El Gobierno Vasco quiere que Sánchez le transfiera la competencia de prisiones «sin más demora»

El portavoz del Gobierno Vasco y consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno, Josu Erkoreka, ha instado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a «crear sin más demora» un grupo de trabajo para transferir a Euskadi la gestión económica de la Seguridad Social. Además, considera que no existen razones que impidan el traspaso de la competencia de prisiones, y ha asegurado que no tolerarán que haya una «resistencia caprichosa arbitraria» para «hacer efectivas» estas transferencias que son prioritarias para el Ejecutivo de Iñigo Urkullu.

En declaraciones a Europa Press, Erkoreka ha asegurado que, aunque han comenzado las conversaciones entre ambas administraciones sobre las transferencias en las que existe «mayor desarrollo» –de forma que en septiembre se abordará en comisión mixta el traspaso de líneas de ferrocarril y autopistas–, el Gobierno del PSOE «sabe que la de instituciones penitenciarias y la de la Seguridad Social son dos materias prioritarias».

Tras recordar que así está recogido en el acuerdo de Gobierno entre el PNV y el PSE-EE, ha señalado que el Ejecutivo vasco «ya lo ha puesto sobre la mesa», pero no ha recibido «una respuesta firme ni a favor ni en contra hasta la fecha».

«Esperamos que el Gobierno español comparta que esas transferencias requieren una atención prioritaria, que han de ser abordadas sin más demora porque no hay obstáculo político ni jurídico que impida, en este momento, que podamos sentarnos en una mesa y empezar a desbrozar las dificultades que pueda entrañar hacer efectiva esta transferencia», ha apuntado.

En este sentido, entiende que «pueda haber alguna reticencia» en lo que se refiere a la transferencia del régimen económico de la Seguridad Social porque puede entrañar más «dificultades técnicas», pero «no en la de prisiones», que está «clara y nítida» en el Estatuto de Gernika, y ya ha sido traspasada a Cataluña. «Por tanto, no hay nada en este momento que pueda dificultar u obstaculizar esa transferencia», ha aseverado.

Josu Erkoreka ha destacado que «la razón política que podía haber justificado alguna resistencia» para materializar el traspaso de esta competencia, que era ETA, «ha desaparecido». «Espero que en esta misma legislatura sea posible esa transferencia porque la sociedad vasca no entendería que no se llevara a cabo estando tan clara en la Constitución y en el Estatuto», ha apuntado, para asegurar que sería «positivo» también para «la normalización de la vida política en Euskadi».

«Si en el tema de las instituciones penitenciarias hay dificultades, serán derivadas de razones de conveniencia política u oportunidad partidista, que yo no puedo concebir como demócrata. No puedo entender que una ley democrática se incumpla por parte del Gobierno central por razones de conveniencia política o de oportunidad», ha añadido. A su juicio, no se puede «subordinar el cumplimiento de la Ley a razones de conveniencia» porque «esto se convertiría en un caos».

El portavoz del Gobierno Vasco ha admitido que, «en el caso de la Seguridad Social hay una dificultad técnica, que no será fácil de solventar en dos semanas, que requerirá un estudio, un contraste de puntos de vista y un compartir planteamientos».

Por esta razón, cree que «es importante crear ya sin más demora un grupo de trabajo» para ir «desbrozando el material» y buscar «aproximación de posiciones, superando dificultades, abriendo vías desde un planteamiento constructivo y desde el máximo compromiso con el cumplimiento del Estatuto de Gernika, en clave generosa con el autogobierno vasco».

Erkoreka ha rechazado que se vaya a romper la caja única de la Seguridad Social porque el Ejecutivo Vasco, del que forman parte los socialistas, «defienden un desarrollo del Estatuto respetuoso con su texto».

«Es lo que, hoy por hoy, podemos exigir jurídicamente. Otra cosa es el planteamiento político que pueda hacerse de cara al futuro, pero, en este momento, lo que se puede reclamar es el cumplimiento de las previsiones del Estatuto», ha insistido.

Por ello, considera que Euskadi debe asumir la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, «sin perjuicio de la unidad del sistema y a través de los convenios correspondientes». «Eso no supone desgajamiento de ningún tipo, se respeta la unidad del sistema, se respeta el principio de unidad de caja, porque la caja, en principio, sería la misma, aunque los cajeros fueran diferentes», ha precisado.

Erkoreka ha explicado que lo que plantea, en este momento, el Ejecutivo central «es, no solo que haya una caja única, sino que el cajero tiene que ser también único». «Y eso es lo que decimos nosotros que no se corresponde para nada con el Estatuto de Gernika», ha afirmado.

Por ello, ha señalado que, o se les dice «claramente que el Estatuto de Gernika es inconstitucional o, si no, hay que dar cumplimiento a sus previsiones». En esta línea, ha llamado a «compatibilizar el principio de unidad de caja con la existencia de múltiples cajeros, uno de los cuales sería el propio y específico de la Comunidad Autónoma Vasca».

«Por tanto, desgajamiento no hay, ruptura no hay, sino cumplimiento de la Ley que lleva ya 40 años incumplida. Ése es un mensaje positivo que podríamos dar a la sociedad vasca en el sentido de que los compromisos se cumplen y las normas se cumplen, y los acuerdos políticos avalados por las instituciones, aprobados en Cortes Generales y refrendados por la ciudadanía, están para ser cumplidos, no para ser incumplidos», ha advertido.

El consejero ha señalado que, en el primer contacto que han tenido con el Gobierno central, en el seno de la comisión técnica de cooperación, el Gobierno Vasco «no ha renunciado «a nada». «En este momento, estamos trabajando ya en el seno de la comisión bilateral en la elaboración del calendario de transferencias y esperamos que sea completo, que incluya las transferencias de prisiones y Seguridad Social», ha dicho.

En su opinión, debe haber «un margen temporal en la legislatura» para abordar «las dificultades jurídicas y derivadas del tiempo» que se produzcan, pero no sean por «voluntad política contraria» al traspaso «o la resistencia caprichosa arbitraria e infundada».