El Gobierno recorta a la mitad el presupuesto para que los inmigrantes regresen a sus países de origen

El Gobierno ha recortado a la mitad el presupuesto de subvenciones destinadas al retorno de los inmigrantes a sus países de origen. El Ejecutivo socialista ha lanzado la convocatoria anual de subvenciones destinadas a organizaciones que realicen proyectos que faciliten a las personas nacionales de terceros países en situación de vulnerabilidad social y económica, la posibilidad de retornar voluntariamente desde España a sus países de procedencia para favorecer su reintegración, viable y sostenible. En 2023, la partida destinada para estos programas ascendía a 6,1 millones de euros, cifra que el Gobierno de Pedro Sánchez ha recortado a 3,8 millones en 2024.

Existen dos tipos de proyectos distintos que podrán optar a estas subvenciones y ser cofinanciados por el Fondo de Asilo, Migración e Integración. Por un lado, el proyecto de retorno voluntario asistido y reintegración que tiene como principal objetivo facilitar, a personas nacionales de terceros países en situación de especial vulnerabilidad, la posibilidad de retornar voluntariamente desde España a sus países de procedencia a través de itinerarios individualizados de retorno y reintegración.

Por otro lado, el proyecto de retorno voluntario productivo que tiene como principal objetivo facilitar a personas nacionales de terceros países el retorno voluntario a sus países de procedencia y la reintegración sostenible en estos, a través de itinerarios individualizados de retorno y reintegración que incluyan el apoyo a las habilidades emprendedoras, por medio de actividades de formación en autoempleo y gestión empresarial, así como asistencia técnica y seguimiento de la puesta en marcha de iniciativas empresariales asociadas al retorno, y teniendo en cuenta su vulnerabilidad como criterio prioritario de selección.

Estas subvenciones para el retorno de inmigrantes, que el Gobierno convoca con carácter anual, han registrado importantes variaciones en su presupuesto durante los últimos años. En 2024, el Gobierno ha lanzado esta convocatoria con un presupuesto máximo de 3,8 millones de euros, tal y como se recoge en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Una cifra que supera ligeramente a la de 2022 -cuando dotó esta partida con 2,7 millones- pero muy inferior a la del pasado año: en 2023 el Ejecutivo puso en marcha subvenciones por un máximo de 6,1 millones, casi el doble que en el presente ejercicio.

Este recorte del presupuesto de estas subvenciones por parte del Gobierno reduce las posibilidades de que los inmigrantes que solicitan retornar a sus países de asilo de manera voluntaria puedan hacerlo.

Crisis migratoria

Aunque en público se intente trasladar normalidad a la llegada de inmigrantes, el récord de los últimos meses está llevando al límite los recursos de acogida. Así lo admite el propio Gobierno en una resolución en la que se ordena una «planificación extraordinaria» de los recursos del sistema de acogida gestionados con las ONG, debido a la «situación de presión».

La llegada de inmigrantes ilegales desde el pasado verano ha sido de «récord», palabra utilizada por el propio Ejecutivo. En 2023, Canarias rompió todos los registros de inmigración ilegal llegada a sus costas. El contador se quedó a apenas 90 llegadas de superar la barrera de las 40.000, una cifra nunca antes alcanzada. Pero 2024 amenaza no sólo con superar ese récord, sino con pulverizarlo: con 16.000 llegadas en apenas 4 meses de año, las previsiones del Ministerio del Interior apuntan a que el ejercicio se cerrará con 85.000 entradas de inmigrantes ilegales a las islas del archipiélago canario.

A ello se añade la incesante llegada de refugiados que huyen del conflicto en Ucrania, que no sólo no cesa, sino que se mantendrá en los próximos meses. «El sistema de acogida de protección internacional y temporal está teniendo que hacer frente a dos fenómenos que generan una fuerte presión sobre sus recursos: la prolongación del conflicto bélico en Ucrania y el incremento de llegada de personas migrantes a las costas españolas con intención de solicitar protección internacional», recoge la resolución del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, con fecha del pasado 4 de abril.

Esto, prosigue, «ha provocado la persistencia de un porcentaje de ocupación del sistema extraordinariamente alto, un 99 % en la fase de valoración inicial y derivación y un 99 % en la fase de acogida, que obliga a adoptar las medidas necesarias para garantizar la capacidad para atender tanto las nuevas llegadas, en la fase de valoración inicial y derivación, para evitar cuellos de botella en la entrada, así como en la fase de autonomía, donde se concentra una parte importante de las personas ucranianas dentro del sistema».

El Gobierno admite, asimismo, que el número de solicitudes de protección internacional ascendió el año pasado a más de 163.000, lo que «supone un récord histórico y un incremento del 37 % respecto al ejercicio anterior». «A este hecho se le suma la llegada inusualmente elevada de personas a costas españolas durante 2023, más de 54.000, muchas de las cuales son solicitantes de protección internacional».