El Gobierno ocultó a las comunidades que pensaba imponer los 27º y el apagón a tiendas y bares
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Madrid batalla contra el decretazo con una carta a Ribera: «No se nos informó de las medidas»
El Gobierno no informó a las comunidades autónomas de su intención de imponer a comercio y hostelería las medidas de «ahorro energético» que ya estaba aplicando en sus edificios públicos.
El Ejecutivo ha defendido estos días que los gobiernos regionales sí eran conocedores del plan. Pero no se llegó al detalle de las medidas que, finalmente, fueron aprobadas el lunes en el Consejo de Ministros. Algunas han resultado especialmente polémicas, como la limitación del aire acondicionado a los 27 grados y de la calefacción a 19 grados o el apagado de escaparates a partir de las 22 horas.
El 20 de julio, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, envió una carta a los responsables autonómicos del ramo para informarles de la celebración de la Conferencia Sectorial de Energía el 28 de julio. En esa carta-a la que ha tenido acceso OKDIARIO- no se menciona en ningún caso que las medidas -que llevan aparejada una sanción en caso de incumplimiento- se aplicarán a estos establecimientos.
De hecho, en la misiva, Ribera se limita a recordar «las medidas contempladas en el Plan para la Administración General del Estado»-que se implantó en mayo- y que, afirma, «pueden ser una referencia aplicable a la mayoría de edificios e infraestructuras» de las administraciones autonómicas, circunscribiendo así la propuesta de «ahorro» a los edificios públicos.
En ningún caso se menciona que el plan, que en pocos días iba a aprobar el Gobierno, afectaría también, y entre otros, a espacios comerciales y grandes almacenes, hostelería u hoteles, como es el caso. Este paquete de medidas -que ha generado críticas entre comerciantes, empresarios y también por parte de las distintas comunidades autónomas- se mantendrá vigente hasta noviembre de 2023.
«Las Administraciones Públicas tienen la obligación de actuar con ejemplaridad, aplicándose a sí mismas los criterios de responsabilidad que las guían», prosigue la misiva de Ribera a los consejeros. «Las medidas de ahorro y eficiencia energética se traducen en ahorros económicos que permiten liberar presupuesto para destinar a otras políticas públicas», añadía Ribera, invitando a las comunidades a «hacer extensivo al ámbito de la administración autonómica las medidas de ahorro y eficiencia energética y movilidad sostenible».
Unos días después, el 28 de julio, se celebró la Conferencia Sectorial de Energía en la que tampoco hubo mención a las medidas para el comercio o la restauración, según han denunciado desde varios gobiernos autonómicos.
La consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid, Paloma Martín, dirigió este sábado una carta a Ribera en la que se asegura que las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros no fueron consultadas «en ningún momento» con las comunidades autónomas, y que en esa reunión únicamente se informó «fuera del orden del día» sobre el Plan de medidas de ahorro y eficiencia energética de la Administración General del Estado y las entidades del sector público institucional estatal, como se había anunciado en la carta anterior. Pero no «sobre medidas concretas que pudieran afectar directamente a sectores económicos determinados».
Reunión
De hecho, Moncloa tampoco recoge medidas para estos sectores en su resumen informativo sobre la reunión. Según el extracto del Ministerio para la Transición Ecológica, Ribera «instó a las comunidades autónomas a acelerar la ejecución de los programas y actuaciones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), a implantar e impulsar medidas de ahorro y eficiencia energética, y a fomentar rápidamente la instalación de energías renovables».
En este contexto, la ministra insistió «en la necesidad de adoptar medidas de ahorro y eficiencia a todos los niveles» y «recordó su reciente envío de cartas solicitando a todas las administraciones que adopten medidas en la línea de las establecidas en el Plan de Ahorro de la Administración General del Estado, aprobado en mayo» porque «los responsables públicos debemos estar al frente y ser los primeros en implantar unas medidas que pueden exigir un esfuerzo, pero no un sacrificio, y trasladarlo a los ciudadanos», según se recoge en el documento consultado por este periódico.
Tras las críticas, el Gobierno ha convocado para este lunes una nueva reunión de la Conferencia Sectorial de Energía aunque afirman que no se harán cambios en el polémico decreto. La ministra ya se vio obligada a matizar estos días que algunos negocios, como tiendas o restaurantes, podrán tener el aire acondicionado a 25 grados, para cumplir así con la legislación laboral.
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