmigrante evolucionado en organización y equipamiento y, en todo caso, retrasar la acción de los asaltantes para ganar tiempo, de tal suerte que sirva de apoyo a las medidas de reacción a establecer por los agentes responsables de su custodia».

Ha reclamado «medios disuasorios eficaces» para los agentes y «formación en doctrina de empleo y procedimientos», es decir, «protocolos de actuación que pauten claramente la manera de actuar de los agentes y los medios a emplear, tanto en el perímetro fronterizo como con ocasión de las entradas de inmigrantes en embarcaciones, motos de agua o a nado».

Se trataría de una situación originada «en ausencia de protocolos, que aboca a la incertidumbre y a una espiral de inseguridad jurídica cuando los guardias civiles se enfrentan a la variada casuística que se nos presenta en el cumplimiento de la misión constitucional de defender nuestras fronteras de asaltos y entradas ilegales».

También ha defendido «la inmediata puesta a disposición de las autoridades marroquíes de aquellos inmigrantes que recurran a procedimientos lesivos contra los agentes responsables de los dispositivos de vigilancia en su intento de vulnerar los elementos de contención, dando con ello cumplimiento a acuerdos bilaterales anteriormente suscritos por ambas partes para socabar la percepción de impunidad de la que hasta ahora creían gozar los inmigrantes».