El Gobierno protege a su fiscal general: «El novio de Ayuso es un delincuente confeso»

El Gobierno ha salido en defensa del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, tras conocerse su imputación por parte del Tribunal Supremo. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha querido mostrar su «total respaldo a la labor del Fiscal General del Estado» y ha cargado contra Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. «Entre delincuentes confesos y fiscales que dicen la verdad, el Gobierno está del lado de estos últimos», ha sentenciado Bolaños. Por este motivo, el titular de Justicia se ha mostrado convencido de que esta imputación «quedará en nada».

El ministro de Justicia ha señalado que la Comunidad de Madrid mintió al afirmar que la Fiscalía le había ofrecido un pacto y que «además era Hacienda la que le debía dinero», y que, en este contexto, la Fiscalía difundió una nota desmintiendo esta información. «La fiscalía cumplió con su deber de perseguir el delito y proteger la verdad. El delincuente confeso hizo lo contrario, perseguir la verdad y proteger el delito», ha señalado. «¿De verdad puede ser delito en nuestro país contar la verdad, desmentir un bulo propagado por un delincuente confeso, por su pareja y por su entorno político? Lo tenemos claro, entre los delincuentes confesos y los fiscales que dicen la verdad, el Gobierno se queda con los fiscales que dicen la verdad», ha concluido.

No ha sido el único miembro del Ejecutivo de Sánchez que ha sacado la cara por García Ortiz: María Jesús Montero ha defendido que la Fiscalía solamente «se defendió de una mentira» de González Amador. La vicepresidenta primera considera además que aquellos a quienes no les gustan las actuaciones de la Fiscalía están intentando «demonizarlo» e «intentan presentar querellas» contra García Ortiz. «Pero insisto, aquí lo importante es que la Fiscalía se defendió solo y exclusivamente de una mentira de la señora Ayuso», ha señalado. Según Montero, Ayuso mintió al afirmar que la Fiscalía le había ofrecido un pacto y que «además era Hacienda la que le debía dinero», cuando según ha subrayado Alberto González Amador admitió que había cometido «un delito fiscal» y fue su abogado el que solicitó el pacto.

Por el momento, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, descarta dimitir a pesar de haber sido imputado por el Tribunal Supremo en el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso. El líder del Ministerio Público ha difundido un comunicado de cinco puntos en el que convoca una Junta de Fiscales para hacerles partícipes de esta decisión, proporcionar las explicaciones oportunas y escuchar sus opiniones.

Imputación de García Ortiz

El Tribunal Supremo ha decidido abrir una investigación contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras la acusación de revelación de secretos presentada por Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La querella se refiere a la difusión de una nota informativa en la que la Fiscalía de Madrid compartía detalles sobre el intercambio de correos electrónicos entre el abogado de González Amador y el fiscal Julián Salto en relación con una investigación por supuesto fraude fiscal que involucra al demandante. García Ortiz asumió la responsabilidad de la publicación de dicha nota. Se trata de una investigación inédita en la historia, ya que es la primera vez que se imputa al jefe del Ministerio Público.

González Amador y el Colegio de Abogados de Madrid llevaron el caso a los tribunales, argumentando que la divulgación de esos correos violaba la privacidad y que la finalidad de la nota emitida por la Fiscalía iba más allá de desmentir informaciones erróneas en la prensa, revelando datos que no debían ser compartidos con terceros. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) concluyó que la nota informativa no se ajustaba a los propósitos que alegaba el Ministerio Fiscal, pues no sólo contenía información que no había sido divulgada por la prensa previamente, sino que también revelaba detalles confidenciales sobre la investigación.

La Sala de lo Penal también ha acordado investigar a Pilar Rodríguez Fernández, que supuestamente envió a García Ortiz datos para la elaboración de la citada nota. Aunque no tiene la condición de aforada, los magistrados entienden que ambos comportamientos –el del fiscal general y el de ella– guardan una conexión inescindible que impide la incoación de causas separadas.

El Supremo considera que, de la exposición razonada enviada por el TSJM, así como de las querellas y denuncias presentadas, entre otros por González Amador, se desprende la imputación a García Ortiz y a Rodríguez Fernández de un delito de revelación de secretos, como consecuencia de la divulgación de la nota informativa donde se detallaba la cronología de las diligencias de investigación relativas a González Amador.