El Gobierno aprueba varias medidas anticorrupción para blanquearse en medio de la ‘trama PSOE’

El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado nuevas medidas para combatir la corrupción en medio de los casos que rodean a su entorno familiar y de partido. Así lo ha comunicado la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes en La Moncloa.

Todo ello en medio de los casos judiciales que rodean al entorno del presidente del Gobierno: su hermano, David Sánchez; su mujer, Begoña Gómez, y las nuevas informaciones que también señalan a Borja Cabezón, uno de los miembros de la Secretaría de Organización del PSOE. Sus dos predecesores están siendo investigados y han pasado por la cárcel tras ser vinculados por la Justicia como cabecillas de una trama de mordidas en la contratación pública.

Estas eran una de las medidas que Sánchez prometió después de que estallara la trama del PSOE que provocó la dimisión de Santos Cerdán, entonces secretario de Organización socialista y uno de los estrechos colaboradores de Sánchez en las primarias que le permitieron recuperar el poder en la secretaría general del partido.

Montero se ha vanagloriado de que el proyecto desarrolla «84 medidas» en diferentes textos legislativos, modifica «18 normas» y «seis Leyes Orgánicas». «Por tanto, una ley muy ambiciosa», se ha jactado la dirigente socialista.

Medidas contra las empresas

La ministra de Hacienda ha puesto el foco en «materia de contratación pública». La vicepresidenta primera del Gobierno asegura que el registro de empresas con prohibición de contratar «va a ser público» y que «las empresas incrementarán la pena máxima de inhabilitación para contratar con la administración de 15 a 20 años sin que puedan recibir subvenciones y beneficios fiscales».

Además, el Gobierno obligará a los partidos a hacer «auditorías  externas e independientes». También se «incrementará el régimen sancionador con una sanción equivalente al doble de la donación no publicada», ha comunicado Montero.

Por último, la titular de Hacienda ha comunicado que se va a reforzar la ley para «poder embargar a tiempo antes de que lo investigados lo puedan ocultar». Se hará a través de la «creación de una nueva figura» que permita vehicular legalmente esta medida.

La agencia que tumbó el Congreso

Este nuevo texto incluirá la creación de una Agencia Independiente de Integridad Pública. Esta institución se intentó crear en otoño del año pasado, pero lo rechazó el Congreso con los votos en contra de PP, Vox y Junts. Ahora, el Gobierno volverá a intentar crear esta institución a través del Consejo de Ministros. El Ejecutivo pretende crear esta institución para prevenir y perseguir los casos de corrupción.

La ministra se ha mostrado optimista sobre la aprobación de este organismo: «La agencia va a contar con los apoyos». «Todo el mundo piensa que necesita un organismo independiente», ha razonado, para apuntar que su importancia es la práctica de «las pruebas antes de que las denuncias lleguen a los juzgados». «Estará antes de que se agote la legislatura», ha sentenciado.

Por otro lado, entre las medidas que implementará el Gobierno estará el endurecimiento de las sanciones contra las empresas envueltas en los casos de corrupción. El objetivo es que las multas sean proporcionales a los ingresos que hubieran conseguido llevarse ilegalmente esas compañías.

Además, pretenden ponérselo más difícil a los partidos políticos para que puedan recibir dinero público para las campañas electorales. Las formaciones tendrán que rendir cuentas con mayor transparencia, según el Ejecutivo. Lo hace después de que la Audiencia Nacional abriera una causa para investigar la financiación del PSOE después de que sus dos últimos secretarios de Organización fueran encarcelados por casos de corrupción.

Montero ha asegurado que se incrementará el «control y transparencia» en la donación a los partidos. Hasta ahora, se debían rendir cuentas desde las donaciones de 25.000 euros, y ahora, a partir de los 2.500 euros. Además, se reduce el tiempo para dar esos datos a la Administración: «El plazo para informar es 1 mes».