El Gobierno vasco insiste en la ley de víctimas policiales pese a las resoluciones del TC

El Gobierno que preside el lehendakari Iñigo Urkullu ha asegurado hoy que defenderá el «pleno encaje jurídico» de la llamada ley vasca de víctimas policiales, algunos de cuyos artículos han sido suspendidos temporalmente por el Tribunal Constitucional (TC).

El Ejecutivo vasco ha difundido un comunicado tras conocer la admisión a trámite por parte del TC del recurso del Gobierno contra esta normativa aprobada por el Parlamento de Vitoria que se denomina concretamente Ley de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de Derechos Humanos en el contexto de la violencia política en la Comunidad Autónoma Vasca entre 1978 y 1999.

El Constitucional ha dado traslado al Ejecutivo central, así como al Parlamento y al Gobierno Vasco, que dispondrán de 15 días para personarse en el proceso y formular las alegaciones que consideren convenientes.

El Gobierno Vasco bipartito (PNV-PSE) ha aclarado que pese a que el Gobierno recurrió toda la ley, solo solicitó la suspensión de algunos artículos por lo que el resto de la norma «sigue en vigor».

El Ejecutivo autonómico ha insistido en que la suspensión cautelar era un trámite «esperado», pero ha recalcado que tiene «pleno encaje jurídico» y así lo defenderá.

«Mantenemos que el Gobierno español no debiera haber presentado este recurso y lamentamos que lo hiciera y que, además, haya invocado su capacidad automática para decretar la suspensión de varios de sus artículos», ha añadido.

Ha dejado claro que continuará trabajando en el reconocimiento, reparación y la defensa de los derechos de las víctimas afectadas por esta ley recurrida.

La ley se aprobó hace casi un año por el Parlamento autonómico y su objetivo era continuar con el camino emprendido en 2012 por el Gobierno Vasco para atender a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos que no habían sido reconocidas ni reparadas hasta la fecha.

De hecho, en su día, esta ley fue considerada por el lehendakari, Iñigo Urkullu, una «pieza necesaria» para construir la convivencia.

La ley vasca de víctimas policiales fue acordada por el PNV y el PSE el año pasado e incorporó la práctica totalidad de las enmiendas socialistas, la mayoría de ellas tendentes a dotar a la norma de la máxima seguridad jurídica y evitar que el Gobierno central la recurriese por vulnerar la Constitución o infringir competencias exclusivas estatales.

Por ello se eliminaron todas las alusiones a la «represión ilícita» y se excluyeron como víctimas a las personas que fallecieron o resultaron heridas durante la manipulación de armas o explosivos con el fin de desarrollar alguna actividad violenta.