La Fundación Franco alega que no se puede exhumar al dictador con una «ley de caso único»

La Fundación Francisco Franco presenta su escrito de alegaciones finales contra la exhumación del dictador del Valle de los Caídos alegando que el Gobierno articula la misma en base a una ley de caso único «manifiestamente inconstitucional».

Asegura que el Real Decreto-ley 10/2018 aprobado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez «es una disposición de carácter singular o de caso único», que tiene por finalidad «exclusiva y excluyente» la exhumación de Franco por lo que está afectada «de un vicio de inconstitucionalidad, al infringir el principio de igualdad ante la ley reconocido en el artículo 14 de la vigente Constitución y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional dictada al efecto».

Para ello, cita la jurisprudencia del propio tribunal donde se describen los casos de «leyes singulares» y se sienta doctrina sistematizada, en múltiples sentencias, sobre la imposibilidad de dar cobertura constitucional a todas aquellas normas que carezcan del triple canon de «razonabilidad, proporcionalidad y adecuación» requerido para las mismas (STC 129/2013, de 4 de junio).

Las leyes de «caso único» infringen el derecho europeo comunitario por «grave afectación de los Derechos Humanos»

La entidad insiste en que el Gobierno socialista ha cometido reiteradas irregularidades en todo el proceso y que sus derechos como parte personada en el expediente se han visto «limitado injustificadamente» por las «trabas» impuestas «por parte de la instructora» designada por el Ministerio de Justicia, y subordinada de la ministra Dolores Delgado, la subsecretaria Cristina Latorre.

Agotando el plazo legalmente previsto, para el ejercicio de su derecho como interesada en el procedimiento administrativo vigente, la entidad presidida por el general Juan Chicharro, se opone en un escrito de 47 páginas a la posibilidad de retirar los restos de Franco de la Basílica de Cuelgamuros.

Y denuncia que se ha tratado de «blanquear un expediente » para dotar de «aparente formalidad a una decisión ya tomada con anterioridad por el actual Gobierno de España» y «vestir la muñeca que ya estaba comprada», añade.

Lo que pone de manifiesto «la gran carga -y única razón- ideológica de todos los acontecimientos normativos y administrativos que de manera continua han tenido lugar desde entonces» continúa el documento.

«Ha sido penoso cómo se ha transgredido y modificado el procedimiento, cómo se han ocultado trámites, diligencias e informes de máxima relevancia y cómo se ha actuado en sintonía con Patrimonio Nacional» en referencia al nombramiento ad hoc del funcionario del Museo del Prado que redactó y firmó – «como titular de la Dirección de Inmuebles sin serlo»- «en apenas 24 horas» una memoria favorable al proyecto de exhumación.

Solicitan, además, que se tome declaración, en su calidad de testigos y peritos en el procedimiento de exhumación: al subsecretario del Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Antonio Hidalgo López; el presidente del consejo de Administración de Patrimonio Nacional, Alfredo Pérez de Armiñán; el funcionario del Museo del Prado, Víctor Cageao Santacruz; el jefe de Arquitectura y Jardines de Partimonio Nacional, Luis Pérez de Prada; la subdirectora general de Recursos Humanos e Inspección de los servicios de la Subsecretaría del Ministerio de Cultura y Deporte, María Antonia González Cano; y, los arquitectos superiores autores del «Informe Técnico sobre la idoneidad o no de la documentación presentada por Patrimonio Nacional al Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial», José Miguel de la Barba y Enrique Porte Rey.