El Gobierno ve la ley del referéndum «antidemocrática y contraria a la Constitución y el Estatuto»

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha advertido este martes de que la Ley de Referéndum pactada por JxS y la CUP y presentada por Carles Puigdemont es «manifiestamente antidemocrática» y se ha mostrado convencido de que no entrará en vigor porque es contraria a la Constitución y al Estatuto de Cataluña.

En declaraciones a los periodistas en Barcelona, Catalá ha dicho que «no hay democracia» al margen de la ley y de la Constitución y ha lamentado la «deriva profundamente autoritaria y antidemocrática» que, a su juicio, impulsan JxS y la CUP en Cataluña, donde «parece que son las minorías las que gobiernan», en alusión a los anticapitalistas.

Catalá, que ha asegurado que la Fiscalía evaluará si debe intervenir a raíz de la presentación pública de la futura Ley del Referéndum, ha lamentado que en Cataluña se están produciendo, en el marco del proceso soberanista, manifestaciones «muy preocupantes de movimientos totalitarios y antidemocráticos».

La futura Ley catalana de Referéndum de Autodeterminación, que ha sido presentada por JxSí y la CUP, prevé la posibilidad de declarar la independencia de Cataluña antes de 48 horas si gana el ‘sí’ en un eventual referéndum el 1 de octubre, mientras que si gana el ‘no’, el Govern convocaría unas autonómicas.

El ministro de Justicia, que este martes interviene en Barcelona en el Congreso de las Profesiones, ha asegurado que en los términos en los que ha sido presentada «nunca será una ley en vigor».

«Este proyecto, en los términos en los que lo hemos conocido hoy, nunca, nunca formará parte de nuestro ordenamiento jurídico, porque es manifiestamente antidemocrático, contrario a la Constitución, contrario al Estatuto de Cataluña y contrario a la Democracia, porque niega la participación de los representantes de los ciudadanos y porque crea un sistema firmemente antidemocrático», ha indicado.

«Cuando se impone a los medios de comunicación obligaciones de presentar publicidad institucional, cuando se obliga a los alcaldes y funcionarios a incumplir la ley porque los políticos se esconden detrás de ellos, cuando se quiere obligar a las fuerzas políticas a asumir sin debate determinados planteamientos, cuando se cesa y se suprime a los disidentes, esto son manifestaciones muy preocupantes de movimientos totalitarios y antidemocráticos», ha advertido.

Catalá ha afirmado que el Gobierno seguirá trabajando para que en Cataluña y en España «triunfen» la Constitución y las normas de convivencia: «España es una gran democracia, es a lo que nos deberíamos dedicar todos», ha indicado.

Preguntado sobre si cree que hay margen para que la Fiscalía intervenga, pese a que el citado texto no ha sido presentado oficialmente en el trámite parlamentario correspondiente, Catalá ha recordado que en febrero pasado el Tribunal Constitucional (TC) ya dictaminó que los actos preparatorios para impulsar actividades declaradas nulas e inconstitucionales, como el referéndum, pueden llevar aparejada una responsabilidad penal.

«Por lo tanto, en la medida que pueda estar enmarcado en este contexto, la Fiscalía lo valorará y verá si lo incorpora a las demandas existentes o si, por sí mismo, constituyen hechos ilícitos merecedores de algún tipo de responsabilidad penal», ha apuntado.