El Gobierno socialseparatista navarro pide apoyo para las víctimas del terrorismo de «extrema derecha»

• Carlos Cuesta @carloscuestaem
• Director adjunto en OKDIARIO.
• • 11/03/2021 06:48
  • Actualizado: 11/03/2021 08:29

Tras la polémica imagen de Pedro Sánchez y su Gobierno celebrando la destrucción de armas de ETA en plena crítica de las asociaciones de víctimas por la propaganda implícita, uno de los gobiernos autonómicos del PSOE en alianza con separatistas -el de Navarra- ha decidido solicitar ayuda para las víctimas del terrorismo de «extrema derecha».

La petición viene avalada por un informe en el que llevaba trabajando este Gobierno desde hacía tiempo: el estudio ‘El Terrorismo desconocido. Atentados terroristas de extrema derecha en Navarra (1975-1985)’. El libro que sirve de justificación para reclamar ayudas para las familias de los fallecidos en los atentados perpetrados por esas bandas terroristas.
La explicación se basa en que entre 1975 y 1985, grupos de extrema derecha cometieron al menos 33 atentados en Navarra o contra población navarra ubicada fuera de esta comunidad. Los atentados terroristas recogidos en ese informe abarcan desde los asesinatos de Montejurra, al de Ángel Gurmindo, o la desaparición del pamplonés José Miguel Etxeberria.
Todo ello figura en el estudio citado ‘El Terrorismo desconocido (…)’,  un trabajo desarrollado por el Departamento de Relaciones Ciudadanas a través de la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos, y que ha contado con el trabajo de cuatro investigadores del Instituto de Derechos Humanos ‘Gregorio Peces-Barba’, de la Universidad Carlos III, de Madrid.

«Amplio movimiento»

El informe justifica su labor destacando que «en los últimos años se ha producido un amplio movimiento en la comunidad internacional de reconocimiento a las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario, así como de sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición».

El informe añade que «en paralelo a esta tendencia, en España se han producido avances en el reconocimiento de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos y sus derechos: especialmente, en relación con la violencia de motivación política. Caben destacar dos ámbitos diferenciados: las víctimas de la represión franquista y las víctimas del terrorismo». Y que «el objetivo del estudio es exponer la satisfacción de los derechos de las víctimas de actos terroristas cometidos por grupos de extrema derecha en Navarra. Conocer si han sido reparadas por las Administraciones Públicas, si los hechos sufridos fueron esclarecidos por investigaciones policiales y judiciales y si han recibido algún tipo de reconocimiento legal».

ETA, GRAPO y FRAP

El informe destaca igualmente que «la actividad terrorista de grupos como ETA, GRAPO, FRAP, ha contado con una atención mayoritaria por parte de investigadores y estudiosos, tanto por el terrible balance de sus acciones como por la extensa duración de su actividad. Por el contrario, las acciones de grupos de extrema derecha —Triple A, Batallón Vasco Español, etc.— han tenido una menor repercusión social. Esos actos fueron expresión significativa del inmovilismo de una parte de la sociedad, alentada por sectores integristas enraizados en la estructura del poder franquista, dispuestos a mantener sus posiciones políticas».

Añade que «para ello, se empleó la violencia y se buscó atemorizar a la inmensa mayoría de la población que se movilizaba por sus derechos, reclamando en las calles, en las instituciones y en los medios de comunicación, la instauración de un sistema democrático pleno».

El estudio subraya que «tras la muerte del dictador Francisco Franco -y amparado en algunos casos por estructuras de aquel régimen en descomposición- el terrorismo de ultra o extrema derecha se concentró en una serie de grupúsculos y acciones de violencia política y terrorismo neofascista, que proliferaron en España entre 1975 y principios de los años 80. Estas bandas, esencialmente dedicadas a la violencia callejera contra personas de ideas contrarias, operaron bajo diversos nombres: Batallón Vasco Español (BVE), Alianza Apostólica Anticomunista o Triple A, Antiterrorismo ETA (ATE), Acción Nacional Española (ANE), Grupos Armados Españoles (GAE) y Guerrilleros de Cristo Rey, y un puñado de siglas que algunos historiadores atribuyen incluso a una sola mente pensante».

Destaca que «personas con responsabilidades públicas en la época han expresado su convencimiento de que el amparo institucional era el principal instigador de estas acciones (Diego Carcedo, 2004). En los primeros momentos de inestabilidad política por la enfermedad y muerte de Franco, la represión de las manifestaciones de reivindicación democrática se organizó desde las instituciones del Estado. Sin embargo, cuando la evolución hacia estructuras democráticas de poder se abrió paso -incluso entre sectores con poder dentro del franquismo-, los sectores más radicales fueron derivando a la formación de grupos, entonces llamados ‘incontrolados’ y bandas de carácter terrorista».