La Guardia Civil cree que fondos de la Asociación de Municipios por la Independencia financiaron el 1-O

La Guardia Civil ha empezado a investigar los movimientos de dinero de dos asociaciones de ayuntamientos. La Asociación de Municipios por la Independencia y la Asociación Catalana de Municipios. Ambas organizaciones viven de las aportaciones que les realizan los municipios inscritos. Es decir, que viven de dinero público. Fondos que deberían haber servido para coordinar la labor municipal y han acabado, según la investigación de la Guardia Civil, en mecanismos coordinados de propaganda en favor del separatismo y de coordinación de actuaciones contrarias a la Constitución.

La documentación de la Guardia Civil se encuentra ya depositada en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona. Y proviene, en parte, de la documentación incautada en el famoso registro del Departamento de Economía del 20 de septiembre. Dentro de esa documentación se ha incluido un apartado previo procedente de las investigaciones policiales abiertas a raíz de las declaraciones del ex juez Santiago Vidal, en las que afirmó su ya famoso “todos estáis fichados”, en referencia a que existía un registro de datos civiles y fiscales de todos los habitantes catalanes. Datos que podrían haber salido, en parte del volcado de ficheros tributarios. Pero, en parte, también, de información vecinal aportada por los ayuntamientos.

La Guardia Civil sospecha que parte de los fondos públicos municipales que deberían haber sido destinados a fines lícitos se han hecho pasar por estas asociaciones con el objetivo de redirigir partidas hacia la promoción del golpe de estado del 1-O. En concreto, la Guardia Civil sostiene que, junto a los posibles delitos de desobediencia y prevaricación, esta utilización de los fondos públicos debe ser analizada por si pudiese albergar un caso de malversación.

En la lupa de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado figuran directamente la presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), Neus Lloveras, y el presidente de la Asociación Catalana de Municipios (ACM), Miquel Buch. Y entre los actos que considera la Guardia Civil probados se encuentra la difusión y promoción del referéndum ilegal suspendido por el Tribunal Constitucional. Unas prácticas que debieron nutrirse de fondos de alguna manera y que quedarían, por ejemplo, dentro de los capítulos prohibidos desde la intervención de las cuentas por parte del Ministerio de Hacienda.

Estas dos asociaciones agrupan a la inmensa mayoría de consistorios de Cataluña y, a través de ellas, se ha instado a sus socios a celebrar, por ejemplo, plenos para la adopción de medidas contra la aplicación del artículo 155 o consignas para forzar el bloqueo del envío de los fondos recaudados que deben acabar en las arcas nacionales de la Hacienda Pública.

La investigación tiene especial relevancia porque estas asociaciones no engloban sólo municipios comandados por los partidos puramente separatistas. Por ejemplo en la ANC, en los meses previos al golpe de estado, se encontraban dados de alta 787 municipios de los 948 que hay en Cataluña. Y de ellos, cerca de un 6% están liderados por el PSC. Esta asociación fue impulsada en su día por el exalcalde de Vic, Josep Maria Vila d’Abadal, quien no dudó en trazar como objetivo de la ANC el apoyo al proceso separatista desde la administración local.

La Guardia Civil es consciente de que las fuertes conexiones y movimientos de dinero de todos los municipios incluidos en estas asociaciones pueden haber facilitado unas rutas de financiación del golpe difíciles de seguir y muy fáciles de usar por parte de los separatistas. La investigación de la Guardia Civil sobre los movimientos en estas dos asociaciones se une a los seguimientos que está realizando la Benemérita sobre las finanzas de ANC y Òmnium Cultural, asociaciones sobre las que ya ha iniciado la búsqueda de cuentas en el extranjero y, especialmente, en paraísos fiscales, tal y como adelantó OKDIARIO.