Golpe a las empresas en plena crisis: UGT pide a Sánchez convocar la mesa para exigir más seguridad
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Por si las empresas tienen pocos problemas con el precio de los carburantes, la subida del SMI, el nuevo impuesto mínimo de Sociedades o la subida de las cotizaciones, UGT ha decidido que es el momento de convocar la mesa oficial para abordar el problema de la siniestralidad laboral. Esa negociación acabará, sí o sí, en más costes para las empresas. Pero UGT se lo ha exigido ya a Pedro Sánchez.
Desde UGT se argumenta que “los datos de accidentes de trabajo correspondientes al mes de enero reflejan un total de 51 personas fallecidas como consecuencia de su jornada laboral, un 6,25% más respecto al año anterior”. Además, sus estadísticas reflejan que se han producido 77.918 accidentes de trabajo, de los que 39.245 accidentes laborales han causado la baja laboral del trabajador (descendiendo este dato en un 6,7%) y 33.905 no han producido incapacidad temporal (experimentando una disminución del 5,4%).
Para UGT, estos datos reflejan la necesidad de que el Gobierno instaure de manera inmediata la mesa de diálogo social en materia de siniestralidad laboral para acordar medidas urgentes que pongan fin a esta situación. Porque, según el sindicato “es el momento, el Gobierno ha de implicarse, no puede mirar hacia otro lado”. En este sentido, el sindicato reclama de manera urgente un Plan de choque contra la siniestralidad laboral, que contenga la reducción de la incidencia de los riesgos psicosociales entre la población trabajadora, porque, según esas mismas estadísticas la primera causa de muerte durante la jornada de trabajo son los infartos y derrames cerebrales, patologías asociadas a este tipo de riesgos laborales.
UGT ha recordado ya que hace unos días se aprobó en el seno del Parlamento Europeo el informe “Un nuevo marco estratégico de la UE para la salud y la seguridad en el trabajo después de 2020” en el que se hace un llamamiento a la Comisión para que proponga una directiva sobre los riesgos psicosociales en consulta con los interlocutores sociales. En España no existe una normativa diferenciada sobre la gestión de los riesgos psicosociales en las empresas, “por lo que es importante que se apruebe dicha Directiva comunitaria”, apunta el sindicato.
Además, reclama una mayor dotación económica para la Inspección de Trabajo, tanto de recursos humanos como materiales, para incrementar la vigilancia y control del cumplimiento de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales y para impulsar los medios en la Fiscalía especializada en siniestralidad laboral para que investigue y depure responsabilidades.
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