El Gobierno quiere usar el 155 para ofrecer el español en las matrículas de los alumnos catalanes

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha confirmado este jueves que el Ejecutivo va a aprobar nuevas medidas sobre educación y función pública en Cataluña al amparo del artículo 155 de la Constitución, y estudia si puede introducir el idioma español en las matrículas de los alumnos catalanes como lengua vehicular.

La vicepresidenta no ha concretado si éstas verán la luz en el Consejo de Ministros de este viernes o en las próximas semanas.

En declaraciones en el Congreso, la también ministra para las Administraciones Territoriales ha explicado que en las comunidades autónomas en los meses de febrero y marzo se tienen que adoptar «un conjunto de decisiones importantes» en ámbitos como la enseñanza o la función pública, que están «muy marcados por el calendario».

«El Gobierno, con el 155, va a cumplir con su obligación de servir a los catalanes», ha asegurado Santamaría, quien ha rehusado especificar qué tiene en mente el Gobierno y no ha querido detallar si alguna de estas medidas va a afectar a la enseñanza en catalán.

Sin embargo, las declaraciones de Sáenz de Santamaría coinciden con el anuncio que ha hecho el secretario de Estado de Educación, Marcial Martín, quien este jueves ha anunciado que su departamento está estudiando si al amparo del 155 puede intervenir en los impresos de matriculación, después de saber que el sindicato de profesores AMES (Acción para la mejora de la enseñanza Secundaria) haya lanzado en change.org una recogida de firmas para que «el castellano también se pueda elegir como lengua vehicular en la enseñanza» en Cataluña.

De hecho, Martín ha decidido ampliar la investigación sobre el posible adoctrinamiento en los libros de texto de Cataluña y ha pedido ayuda para ello a la Real Academia de Historia.

A partir de ahora, no solo está examinando los textos de Secundaria sino que también lo hará con los de Primaria, motivo por el cual se está retrasando la publicación del informe urgente anunciado ya hace nueve meses.

Así, el Ministerio de Educación está comprobando si en aplicación del artículo 155, por el que asume la Consejería de Educación de Cataluña, le corresponde publicar la resolución con las normas para la matriculación de los alumnos catalanes el próximo curso.

«Estamos en ello, va a estar dentro de unas semanas» pero «también tenemos que saber si esto es materia que nos corresponda en aplicación del 155», ha destacado Marín.

«En cualquier caso somos sensibles con el problema y pronto anunciaremos alguna decisión», ha asegurado Marín, que ha añadido que «aun quedan semanas para decidir al respecto».

AMES ha enviado la siguiente petición al ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, y a la Consejería de Educación catalana: «pedimos que en el modelo de preinscripción se introduzca una casilla de opción lingüística, para que los padres, madres o tutores legales puedan indicar si quieren que su hijo o hija curse sus estudios utilizando también el castellano como lengua vehicular».

Ningún catalán perjudicado

La vicepresidenta ha hecho hincapié en que «Cataluña no se puede paralizar» porque sus dirigentes «no sean capaces de nombrar un presidente que pueda cumplir con la ley». «Los ciudadanos merecen que se sigan gestionando los servicios públicos y nosotros vamos a cumplir con nuestra obligación de que esa administración funcione», ha incidido, antes de subrayar que Cataluña ha venido «funcionando muy bien» porque «los funcionarios catalanes son unos profesionales de primer nivel».

«Ahora, por calendario hay que tomar decisiones para que ningún catalán se vea perjudicado sencillamente porque ese Parlamento parece que está cerrado por vacaciones y nadie hace nada», ha concluido.